El presidente Enrique Peña
Nieto inició su mandato hace ya casi un año con la firma de un pacto por México
en donde involucró a los principales líderes políticos del país y
particularmente de los partidos políticos, miembros del congreso de la Unión y
gobernadores del país con el fin de impulsar una serie de reformas que pretenden—según
el discurso—transformar a México en los ámbitos educativo, de
telecomunicaciones, hacendario, financiero, de transparencia, la político-electoral y la
energética.
Sorprendió la vitalidad con
lo que el nuevo gobierno inició sus trabajos, pero al paso de los días, semanas
y meses, las expectativas fueron bajando de tono y se iniciaron una serie de
confrontaciones entre los firmantes del pacto por México por cuestiones de
inequidad electoral—caso del PRI denunciado por el PAN en Veracruz-y las movilizaciones
en contra de la reforma educativa, la cual al final fue aprobada en lo general
pero con la salvedad de que su aplicación en los hechos será difícil de lograr
ante la oposición determinante de los maestros integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que todavía está
rechazándola.
Sobre la reforma en
telecomunicaciones, los enterados han externado su inconformidad porque esta
está aprobada a medias y no es posible aplicarla. No se diga la ola de confrontaciones
que produjo la reforma hacendaria no solo entre los partidos políticos sino
entre comunidades enteradas que fueron afectadas con nuevos impuestos o alzas
en los mismos como fue el caso específico de las territorios fronterizos.
Hace unos días los
legisladores federales aprobaron casi por unanimidad la reforma al Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI) la cual abre las posibilidades a que
la ciudadanía solicite a cualquier sujeto que reciba dinero del erario público
(gobiernos) información al respecto a fin de transparentar el uso y destino de
los recursos públicos del Estado mexicano. Esta ha sido, como lo han comentado,
una de las reformas de mayor calado que han aprobado los legisladores, con el
único error de que entre los sujetos obligados a la rendición de cuentas no se
encuentren los grupos parlamentarios, lo cual ha provocado una srie de
cuestionamientos a los nada calificados diputados y senadores del Congreso de
la Unión.
Ahora en estos días se ha
iniciado ya un serio debate sobre la reforma político-electoral, la cual tiene
como fin el sancionar el abuso en el uso de dinero en las elecciones lo cual
daría como causal de nulidad de los comicios. Asimismo se pretende la creación
del Instituto Nacional de Elecciones, con facultades novedosas como el de
elegir a los consejeros estatales electorales a fin de evitar la contaminación
e intromisión de los gobernadores quienes se han apoderado actualmente de estos institutos.
También se discute la
permanencia o no de los tribunales electorales para ser asumidos por el
tribunal electoral de poder judicial de la federación.
La reelección de diputados,
senadores, alcaldes es otro de los debates que se están dondo hoy dia en el
congreso de la Unión sin que se haya llegado a ninguna conclusión. Son entre
otros los asuntos que se tienen en la agenda legislativa y que deberán de
aprobarse antes para pasar a debatir la reforma energética, por lo cual el PAN
ha elevado su costo frente al gobierno como es el caso de la reelección
inmediata de los diputados y senadores, lo cual han rechazado ya los
parlamentarios del PRI y el PRD pues consideran una indecencia del panismo al
proponer tal reforma.
Pero si bien es cierto que
los asuntos del pacto por México se centraron por meses en el Congreso de la
Unión, el gobierno de la República tenía que enfrentar la otra realidad que es
la social, la de justicia, seguridad pública y lo financiero y económico, donde
las cuentas le han salido hasta el momento muy mal y esto se ha reflejado en el
porcentaje de aceptación o aprobación ciudadana al primer año de gestión del
presidente Peña Nieto.
La mala evaluación al primer
año del presidente de la República tiene que ver con el incumplimiento a las
promesas de campaña en los temas de bajar índices de violaciones a los derechos
humanos por parte de elementos del estado mexicano, la falta de resultados en
las investigaciones a los miles de desaparecidos durante el pasado sexenio, así
como la aplicación de la tortura como forma de investigación, el alza histórica
en el número de secuestros en el año 2013—que supera los 2 mil 400—cuando la
cifra récord había sido de poco mas de 1900.
Tanto la organización
internacional Human Right Watch (HRW) como el Observatorio Nacional Ciudadano,
han denunciado la falta de voluntad política del gobierno federal para
enfrentar la criminalidad y la inseguridad pública en el país, la cual sigue
siendo todo un lastre para el Estado mexicano.
Como si fuera poco los
señalamientos de estas dos organizaciones no gubernamentales sobre el estado
que guarda el país en cuestiones de seguridad pública y combate a la
criminalidad, el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray declaró apenas
este miércoles en el estado de Michoacán que lo que sucede en esta entidad es
una clara amenaza al Estado nacional y al propio estado de derecho.
El discurso presidencial por
un lado y el discurso de sus colaboradores por otro, son diametralmente
opuestos en la lógica de la comunicación gubernamental, pues los mensajes son
encontrados y lo que se provoca es solo más confusión e incertidumbre entre la
ciudadanía que ha esperado casi ya un año para ver si se puede vislumbrar una
luz al final del túnel, lo cual al parecer todavía permanece en plena
oscuridad.
El año de Peña Nieto no
agrada a la gente. Lo ha evaluado mal y casi lo reprueba. Solo algunas
instituciones internacionales le han dado el espaldarazo, aún y cuando en el
ámbito económico México está muy mal, pues el Producto Interno Bruto que se
había anunciado a principio de año que era del 3.4 por ciento ha bajado a menos
uno, lo cual habla de la errónea política económica que se ha diseñado desde la
Secretaría de Hacienda.
Por lo tanto, en pocas
palabras, si bien es cierto que las reformas anunciadas por el presidente Peña
en diciembre del 2012 le dieron un impulso a su popularidad, el desempeño del
gobierno en asuntos domésticos ha sido fatal y esto se ha corroborado en las
encuestas de opinión o entre politólogos, economistas y organizaciones no
gubernamentales, quienes han dado a conocer sus evaluaciones que han sido de
alguna forma coincidentes.
Dice el presidente Peña
Nieto que sus esperanzas de darle vuelta a la situación que priva en el país
será el resultado de las reformas propuestas al congreso de la Unión, ya que
ahí está sustentado y proyecto sexenal.
Lo cierto es que ha pasado
ya un año y solo le quedarán cinco para atender la demanda social y hacer de
México, como lo dijo en su discurso de toma de posesión, un país mas
democrático y en pleno desarrollo.
Periodista/Analista Político*
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