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| CARLOS REYES ROMERO |
“Nuestros sueños no
caben en sus urnas”
Del movimiento por los
43 de Iguala
Los males que pretendía
evitar el financiamiento público a los partidos políticos, regresan agrandados
por las nefastas y corruptas prácticas de estas formaciones políticas que no
han sabido corresponder a la confianza que la sociedad mexicana depositó en
ellas.
El principal de estos
males, el negativo impacto del poder del dinero en la vida política de México,
renace una y otra vez, como Medusa de mil cabezas, a pesar de las múltiples reformas
electorales, siempre inacabadas por incumplidas, que le ponen candados y más
candados.
Pese a todo, el dinero
de los muy ricos y del crimen organizado, el dinero del poder, sigue mandando.
A ciencia y paciencia
de los poderes públicos y ante la incapacidad, en términos y tiempos reales,
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales de los estados
para controlar el gasto de los partidos políticos en las campañas electorales y
de transparentar las aportaciones privadas que reciben ni el origen de las
mismas, el dinero sucio corre a raudales en los procesos electorales.
De esto se acusan
mutuamente los principales partidos nacionales: el PRI, el PAN y el PRD y sus
aliados: El PVEM, el PANAL y el PT, al cual ahora le toca desaparecer por
haberse plegado a los designios de su aliado el PRD, de aceptar el incremento
del 2% al 3% en el “umbral de registro”, así le llamaron al requisito para
obtener y mantener el registro de partidos políticos.
También se acusan,
aunque con más mesura y a la calladita, de recibir recursos ocultos del crimen
organizado, otro de los males que se pretendía evitar.
Todos lo niegan, pero
para el gran público eso es una realidad incontrovertible.
La lógica popular es
muy sencilla: si el crimen organizado ha penetrado y casi capturado y sometido
al gobierno, las policías, a los jueces y ministerios públicos, ¿por qué no
habría de hacer lo mismo con los partidos políticos y sus candidatos? No tienen
madera de ángeles y el dinero los subyuga y pervierte.
Los propios promotores
del actual modelo de financiamiento público a los partidos políticos, los
“Mapaches” –así se reconoce en la jerga política a los fundadores del
Movimiento de Acción Popular (MAP)− grupo al que se asocia a José Woldenberg,
Rolando Cordera, Héctor Aguilar Camín y una pléyade de intelectuales orgánicos,
están preocupados por el mal uso que han hecho los partidos políticos de los
recursos públicos que se les han otorgado durante los últimos 18 años
(1997-2015).
Así Héctor Aguilar
Camín en sus artículos “Aquellos Tiempos I y II”, publicados en Milenio, los
días 23 y el 25 de junio, recuerda el escándalo que armaron el PAN y el PRD por
las estratosféricas cantidades que les dio el IFE en 1997.
Recuerda Aguilar Camín
que el PRD que en 1996 había gastado 9 millones 215 pesos, iba a recibir más de
$194 millones de pesos para 1997; mientras que el PAN que en 1996 había gastado
$24 millones 576 mil pesos, iba a recibir más de 259 millones de pesos al año siguiente.
Y agrega: “Las cifras
escandalizaron al PAN al punto de que devolvió el primer cheque de sus nuevas
prerrogativas. El PRD dijo que utilizaría ese dinero en comprar libros y
repartirlos entre la población.”
En realidad, Héctor
Aguilar Camín se quedó corto. Lo que realmente recibieron en 1997 el PAN y el
PRD como prerrogativas ascendió a $527 millones 248 mil 111 pesos para el PAN
como partido nacional y $82 millones 388 mil 479 pesos como partido local en el
DF; mientras que el PRD recibió $391 millones 336 mil 040 pesos como partido
nacional y $68 millones 717 mil 472 pesos como partido local en el DF. Tal como
lo informa el INE en la sección financiamiento de los partidos políticos de su
portal Web.
Con estos “cañonazos”
tanto el PAN como el PRD rápidamente se avinieron a su nueva situación y
disfrutaron su condición de “nuevos ricos electorales”.
Lo malo es que el
modelito que se inventaron los Mapaches le está costando millonadas al país y
no parece tener fondo.
De acuerdo con los
propios datos del INE de 1997 a 2015, se les ha pagado a los partidos políticos
nacionales la cantidad de $58, 603 millones 272 mil 721 pesos; ni más ni menos.
Pero como también se
les paga como partidos estatales, locales, pues por ahí les entra una feria
más, a la que tampoco le hacen el feo.
Al respecto Juan Carlos
Mondragón Quintana, exdirigente del PAN en Puebla, opositor a Moreno Valle y
columnista del diario digital “La Silla Rota” escribió un interesante e
ilustrativo artículo denominado “El (verdadero) financiamiento público de los
partidos en México”, donde muestra con datos del año 2012 el impacto porcentual
que tiene el financiamiento estatal, local, sobre los ingresos de los partidos
políticos.
Así, si por concepto de
prerrogativas los partidos políticos nacionales recibieron en 2012 del entonces
IFE, la cantidad de $3, 119 millones 352 mil 241 pesos; en las entidades
federativas se les otorgaron además $1, 798 millones 326 mil 093 pesos por los
órganos electorales locales, lo que en conjunto suma la cantidad de $4, 917
millones 678 mil 334pesos; es decir, que recibieron vía el financiamiento
estatal poco más del 57% adicional en sus prerrogativas.
Somos el único país en
el mundo donde a los partidos políticos se les paga su gasto de operación, sus
gastos de campaña y sus actividades específicas, es decir les pagamos por
partida triple. En la mayoría de los países se les apoya con fondos públicos
solamente para el gasto de campañas.
Pero además les pagamos
nacional y estatalmente los mismos tres conceptos, es decir les pagamos de
manera séxtuple… nada más por existir.
Por eso no quieren
soltar el hueso. Por eso han corrompido el sistema electoral mexicano. Por eso
para los principales partidos políticos y sus aliados la compra y coacción del
voto es una inversión, que les reditúa mayores prebendas por cada voto que
logren incrementar a su porcentaje de votación.
La muestra más palpable
de lo anterior es el caso del Partido Verde, que desafió a todo el sistema
político y electoral mexicano pasándose por debajo del arco del triunfo las
multas que le impusieron. Sus resultados electorales confirman con creces que
la artimaña les rindió frutos y que su fuerza electoral creció sensiblemente… y
sus cargos públicos también.
Este modelito de
financiamiento público a los partidos políticos nació en México, cuando en
Italia por primera vez, mediante referéndum, la ciudadanía decidía por
aplastante mayoría retirarle el financiamiento público a los partidos.
Ya estaban hasta la
madre de lo mismo que nosotros padecemos ahora.
En Italia, igual que en
México los dueños del dinero y los capos de la delincuencia organizada, las
mafias pues, le inyectaban subrepticia y abiertamente dinero sucio a los
partidos y a los candidatos, mientras éstos se regodean en la corrupción, el
despilfarro y la impunidad.
Ahora, los italianos
han pasado a un sistema de financiamiento social donde las empresas y los
ciudadanos pueden hacer aportaciones a los partidos políticos y a los
candidatos, deduciéndolas de impuestos.
Eso es lo que hay que
hacer en México.
Con este tipo de
financiamiento se puede sufragar el gasto ordinario de los partidos por un lado
y por el otro las campañas electorales tanto de los candidatos de partido como
de los independientes y los de usos y costumbres, con reglas equitativas para
todos.
También habría que
considerar la reducción del tamaño del INE, de los órganos electorales locales,
de los tribunales electorales y los sueldos de sus funcionarios.
Los mexicanos no
tenemos por qué sostener tan pesada partidocracia,
El que quiera dedicarse
a la política que tenga sus propias fuentes de ingresos.
La política es para
servir, no para servirse. Ya es tiempo de que los mexicanos nos pongamos las
pilas y hagamos los cambios democráticos que urgen en el país.
Está ampliamente
demostrado que el actual sistema de partidos solo genera corrupción, impunidad,
venalidad y colusión con el crimen organizado y que crea más conflictos
electorales de los que resuelve. Urge cambiarlo.
