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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
Hablar de Apango es hablar
de su exquisito mezcal y de su gente trabajadora, pero también es hablar de
corrupción y de la pobreza que prevalece no solamente ahí, sino en todo el
municipio de Mártir de Cuilapan, en donde la mayoría de sus alcaldes han sido
evidenciados por arañar el presupuesto destinado para obra pública, salud,
desarrollo social y seguridad pública.
Los que llegan a despachar
en la Alcaldía entran pobres y salen como grandes terratenientes, con casas en
Chilpancingo, camionetas del año, constructoras y ganado. Mientras que los
habitantes (en su mayoría de origen indígena), siguen en la pobreza y en el abandono.
La Auditoría General del
Estado (AGE) y la extinta Contraloría General del Estado (hoy denominada
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental) saben de la grave
corrupción que han cometido los alcaldes de ese municipio enclavado en la región
centro de la entidad, pero por una extraña razón no han procedido en contra de
los involucrados.
El
Congreso local, ni se diga. Tampoco ha actuado en consecuencia. Las
complicidades políticas, la causa.
Mártir de Cuilapan ha sido
gobernado por tres partidos políticos en toda su historia: PRI, PRD y
Movimiento Ciudadano (MC). Gobernantes van, gobernantes vienen, y el municipio
sigue en la miseria. Los servicios públicos son deficientes. Y no vayamos tan
lejos. La mal llamada Cruzada Nacional contra el Hambre fue inaugurada en
Apango por el presidente Enrique Peña Nieto, pero solamente ha servido para matar el hambre a la familia y
colaboradores de la alcaldesa Felícitas
Muñiz Gómez, quien es militante de MC y gobierna por segunda ocasión a su
municipio.
Felícitas
Muñiz salió peor que sus antecesores.
Ha sido hábil y la suerte
le ha favorecido, ya que tiene un buen
padrino que le ha ayudado para que la solicitud de revocación de mandato y
una exhaustiva auditoría a las finanzas que ha manejado no prosperen en el
Congreso local y la AGE, respectivamente.
Su
padrino es el ex alcalde de Acapulco y actual dirigente de MC en la entidad,
Luis Walton Aburto, quien en el trienio 2009-2012 le encubrió también todas sus
irregularidades.
Walton tiene como su
principal peón en el Congreso local a Ricardo
Mejía Berdeja, quien cobra como coordinador parlamentario de MC, y a Mario Ramos del Carmen, secretario de
Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado. Éste último
fue coordinador parlamentario de MC en la LX Legislatura y ex dirigente estatal
del partido del águila naranja.
Se
entiende que apoyen a su compañera de partido, pero solamente están provocando
que las cosas se polaricen más en Apango, en donde un centenar de ciudadanos,
dos regidores y el síndico procurador tienen tomado el Palacio Municipal y han exigido revocarle el cargo a la
alcaldesa Felícitas Muñiz por cometer actos de corrupción, nepotismo e intento
de homicidio.
Lamentable también que el
auditor Alfonso Damián Peralta se preste en solapar las corruptelas de la
alcaldesa, a pesar de que el 16 de octubre de 2015 reconoció en entrevista al
periódico Pueblo que Felícitas Muñiz
“tiene un proceso administrativo para que solvente recursos que tiene
pendientes desde la administración que presidió del 2009 al 2012, o bien para
que los resarza”.
Y no son pocos los
recursos que no solventó la edilesa en su primera gestión. Son 22 millones de
pesos que ejerció en diversas obras sociales, nada más.
Por cierto, el imberbe
titular de la AGE es hermano de Esthela
Damián Peralta, dirigente de MC en la Ciudad de Mexico y ex presidenta de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la
Cámara de Diputados, y sobrino de Pioquinto
Damián Huato, dirigente municipal de MC en Chilpancingo y ex candidato en
2015 a la presidencia municipal por dicho instituto político.
¿Será
que los familiares del auditor influyen sobre él para que Felícitas Muñiz no
sea tocada ni con el pétalo de una auditoría?
Lo que sea, pero en Apango es necesario que las
autoridades estatales y federales pongan mayor atención antes de que se dé un derramamiento
de sangre. Lo digo porque en los últimos días se han suscitado hechos
violentos. En San Juan Chamula, Chiapas, inició una jornada de protestas
similar, y al último las consecuencias fueron fatales, el presidente municipal
fue asesinado afuera del Palacio Municipal.
Y
al Congreso local no le queda de otra: juicio político para revocarle el
mandato a Felícitas Muñiz o seguirle dando impunidad para que atesore más
presupuesto.
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