El proceso postelectoral camina en dos vías. No hay más. Una de ellas atada al maniqueísmo de buenos y malos, corruptos y honestos, demócratas y antidemócratas que promueve Andrés Manuel López Obrador en la estridencia que le es propia.
La otra vía, como se observa para la salud del país, es la de quienes se han disciplinado al orden legal, es decir, al dictamen de consejeros y magistrados electorales, y se aprestan a asumir sus cargos en el Congreso de la Unión; incluso gobernadores, alcaldes, regidores y diputados locales que fueron elegidos en la jornada del pasado 1 de julio.
Hubo quienes, como en el caso de jefes delegacionales en Benito Juárez y Cuajimalpa, en la capital del país, o legisladores federales, ganaron cerradamente pero rendirán protesta sin mayores problemas. ¿Fraude? ¿Rebasaron topes de campaña los candidatos? Debiera estar complicada su asunción, de ajustarse a la acusación de López Obrador y sus operadores que demandan anular la elección presidencial porque hay elementos de inequidad y dispendio y compra del sufragio.
Estridente, Andrés Manuel tiene esa característica y la hace valer y se promueve en la dicotomía como adalid de la democracia y verdugo de los corruptos.
Sin embargo, y a contracorriente de aquellos que simpatizan con esa praxis lopezobradorista, es evidente que el tabasqueño no tiene posibilidad alguna de obtener un fallo favorable en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y lo sabe, atisba un revés como en 2006. Por ello no extraña que se asuma dueño de un poder supraconstitucional, cuando en el Zócalo de la ciudad de México, en la clausura de eso que llamó “Expo Fraude”, advirtió a los magistrados electorales que “lo piensen bien” antes de convalidar la elección presidencial, es decir, el triunfo de Enrique Peña Nieto, porque “no vamos a aceptar ninguna argucia legaloide que permita que se viole la Constitución”.
¡Ajá! ¿Y cómo procederá si, como se prevé, los magistrados declaran a Peña Nieto Presidente electo? ¿Plantones, marchas? ¿Volverá a declararse “presidente” legítimo? Bueno, bueno, Andrés Manuel seguirá en la misma frecuencia, decía, de la estridencia y el maniqueísmo. Allá él y sus simpatizantes y operadores que transitan rumbo a la reedición en 2018.
El contrapeso de esa estridencia se encuentra en la postura de senadores y diputados federales electos que el 29 de este mes rendirán protesta al cargo, ante la mesa de decanos, pero desde ya adelantan trabajos, compromisos que van más allá de ese diferendo partidista de campaña.
Por ejemplo, senadores y diputados electos del PRD se han metido de lleno a la tarea que les espera en los próximos seis años a unos y tres años a otros. En ese ánimo perfilan la elaboración de iniciativas, conforme se plantea en su agenda parlamentaria. En ese escenario de trabajo, como muestra de alejamiento de la estridencia postelectoral, está el senador electo por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya.
En la agenda parlamentaria perredista hay varios ejes, uno de ellos es el 4, concerniente al ataque a la estructura de protección política y financiera, que sustenta el lavado de dinero. Robles Montoya plantea combatir efectivamente a la delincuencia organizada y, para el efecto, considera que “la ley debe instrumentar una política de Estado integral que combata a las bandas delincuenciales de alto impacto, así como políticas diferenciadas regionalmente, para abatir los delitos del fuero común que laceran la raíz de la vida comunitaria".
En esta propuesta que habrá de convertirse en una iniciativa de ley impulsada por la bancada perredista en el Senado, Robles Montoya puntualiza el imperativo de respetar a la dignidad humana y la seguridad individual; es la contraparte al esquema de seguridad centrado en las actividades civiles que realizan las instituciones militarizadas que suelen soslayar ese derecho de todo ciudadano.
En consecuencia, conforme con el planteamiento que impulsa el senador electo por Oaxaca, “es necesario delimitar en la ley la diferencia entre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública y las actividades que cada institución debe realizar.
"Debemos asegurar un Estado de Derecho basado en el goce y ejercicio de libertades y derechos, de prevención social del delito, y de asegurar que todas las personas pueden decidir en función del incremento de sus capacidades, mejores condiciones de vida".
Esto es un botón de muestra de cómo, en este escenario postelectoral, quienes abanderados por la izquierda y la alianza del Movimiento Progresista ganaron, así haya sido cerradamente en los comicios del pasado 1 de julio, le han apostado al trabajo legislativo y deciden abandonar la reeditada aventura de Andrés Manuel.
Porque, es evidente que diputados y senadores integrantes de la LXII Legislatura Federal han decidido –en la paráfrasis de alto contenido intelectual del prócer tabasqueño--mandar al diablo a la estridencia postelectoral y a su protagonista. Digo.
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