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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Desde 1997, cuando la oposición PVEM, PAN, PRD y PT le dio
golpe legislativo a Arturo Núñez Jiménez, entonces presidente de la Gran
Comisión de la Cámara de Diputados, con la desaparición de éste órgano camaral,
las negociaciones del paquete económico caminaron a trompicones de desencuentros
y descalificaciones.
Quince años después, la abrupta ruta para aprobar Ingresos y
Egresos de la Federación se desliza en la tersura de los acuerdos, los
consensos que, sin duda, derivan del Pacto por México, aunque pareciera más un
asunto de rubor y pena ajena de senadores y diputados cuyos bonos están
sobremanera desprestigiados.
Vaya contrastes. Tensas y severas fueron las discusiones de
la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de
la Federación de 2002, por ejemplo, al grado de que entonces Beatriz Elena
Paredes Rangel inventó aquello del “reloj legislativo” que permitió violentar
la ley y llevar la discusión y aprobación del gasto público hasta el amanecer
del 1 de enero de ese año.
La pérdida del control camaral, por el entonces diputado
federal priista Arturo Núñez Jiménez, hoy gobernador electo de Tabasco y que a
toda costa pretende borrar las huellas de su pasado en el PRI, y luego la
debacle política que le implicó perder la Presidencia de la República, fue para
el Revolucionario Institucional un sendero cuesta arriba en el que sus
gobernadores no abonaban en la negociación de los recursos federales; faltos de
línea y conducción, simplemente jalaban agua para su molino.
Hoy, con tiempos acotados por la propia Constitución que
determina la entrega del paquete económico con fecha ponderada en el 15 de
diciembre y la aprobación de éste a más tardar el día último del año, por
tratarse del primero de la gestión presidencial en turno, contrasta la
disposición de los legisladores federales en la tarea de negociar, consensuar y
aterrizar ingresos y egresos.
Quiérase que no, hay palabra empeñada de todos los colores y
siglas, y se orienta en el basamento del Pacto por México, en el imperativo de
garantizar que los recursos públicos tengan un buen destino y un mejor uso. Las
reformas que van aparejadas de primera instancia, lo mismo en rendición de
cuentas que en educación y en el ámbito laboral, auguran otros tiempos, en los
que la corrupción y la impunidad sean combatidas severa y ejemplarmente.
Porque eso es lo que esperan los mexicanos hartos de
impunidades, vicios burocráticos, corruptelas en el ejercicio del gasto
público. Sí, pero los nuevos funcionarios públicos no se gasten el tiempo en ese
espejo retrovisor que es el cobro de facturas. Que se aplique la ley y punto.
¿Qué se ganan con hablar mal de sus antecesores? Si algo estuvo mal, que lo
denuncien. Lo otro sería complicidad y demagogia.
Porque, mire usted, si algo requiere el país, es armonía y
que los disensos se conduzcan por las vías del diálogo. En las bancadas del PRD
en el Congreso de la Unión existen divergencias que, pese a todo, no impactan a
las negociaciones respecto de reformas y del gasto público. Las tribus
lopezobradoristas andan mermadas y no tardan en irse a Morena.
Lo del PAN es otro asunto. Ahí, las diferencias se orientan
a la diáspora albiazul, consecuencia de la pésima articulación del liderazgo de
Gustavo Enrique Madero. Por ello, para qué se gastan el tiempo los nuevos
funcionarios en hablar mal de sus antecesores. Ahí está la ley contra los
ladrones de cuello blanco que han apostado a la impunidad. Digo.
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