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| Carlos Reyes Romero |
Tiene toda la
razón la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa-Montaña
de Guerrero (CRAC), al oponerse al proyecto de decreto que promueve el gobierno
de Ángel Aguirre para supuestamente regular a la Policía Comunitaria, pero cuya
verdadera pretensión es cercenarle derechos y destruir a este sistema de
justicia, reeducación y reinserción social que tan buenos resultados ha dado en
la erradicación de la delincuencia.
Varias son las
razones que asisten a la CRAC. Veamos:
La Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de la Costa-Montaña de Guerrero (CRAC) y la Policía Comunitaria
que forma parte de la misma, están legal, legítima y plenamente reconocidas y sustentadas
en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; de manera específica en
los artículos 37, 38 y 39 de la misma, en los cuales el Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de
justicia indígena de la Costa-Montaña y a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar, respetando
la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad
pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por ésta.
Esos mismos artículos confirman
el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de
seguridad pública auxiliar de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias y ordena que los órganos del poder público y los particulares
respeten sus actuaciones como actos de autoridad.
Asimismo, se establece que la
CRAC y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y que sus decisiones, tomadas con base en sus sistemas normativos, serán
respetadas por las autoridades estatales y que, además, éstas ayudarán a que estos
sistemas normativos sean adecuadamente reconocidos y respetados.
La Ley
mencionada también define, en su artículo tercero, cuáles son los sujetos obligados
a garantizar su cumplimiento, entre los que se encuentran los tres Poderes del
Estado, los Ayuntamientos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el
gobierno federal y Los partidos políticos; además de que las disposiciones de
esta Ley, regirán supletoriamente en materia de
derechos y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas para todos los
casos no previstos en otras leyes locales.
Por
otra parte, las acciones de autodefensa civil surgidas en varias regiones del estado,
particularmente en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y San
Marcos, no son parte de la CRAC ni responden a sus directrices ni autoridades.
No se puede castigar a la CRAC por hechos que
no son de su responsabilidad, ni imponerle restricciones orientadas
a desconocer y anular lo que ya tiene legalmente reconocido.
El caso de los movimientos de autodefensa
civil reclama una solución propia y específica que tiene que ser acordada con
ellos. Tienen su propia legitimidad, obedecen a sus propias autoridades y
exigen que también se les reconozca en el marco de la ley 701; sus acciones se
legitiman ante la ineficiencia de un sistema de seguridad y justicia que está
diseñado para prohijar la impunidad de los delincuentes y la falta de justicia
para las víctimas.
La reforma constitucional en materia de
justicia penal y seguridad pública de 2008, mandató sustituir este perverso
andamiaje judicial por el nuevo sistema de justicia oral y controversial, que
contempla los juicios mediante jurados populares; desgraciadamente esta reforma
está tardando mucho en hacerse realidad, entre otras razones por la resistencia
que le oponen los propios cuerpos de seguridad y los encargados de procurar,
impartir y administrar justicia.
Guerrero es el ejemplo más claro de tal
circunstancia.
Apenas en la recién pasada reunión de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, el presidente Peña Nieto les urgió para que aceleren
el paso en esta materia; en otras palabras, los conminó a que no se hagan
bueyes porque si no la ciudadanía los va a seguir rebasando.
El Ejército y la Marina nunca habían tenido
un apoyo local tan estrecho y real en el combate al crimen organizado como el
que les brinda ahora la autodefensa civil.
La propia Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en su comunicado del 21 de enero pasado, donde anuncia el inicio de
una investigación “por el caso
relacionado con el denominado movimiento de autodefensa”, señala que: “es urgente que las autoridades federales y
estatales impulsen mecanismos que permitan la atención y protección de la
población y garanticen su seguridad a plenitud”; ya que “la seguridad pública es un derecho humano y
está relacionado directamente con el concepto de estado de derecho y de paz
pública” y anuncia que: “Será por lo
tanto, materia de la presente investigación las acciones y omisiones de las
mencionadas autoridades (federales y estatales) en los citados municipios del
estado de Guerrero.”
El
Gobernador Aguirre Rivero debiera ensayar rutas más convenientes para no pisotear
los derechos y cultura de los pueblos originarios de Guerrero. El decreto que
le presentaron sus colaboradores más cercanos, el 30 de enero pasado, no resuelve
nada y enreda más las cosas.
Habría
que pensar más en cómo consolidar la participación de las comunidades en la
seguridad pública y en cómo afianzar la correcta impartición de justicia y el
control judicial del ministerio público, mediante la pronta implementación en
Guerrero del sistema de justicia oral y controversial y de una Ley de Justicia
Indígena y Comunitaria o de Sistemas Alternativos de Justicia, así como en abrir
una Sala de Justicia Indígena en el Poder Judicial del Estado, para que los
actos de las autoridades indígenas y comunitarias puedan ser, en su caso,
recusados ante una instancia especializada, que conozca bien de sus costumbres,
derechos y cultura y les garantice protección y justicia.
Ya en
otros estados de la República existen leyes e instancias legales similares a las
que aquí se proponen y que operan con muy buenos resultados.
Al
gobierno le conviene más entrar en una nueva y edificante relación con los
pueblos y comunidades indígenas de Guerrero. Para ello se puede partir de la
iniciativa sobre derechos indígenas que el gobernador Aguirre Rivero propuso al
Congreso del Estado el 9 de marzo de 1999 y de los tratados internacionales de
los que México es parte; también sería conveniente reconocer, legalizar y
fortalecer las comisarias municipales como cuarto nivel de gobierno.
Como
al principio, es ahora o nunca. Se puede.
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