Dos Años de Gobierno Sin Rumbo ni Control Por Rodrigo Huerta Pegueros*

Más de 700 días han transcurrido desde que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero tomó posesión de su mando al frente de la administración pública y durante este tiempo la situación política, social y económica en la entidad ha tenido sus altibajos.

Rodrigo Huerta Pegueros

 El resultado de la gestión gubernamental no es halagüeño puesto que si bien es cierto que la violencia ya estaba presente en  abril del 2011, no es comparable a la que se vive hoy día. En el rubro social nada ha mejorado, persiste el abandono, el hambre, la miseria, la pobreza y la falta de empleos para viejas y nuevas generaciones.

Los servicios de salud han sido severamente cuestionados, particularmente en las regiones indígenas, donde se ha abusado de la condición de etnias; aunado a esto las injusticias son variadas y de todos los tamaños y tonos y los reclamos para recuperar la tranquilidad social se amplió a dos terceras partes de la entidad.  

Lo ofertado durante la toma de posesión no se ha concretado y si en cambio ha servido como medio de control o de proselitismo político como podría ser la tarjeta ‘’la cumplidora’’. Los fenómenos naturales que se han registrado durante este lapso de tiempo y que afectaron a amplias capas de población marginadas, han servido como pretexto para el clientelismo político-electoral. Como si esto no fuese suficiente, en materia política las cosas se han enredado aún más y se ha fallado en el propósito de que sirva para resolver las controversias. Un ejemplo deñ fracaso en esta materia es lo que aconteció con el conflicto estudiantil y magisterial de los normalistas de Ayotzinapa quienes fueron reprimidos y dos de ellos asesinados durante una protesta escenificada en la autopista del Sol, mientras que un nuevo desencuentro con los maestros pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) ha convulsionado al estado y ha producido afectaciones de toda índole.

Sin embargo, algo que pasará a la historia de esta entidad como un caso inédito, es el surgimiento de la noche a la mañana, en la mayoría de las regiones de la entidad, de los grupos armados que se levantaron en contra de la criminalidad que de alguna manera suplantaba las funciones de los gobiernos estatales y municipales.

Las llamadas policías ciudadanas, de autodefensa o comunitarias, se rebelaron y se opusieron a seguir siendo presas fácil de los narcotraficantes, secuestradores o extorsionadores e impusieron su propia ley e instalaron retenes, conformaron tribunales para juzgar a los criminales detenidos y obligaron al gobierno estatal a negociar con ellos la liberación de los delincuentes, no sin antes presionar al ejecutivo para que los reconociera oficialmente como parte de la seguridad pública en sus regiones, lo cual se aceptó sin importarle transgredir la ley en la materia.

Los levantados en armas tuvieron a su favor el argumento de la desconfianza del pueblo hacia las policías municipales o las ministeriales y estatales, las cuales dijeron, están involucradas con el crimen organizado y la delincuencia común.

Hasta estos momento, el gobierno no ha tenido ni la intención menos el poder para someter a estos grupos ni para disuadirlos a dejar las armas. Este es quizá el caso mas obvio de una deficiente y mala administración pública estatal que muestra un fracaso rotundo para dar certeza y seguridad al pueblo de Guerrero.

El año 2011 fue el que marcó la ruta fallida de esta administración que ha actuado en forma sui géneris, ya que si bien surgió como un gobierno representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su actuación ha sido la de una administración priista (PRI). Las diferencias entre un gobierno democrático y uno tradicional han sido obvias y los conflictos mayúsculos que lo llevaron a prescindir de varios secretarios de despacho, miembros del PRD dejó en claro su sello ideológico. ¿Recuerdan la renuncia fulminante del que fuese ex titular de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja y del que fungía como Procurador General de Justicia estatal, Alberto López Rosas?

Este manotazo no fue para hacerle justicia a los normalistas asesinados  sino mas bien para ‘’salvar el pellejo’’. Antes de esta actuación obligada, el gobernador ya había destituido a su Secretaría de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, quien posteriormente lo culpó de lo sucedido con los normalistas.

Durante estos dos años de gobierno, los cuales han transcurrido como en cámara lenta, los problemas de inseguridad pública se han repetido en forma constante. No hay región en la entidad que no haya sido sacudido por el crimen organizado.

Los operativos del llamado Guerrero Seguro han fracasado rotundamente; las demandas y reclamos para que  sean  presentados con vida las personas que han sido desaparecidas en forma violenta (caso ecologistas) tampoco han sido resueltas y los conflictos cientos de desplazados por parte de grupos criminales en zonas serradas tampoco han logrado obtener la protección de las autoridades y menos de que se les haga justicia.

Lo mismo sucede con las extorsiones a empresarios y amenazas de muerte a políticos, funcionarios e inversionistas que no han sido investigados y por lo tanto la zozobra mantiene en un hilo a las víctimas- Igualmente pasa con los secuestros y asesinatos que se suceden a diario sin que se ponga un freno a los delincuentes. El estado de derecho en Guerrero es un discurso mas no una realidad tangible.

Guerrero en estos dos años de gobierno se ha convertido en un territorio donde prevalece no solo la impunidad sino también la injusticia jurídica y social. Sin embargo lo mas grave de todo esto es que el propio gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero ha declinado ejercer una de sus mayores atribuciones como es el de ser garante de la seguridad pública y esta responsabilidad le ha sido solicitada atraerla al gobierno federal a través del ejército mexicano, la marina y la policía federal.

Ante esta panorámica general de lo que acontece en la entidad, diversos grupos sociales y políticos han calificado  como un gobierno sin rumbo al ejercido en estos dos años por Aguirre Rivero o como dirían los defensores de los derechos humanos local, regional, nacional e internacional que han visitado la entidad, Guerrero está en la indefensión y sin control alguno.

Las ofertas hechas por el actual gobierno estatal han quedado truncadas o en el anecdotario político.

El compromiso de hacer de la entidad un territorio sin analfabetas, seguramente no se podrá cumplir por razones de índole de desorganización, burocracia y corrupción, como ha quedado debidamente documentado.

Por lo que respecta a las finanzas públicas, estas no se han  aplicadas en forma transparente y la rendición de cuentas no aparece como norma ética en esta administración la que ha sido considerada como una de las administraciones estatales más opacas de la República Mexicana.

Ha dos años,  de administración, no se sabe a cuánto asciende la deuda pública, cómo han operado los programas emergentes, en que forma se han aplicado los recursos extraordinarios recibidos por el gobierno estatal para atender a la población que ha salido afectada a consecuencia de os fenómenos naturales como lluvias torrenciales, temblores y destrucción de vías de comunicación, entre otros.

Por si fuera poco este desastre gubernamental, el escándalo sobre el nepotismo en la actual administración estatal y que se reflejó en las nóminas oficiales, se trató, como siempre, de acallarlo del modo tradicional: comprando conciencias con los mismos recursos públicos y con discursos demagógicos, comprometiéndose en separar a las decenas de familiares de la nómina, cuando es vox populi que todavía continúan percibiendo sueldos los familiares cuestionados.

Pero por si no tuviésemos suficientes desvíos de recursos económicos, el gobierno continúa pagando sueldos a los  funcionarios que fueron ‘’despedidos’’ en forma tajante por el caso del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en el no tan lejano 12 de Diciembre del 2011. Si esto no es corrupción, entonces podríamos calificarlo como un gran fraude cometido contra el pueblo de Guerrero.

 Ante esto, la credibilidad hacia la administración estatal ha quedado severamente cuestionada y difícilmente esta entidad podrá salir del estado en que se encuentra hoy postrada.

Desde el primer año de gobierno se marco el rumbo de esta administración. Ninguno de los conflictos registrados entonces fueron debidamente solucionados.

La obra pública que se realiza en la entidad guerrerense no ha logrado tener el impacto deseado por ser superada por la ineficiencia de quienes integran la administración y por la concentración de poderes en unas cuantas manos, particularmente en dos familias quienes son las que deciden sobre los negocios multimillonarios que se aprueban desde palacio de gobierno.

El pueblo de Guerrero decidió durante la pasada elección del 2011 por un gobierno democrático, pero se equivocó. Sufragó a favor de un político que ofrecía experiencia y fracasó. Creyó en un gobierno de izquierda pero resultó un fiasco. Aspiró a una administración transparente y el resultado fue todo lo contrrio. Se apostó por los menos favorecidos o marginados y resultó lo contrario, se entegó la administración al capital privado foráneo y se apoyó el discurso de la separación de poderes y el resultado fue adverso, se consolidó el poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial.

Los resultados están a la vista.

Los hechos son contundentes.

Los registros no dan margen de maniobra para la equivocación sobre la forma burda y absurda de como se ha conducido este gobierno en los ámbitos político, social, de justicia y financiero. Y esto es tan solo en los dos primeros años que significa la mitad de la administración para la que fue electo y que concluirá en el no tan lejano año del 2015.

Violencia, hambre, marginación, corrupción, demagogia, injusticia, impunidad, irresponsabilidad, descontrol, traición y deslealtad, serían unos cuantos adjetivos que más han sido utilizados por el pueblo de Guerrero al referirse al gobierno actual y a los resultados de la gestión administrativa del gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

(PD: Para quienes nos critiquen por no hablar de las bondades del gobierno, para eso tienen a los medios de comunicación tradicionales y sus jilgueros y oficinas de comunicación social.)

Periodista/Analista Político*

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