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| Carlos Reyes Romero |
“Educar no consiste en
llenar un balde; sino en encender una
hoguera” -William Butler Y-
Los acuerdos entre el gobierno de Ángel Aguirre y la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), son una suma cero
donde nadie gana y todos pierden.
Algunas cosas son rescatables, pero mientras no haya una transformación
profunda en la vocación y el sentido de responsabilidad del magisterio, tanto
el gobierno como las mafias sindicales y algunas autoridades educativas
corruptas seguirán imponiéndoles su voluntad y descomponiendo y desordenando el
sistema estatal de educación para privilegiar sólo sus intereses particulares.
Aunque se apruebe tal cual la iniciativa
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 21, 25, 29 y 65
de la Ley Estatal de Educación Número 158, que el gobernador del estado mando
al Congreso del Estado, sus efectos serán prácticamente nulos porque ni el
gobierno ni las expresiones sindicales
tienen la fuerza material ni moral para imponerle al país sus criterios; contribuirán,
eso sí, a mantener el rezago educativo en que está hundido Guerrero, porque son
acuerdos de carácter regresivo que afectarán profundamente la formación de las
nuevas generaciones de la entidad. Lástima.
Dichos acuerdos ni siquiera benefician a las y los maestros del estado,
quienes seguirán a merced de determinados líderes sindicales venales que son
los únicos beneficiarios del actual estado de cosas. Veamos:
El control de
las plazas
A esto se reduce el fondo del asunto. Las corrientes sindicales de la
Sección XIV y de la CETEG, ambas del SNTE, saben que someter a concurso de
oposición, todas, absolutamente todas,
las plazas vacantes o de nueva creación que se generan, afecta profundamente
sus bolsillos, para decirlo de manera llana y directa.
Hasta ahora se han reservado y repartido entre ellos el 50% de estas
plazas, las cuales se venden arriba de los 200 mil pesos; son plazas que el
gobierno le entrega por convenio a las dirigencias sindicales, quienes disponen
de ellas a su antojo y sin rendirle cuentas a nadie, absolutamente a nadie.
El sistema funciona de tal manera, que antes de que un profesor finalice
sus trámites de jubilación ya tiene cliente para su plaza, a través de líderes sindicales
especializados en este tipo de gestión. Lo mismo sucede con los maestros
fallecidos. Es un uso indebido de recursos públicos.
El gobierno ha ofrecido gratificar a los docentes que se jubilan a
cambio de ceder su plaza para congelarla y cubrir el déficit presupuestal que se
arrastra al respecto, pero los líderes no permiten que eso ocurra.
La pregunta obligada es: ¿Se puede hacer de otra manera?
¡¡Claro que sí!! Lo que se requiere es vocación de cambio, ética
profesional y voluntad de todas las partes, del gobierno, de los maestros y de la
sociedad, para corregir lo que está descompuesto.
Por ejemplo, los maestros de la Sección X IPN del SNTE, le han
demostrado al país, que si es posible hacerlo, que sí se puede y que además da
buenos resultados. De ahí proviene la excelencia académica alcanzada por el
Instituto Politécnico Nacional en los últimos 25 años.
En
agosto de 1988, luego de un proceso de lucha de más de 6 años, los profesores de
la Sección X IPN del SNTE, renunciando a su porcentaje de plazas, lograron que la
Institución aceptará que el ingreso del Personal Académico del IPN se definiera
mediante concurso de oposición, es decir, “mediante
la evaluación de sus conocimientos, competencia pedagógica, experiencia y
trabajos realizados”; lo cual quedó plasmado en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal
Académico del Instituto Politécnico Nacional[1],
que firmaron y publicaron en aquel entonces el Director General del IPN y la
Sección X IPN del SNTE. En 1995 se hizo una nueva edición del mismo, que es el
que está en el portal internet del IPN.
Este Reglamento es el antecedente más directo del Servicio Profesional
Docente que se pretende ahora implantar en el país y que los maestros podrían
enriquecer basándose en el modelo adoptado bilateralmente entre el SNTE y el
IPN.
El Reglamento está vigente y nunca fue recusado por Elba Esther
Gordillo.
Sobre el
escalafón y las promociones
En el Capítulo IX del reglamento mencionado se establecen también las bases
para la promoción del personal académico, que aspire a pasar de la categoría
que ostenta a la inmediata superior del tabulador vigente.
También pactaron bilateralmente el SNTE y el IPN, el Reglamento de
Promoción Docente del IPN[2],
donde se detallan todos los procedimientos y condiciones para el ascenso de los
profesores del Politécnico.
No se trata ya del obsoleto sistema de escalafón que rige actualmente entre
el magisterio, el cual se ha descompuesto y pervertido por el uso político que
se hace de él, afectando los derechos humanos de amplios sectores del
magisterio que casi nunca puede llegar por esa vía a los cargos de dirección y
de supervisión. ¿Cuántas profesoras y cuántos profesores no han padecido las
injusticias de este arcaico sistema?
Hay que cambiar el sistema de escalafón vigente por un verdadero y
moderno sistema de promoción docente, vertical y horizontal, que sea justo,
equitativo y dinámico. Son de las cosas que hay que introducir en las leyes
secundarias.
Lo que realmente está en litigio no es si hay que cambiar o no el
sistema de promoción docente; sino la oposición a cambiar la manera de nombrar
a quienes van a ocupar los cargos de dirección y supervisión, es decir a los
subdirectores y directores de escuelas, a los supervisores de zona y a los
jefes de sector. Porque el sistema vigente se presta a muchas corruptelas,
genera conflictos innecesarios y abre la puerta a la compraventa de cambios,
licencias y “comisiones”.
Se ha vuelto una práctica común que las escuelas nombren e impongan a
los subdirectores y directores, aún a costa de pisotear los derechos de otros
maestros. También es habitual que los mismos maestros corran a su director, para
que otro compañero se beneficie del sobresueldo correspondiente. En estos
asuntos no rige el criterio académico, sino la codicia salarial.
Estas sí constituyen violaciones directas y reiteradas al escalafón que
la mayoría de las veces es imposible echar atrás.
Algo similar acontece con las supervisiones de zona y las jefaturas de
sector, tan codiciadas porque desde ahí se maneja la otra forma de
descomposición del sistema educativo: la compraventa de cambios de adscripción,
permisos, licencias y “comisiones”. El abandono de las escuelas y la fuga del
pizarrón se realizan con el contubernio de estos dos niveles de supervisión.
¿Qué se puede hacer? Que las direcciones se concursen dentro de cada
escuela; que la titularidad de las supervisiones de zona se concurse dentro del
conjunto de escuelas que las integran; y que las jefaturas de sector se
concursen dentro del conjunto de supervisiones de zona que las forman.
Y, por supuesto, que las autoridades educativas se fajen bien las naguas
para prevenir y corregir las anomalías descritas.
Eso es lo que en el fondo pelean los maestros en cada conflicto por un cargo
de dirección o de supervisión; quieren tener derecho efectivo a promoverse a
esos cargos, hasta ahora vedados a la mayoría del magisterio.
La carencia de
plazas para los egresados
Aquí es donde más se refleja el desorden existente en el sistema
educativo estatal, agudizado desde 1992 cuando el gobierno del estado se hizo
cargo del mismo.
Aunque Guerrero tiene el sistema de formación docente más grande del
país ˗42 planteles públicos y privados con 14 mil alumnos˗, la verdad es que
cada año egresan de las normales públicas del estado un promedio de 750 nuevos
maestros.
Aproximadamente la mitad de ellos ya tienen garantizada su plaza porque se
las heredan sus padres.
En cambio, los egresados de las normales privadas generalmente las compran
a maestros jubilados que no tienen a quién dejarle su plaza o a familiares de
maestros fallecidos, o las heredan de sus padres.
De tal manera, cada año el gobierno del estado tiene el problema de conseguir
plazas para un promedio de 300-350 egresados de las escuelas públicas.
¿Hay manera de resolver esto? Si realmente se quiere, sí.
De entrada habría que acotar la herencia de plazas a familiares directos
de los que se jubilan. La herencia de plazas a terceros, está demostrado que es
pura y llanamente, una venta de plazas. El gobierno bien puede otorgar una
gratificación a quienes accedan a entregar sus plazas para concurso.
La otra medida es que la Sección XIV del SNTE y la CETEG acepten que
también se pongan a concurso todas las plazas que reciben por convenios y que se
comprometan a ya no intervenir a favor de terceros, para que de esta manera contribuyan
a aligerar esta pesada carga estatal. Nada justifica que la parte sindical
retenga y use en beneficio propio los recursos fiscales que dan sustento a
dichas plazas.
La tercera medida sería implementar un audaz programa de retiro
voluntario para los miles de maestros “comisionados” sin realizar labores
docentes en escuelas, supervisiones de zona, jefaturas de sector y en oficinas
centrales.
Hace 5 años los comisionados sindicales eran cerca de 400 para el SNTE,
200 para la CETEG en sus dos vertientes y 80 para las delegaciones sindicales
del ex INEBAN; a la mejor en estos años han crecido o disminuido pero el grueso
principal de los “comisionados” está en las escuelas, donde a muchos maestros
que todavía están en condiciones de laborar frente a grupo se les libera de la
carga académica. El caso de Iguala es escandaloso, pero hay otros muchos.
Le siguen los que están en oficinas centrales y en las supervisiones de
zona y jefaturas de sector; estos constituyen aproximadamente la tercera parte
de los 12 mil comisionados de que se tiene noticia.
También habría que trabajar en el diseño de una estrategia para
reorientar la formación de maestros hacia aquellos niveles donde son más
necesarios sus servicios: la educación preescolar, la indígena, la secundaria,
la media superior y la superior, así como en reordenar y sanear el sistema de
educación normal. La formación de maestros para la educación primaria está
sobresaturada.
La evaluación de
la educación
Nadie quiere un sistema de evaluación punitivo, que sirva para despedir
a alguien de su trabajo, ni que se sustente en evaluaciones tan rígidamente
estandarizadas que no tomen en cuenta las condiciones de cada entidad
federativa.
Esa es la preocupación fundamental del magisterio y tienen razón, ya que
hay algunos sectores sociales que lo quisieran ver crucificados por los malos
resultados que reporta la educación en el estado.
Se puede establecer una relación de colaboración entre el magisterio y
el Congreso del Estado, en cuanto a las características del sistema y del
Instituto para la evaluación de la educación que se requieren en Guerrero.
Por lo pronto, los diputados Laura Arizmendi Campos, Jesús Marcial
Liborio, Olaguer Hernández Flores y Héctor Apreza Patrón, ya presentaron en
enero pasado una Iniciativa de Ley para
la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, que entre sus postulados
establece que “en ningún caso, los resultados de las evaluaciones serán utilizados para
tomar decisiones punitivas contra individuos” y “que los referentes con
los que se deberán comparar los resultados obtenidos en la evaluación de la
calidad educativa atenderán a las condiciones de nuestro estado”.
Además, sí es legalmente posible tener un sistema de evaluación propio,
estatal y autónomo porque nada lo prohíbe y porque la evaluación de la
educación ha sido desde su inicio una función concurrente de las autoridades
educativas federal y locales.
Así lo establecen la Ley de Educación No. 158 y la Ley General de
Educación y hasta el nuevo INEE deberá: “Expedir
los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y
locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”,
lo cual no riñe con el planteamiento magisterial de que: “Para la elaboración
de sus lineamientos ˗se entiende que de la evaluación y del Instituto estatal˗
se tomarán en cuenta los resultados de los foros de consulta a todos los
actores educativos.” Hay mucho sustento legal para ello.
La reforma de las instituciones debe provenir de su propio interior,
para que tenga la dimensión y el alcance que se requiere, pero también para que
la sociedad no se harte e intervenga con su propio impulso, como está
aconteciendo con la seguridad pública que también es una función estatal. Esto
lo saben bien los maestros, por eso procuran tener buenas relaciones con los
padres de familia y con las comunidades donde laboran.
Una muestra positiva de una manera endógena, interna, propia, de avanzar
en la evaluación educativa, es nuevamente el Instituto Politécnico Nacional, el
cual adelantándose a la Ley General de Educación de 1993, estableció en 1991 su
propio sistema de evaluación[3], lo
que le permitió, junto con los otros instrumentos normativos que hemos
mencionado, alcanzar los niveles de excelencia académica que todo mundo le reconoce
ahora.
La permanencia
en el empleo
Sin duda esté es el tema que más preocupa a todos los maestros. El “coco”
que más les asusta.
No hay manera de cambiar las normas legales que garantizan la
permanencia en el empleo de los trabajadores al servicio del estado, por dos
razones: a) se afectaría a más de 3 millones de servidores públicos y b) no hay
recursos fiscales suficientes para indemnizar a todos los posibles afectados.
Ningún gobierno está lo suficientemente loco como para meterse en tal enredo.
Los trabajadores universitarios pudimos lograr, en 1980, que por fin se
nos reconocieran nuestros derechos a la sindicación, la huelga y la
contratación colectiva y que no se nos confinara a un limitante Apartado “C”
del Artículo 123, lo cual quedo establecido en la Fracción VII del Artículo 3º Constitucional,
donde también se estableció que: “Las
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía (…) fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia
de su personal académico”; desde entonces han pasado más de 32 años y nunca
he sabido que se haya despedido a ningún académico, en ninguna universidad,
como resultado de una evaluación.
No es por ahí el asunto. Los del Poli resolvieron este tema ratificando
en el Reglamento de las Condiciones
Interiores de Trabajo del Personal Académico del Instituto Politécnico
Nacional, que los académicos de nuevo ingreso obtendrían la inamovilidad en
su empleo luego de seis meses de servicios, lo cual viene desde el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP y ha sido
ratificado en el Apartado “B” del artículo 123. También establecieron al detalle
las causales de despido para un académico y en ninguna de ellas están contemplados
los resultados de una evaluación.
Tomo reiteradamente la referencia del Instituto Politécnico Nacional,
por lo avanzado de los ordenamientos jurídicos que promovieron los propios profesores
de esa Institución, por su impacto positivo en la excelencia académica del
Instituto y porque fue la primera vez que el SNTE suscribió normas de tal
naturaleza y envergadura, que además han acreditado su nobleza. Justo es decir
que las mejores universidades del país se rigen por los mismos parámetros.
En Guerrero existe la posibilidad de hacerlo. ¿Tendremos la
determinación necesaria para lograrlo? ¿O seguiremos condenados a la
autoflagelación y a la eutanasia social y política? Al tiempo.
La privatización
de la enseñanza
Hace rato que el gobierno tiene la intención de transferir el costo de
algunos servicios educativos a los padres de familia, eso hace que los
ciudadanos nos mantengamos en alerta para echar atrás tal despropósito.
En el caso que nos ocupa, el Dictamen inicial del Senado de la República
sobre la reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales introducía cambios
importantes para frenar esta tendencia, adicionando “un párrafo tercero al artículo 3 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, donde se consigna expresamente que el Estado deberá
garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales
y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y
la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de
aprendizaje de los educandos.”
Al
mismo tiempo que se proponía suprimir el inciso a) del numeral III, del
transitorio V, que a la letra decía: “a) Fortalecer
la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación
básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y
padres de familia, bajo el liderazgo del director se involucren en la
resolución de los retos que cada escuela enfrenta.” Planteamiento que es el
núcleo central del intento privatizador de la enseñanza que promueve el
gobierno federal.
Hasta
ahí parecía que no habría mayor problema, pues la supresión había pasado prácticamente
inadvertida para el conjunto de los senadores. Hasta que la senadora por el PT
Martha Palafox Gutiérrez metió su cuchara o mejor dicho la pata, solicitando se
restableciera el texto suprimido, agregándole lo siguiente: “a) Fortalecer la autonomía de gestión de
las escuelas ante los órdenes de
gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y
propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de
familia, bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los
retos que cada escuela enfrenta.”[4],
lo que según ella era “una adición
que nos dé una garantía de que esto no es una privatización”.
De
inmediato los priistas y panistas rompieron alegremente el acuerdo logrado en
las comisiones unidas de dictaminación y restablecieron el texto que se había
suprimido, con la adición mencionada.
Era
mejor la propuesta del Dictamen en el sentido de suprimir dicho inciso, porque
ahora va a venir un permanente forcejeo en las escuelas acerca de si los padres
de familia deben o no pagar cuotas para “mejorar
su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de
operación básicos”…
Por
supuesto, ahí están los dictámenes, las minutas y los diarios de debates que
dan cuenta clara y específica del espíritu del legislador, para hacer la
correcta interpretación de estas disposiciones constitucionales que obligan al
gobierno a mantener la gratuidad de la enseñanza.
Los
propios docentes han permitido y prohijado esto, cuando obligan a las sociedades
de padres de familia a cobrar cuotas en las escuelas, para “mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”…
Habrá
que implementar un amplio movimiento de presión social y legislativa para que
se retire el inciso a) del numeral III del transitorio V de la reciente reforma
en materia de educación.
El
Congreso del Estado debiera enviar al Congreso de la Unión una iniciativa al
respecto y solicitar el respaldo de las legislaturas locales y de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal. Y los maestros abstenerse de andar
promoviendo el pago de cuotas escolares.
La
educación no la paga el gobierno, sino los ciudadanos que sí pagamos impuestos.
Somos 36 millones 980 mil los mexicanos sí
cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, generamos el 39.3 % de la riqueza nacional y aportamos el 58.2 % del gasto público del país; mientras que las 422 empresas
consolidadas que facturan el 53% de la
producción del país solo aportan el 1.78%
de sus ganancias al gasto público. Pemex aporta el 40% restante, por
supuesto en nombre de todos los mexicanos que, según esto, somos los propietarios
de la empresa.
Hacer obligatorias las cuotas escolares, de
inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las
escuelas públicas, es aplicarnos un nuevo impuesto, aunque éste sea oculto.
La participación de los padres y de los maestros
Una de
las cosas positivas de la reforma en materia educativa, es que los diputados y
senadores del Congreso de la Unión hayan incluido expresamente la participación
de los maestros y los padres de familia en la determinación de “los planes y programas de estudio de la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.”
Eso
implica la legalización de la participación de los maestros y padres de familia
en todo el proceso educativo. Es algo que los demócratas del país vienen
impulsando desde las luchas magisteriales de 1956-1958.
Esto
abre la pauta a la formación de verdaderas comunidades de aprendizaje y a la
creación y efectivo funcionamiento de cuerpos colegiados académicos en la
educación básica, media superior y normal.
Pero
no será fácil, hay mucha resistencia de las autoridades educativas a que los
maestros intervengan en estas determinaciones y, al mismo tiempo mucha reticencia
de los maestros a que los padres de familia participen más allá del apoyo al
proceso educativo de sus hijos. El lugar de los padres es afuerita de la puerta
de la escuela, opinan no pocos maestros.
Cuando
menos, eso es lo que refleja la propuesta magisterial, que piden se incluya en
la Ley de Educación No. 158 y que a la letra dice: “Los derechos y obligaciones de los padres de familia, son participar
en la comunidad escolar únicamente con fines de apoyo al proceso educativo de
sus hijos.” ¡¡Mejor no me ayudes compadre!!
Además,
nos dejan la honrosa tarea de vigilar que “los
alimentos que se expendan o se proporcionen en las instituciones educativas,
cuenten con los requisitos mínimos de nutrición, que apoyen al sano desarrollo
del educando. Siendo su obligación, la de colaborar con las autoridades
educativas para evitar la venta de alimentos con bajo o nulo valor
nutricional.”
¿Cómo
le vamos a hacer los padres de familia para cumplir con este encarguito, cuando
todo mundo sabe que los directores en colusión con las delegaciones sindicales
concesionan a incondicionales, mediante una “módica” suma de dinero, la venta
de alimentos y papelería en las escuelas?
Las
famosas cooperativas escolares son otra fuente de descomposición moral y política,
que en no pocos casos llega hasta la división de las escuelas.
No hay
de otra, tiene que hacerse efectiva la participación social en la educación. Y
eso se logrará más temprano que tarde, por las buenas o por las malas, porque no
son pocos los pueblos y comunidades que están hartos de la hueva, el
ausentismo, la simulación y la indolencia magisterial.
Ciertamente,
no todos los maestros actúan así; pero tampoco son pocos los que sí lo hacen.
Hasta
ahora los pueblos y las comunidades están esperando a que este tipo de maestros
y de escuelas cambien por iniciativa propia, sino los van a obligar; como están
obligando a las autoridades a cumplir con su función de brindar seguridad
pública.
No
quiero saber cuándo el pueblo les pida cuentas.
[4][4] Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Diario de debates No. 39,
del 20 de diciembre de 2012. Consultar en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&fecha=2012-12-20&sesion=2
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