Al
escuchar la retórica de la administración Obama respecto a la libertad de
prensa en Estados Unidos, no podemos evitar pensar que el sueño ha terminado,
que la sensación de renovación que la llegada a la Casa Blanca de un
afroamericano, fue solo una ilusión y que ahora Washington ha retomado los
viejos vicios de la Guerra Fria: hurgar en todos los recovecos, supuestamente en
aras de la seguridad nacional, a costa incluso de cualquier consecuencia ética
implicada.
Ahora
el ocupante de la oficina oval está en el ojo del huracán debido a una serie de
escándalos de espionaje. Más de 50 organizaciones de medios estadunidenses
protestaron por la intervención de registros telefónicos a periodistas de la
agencia The Associated Press (AP). A raíz de una historia difundida por dicha
agencia de noticias en mayo del 2012 sobre la existencia de un espía reclutado
por saudíes para infiltrar a la red Al-Qaeda en la península arábiga.
Además el presidente de la Cámara de Representantes,
John Boehner, exigió que se castigue con todo el rigor de la ley al responsable
por la persecución fiscal a agrupaciones vinculadas con el conservador Tea
Party (Partido del Té) que el Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus
siglas en inglés) realizó.
Y
por si esto no fuera suficiente, recientemente han sido divulgadas 100 páginas
de correos electrónicos en donde se exponen las deliberaciones gubernamentales
tras el atentado en la ciudad libia de Bengasi en septiembre de 2012, que por
meses ha generado acusaciones de un probable encubrimiento de negligencias en
torno al ataque en el que murieron el embajador Christopher Stevens y elementos
del personal consular.
Todo
esto ha llevado a poner en tela de juicio la honorabilidad de las acciones
emprendidas por el gobierno norteamericano, por un lado afirman estar
comprometidos con el acceso de los ciudadanos a la información, al otro lado de
la mesa tenemos a Jay Carney vocero del gobierno diciendo que los actos de espionaje
están justificando dichas intrusiones en aras del bienestar de la nación.
Tal
esto no deba caernos de sorpresa basta con recordar aquel 8 de agosto de 1974 cuando
el entonces presidente, Richard Nixon se veia obligado a dimitir debido a su
implicacion en el escandalo Watergate de que se revelara que Nixon tenía un
sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y que había grabado
una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca.
El
debate aquí no es el doble juego que el gobierno estadounidense realiza
respecto a la libertad de prensa. O si se debe hacer uso o no del aparato de
inteligencia gubernamental a ciudadanos y empresas norteamericanos; es sobre
quien decide los criterios para justificar una intrusión de dichas características,
quien dentro de las altas esferas del poder determina a que tienen derecho y a
que no los ciudadanos. En un mundo que muchas veces imita y la mayoría de las
veces replica de manera cínica los comportamientos emergidos de Estados Unidos,
no deberíamos preguntarnos si alguien escudriña nuestros documentos mas íntimos solo para proteger, no la seguridad de la sociedad sino el simple
Status Quo.
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