Moisés Sánchez Limón |
En
política no es casual el cobro de facturas ni los ajustes de cuentas en tribuna
o mediante el entorpecimiento de iniciativas de reformas constitucionales o de
leyes secundarias. Es una sui generis práctica de la Ley del Talión: ojo por
ojo, diente por diente.
Vaya,
en todo caso, se reduce al simplista procedimiento coloquial de “el que se ríe
se lleva”. No, no hay casualidades y nadie debe asombrarse en la elemental
fórmula de que toda causa tiene un efecto.
Quizá
por eso Gustavo Enrique Madero, presidente nacional del PAN, tomó con filosofía
básica la revelación de que César Nava Vázquez fue demandado en una Corte de
Estados Unidos por Petróleos Mexicanos, bajo el cargo de “conspiración
criminal”, es decir, fraude en contra de la paraestatal.
Junto con Nava Vázquez la demanda se fincó
contra las empresas Siemens y SK Engineering, propiedad de Jaime Camil y Luis
Enrique Bouchot, quien fuera director jurídico de Pemex. Para ser algo
fabricado, como presume Madero, hay elementos de peso que llaman la atención en
el entorno de este trío de cómplices.
Pero el tema es Nava. Un michoacano que muy
joven se hizo millonario sin conocerse el antecedente de su fortuna, porque
incluso cuando presentó su declaración patrimonial como jefe de la Oficina de
la Presidencia, en mayo de 2008, reveló propiedades con valor menor al costo
del departamento que le regaló a su segunda esposa, Patylú, en Polanco; muy por debajo de su salario anual que ascendía
a dos millones 383 mil pesos.
Será que como diputado federal en la LVIII
Legislatura, dirigente nacional del PAN, asesor jurídico de la Secretaría de
Energía (con Felipe Calderón como secretario), y luego director jurídico de
Pemex, ganó tanta lana como para darse el pequeño lujo de regalarle a su
prometida un departamentazo con valor superior a los siete millones de pesos; la
primera versión lo tasó en más de 15 millones de pesos.
Paráfrasis del filósofo Felipe, “haiga sido
como haiga sido”, lo cierto es que no cualquier empleo deja a un político en
ascenso la posibilidad de darse esos lujos. Para pagar el depar debió haber
destinado mínimo tres años de su salario íntegro. ¿Le creemos?
Sin duda, merced a los negocios que hizo,
ilícitos en buena medida, de ser fundada la demanda de Pemex, César Nava es
parte de esa camada panista de nuevos millonarios sexenales que han evitado
responder a las publicaciones en las que se aportan pruebas de lo que tenían
antes de ser dirigentes partidistas, albiazules por supuesto, legisladores y
funcionarios de primer nivel en el equipo calderonista y cuando concluyó el
sexenio. O la docena trágica, concedamos.
Sí, Gustavo Madero considera que la
revelación de la denuncia, conocida primariamente en el diario Reforma y en
Televisa, forma parte de una campaña impulsada por el PRI, desde el gobierno,
para mermar posibilidades de triunfo al PAN en los comicios del próximo siete
de julio.
Además, en una primera defensa de Nava
descalifica a la información por imprecisa, por lo menos en fechas, pero aboga
porque se dé oportunidad a Nava de defenderse, un procedimiento de elemental
tesitura legal.
Lo cierto es que el señor Nava debe una
explicación, como funcionario público que fue, con salario altísimo pagado con
nuestros impuestos, respecto de cómo es posible que haya amasado una fortuna
para estar en condiciones de regalar un depar de siete millones de pesos a su
segunda consorte.
Ahora que, por el lado que atisba Madero, en
esto de la campaña contra Acción Nacional, difícil cubrir las huellas digitales
priistas –oficiosas o no—del cobro por la persecución que, junto con el PRD, ha
hecho el PAN contra Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Desarrollo Social
que recibió el espaldarazo público de su jefe, el presidente Enrique Peña
Nieto, que enfureció a panistas y perredistas, por el caso Veracruz.
Y es que, mire usted, poner en predicamento
al Pacto por México, por cuestiones de supuesta maquinación fraudulenta
electoral, que ya le costó la chamba al secretario de Finanzas y Planeación del
gobierno veracruzano, Salvador Manzur Díaz, no es asunto menor. La postura del
PAN, que no mengua porque se engalló con el agregado de candado electoral a
este Pacto por México, no quedaría impune.
¿César Nava irá a prisión? Tal vez no;
tampoco renunciará Rosario Robles Berlanga a la Sedesol ni mucho menos Javier
Duarte al cargo de gobernador de Veracruz. Es la misma película de la Ley del
Talión. ¿Cuántos escándalos políticos más? Los necesarios para allanar caminos
rumbo a la elección del siete de julio. El que se ríe se lleva, pero la sangre
no llega al río. Digo.
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