Sean
mil o mil trescientos los desplazados de varios poblados en municipios de la
región de la tierra caliente, es un hecho no solo lamentable sino indignante.
Vuelve
esto a encender las luces rojas en el estado de Guerrero, por la inoperancia del
llamado Operativo Guerrero Seguro (OGS) y es además una demostración de la
ausencia del gobierno del estado para proveer de seguridad a la población y
proteger no solo sus sus derechos humanos sino también patrimoniales,
amenazados hoy por el crimen organizado que opera a sus anchas en esta región
colindante con el estado de Michoacán.
El
simple hecho de que las propias autoridades locales estén convalidando el
desplazamiento obligado por la violencia ejercida por estos grupos criminales,
demuestra que la fuerza de las instituciones no han sido suficientes para
repeler las actividades de estos grupos y que el operativo Guerrero Seguro ha
fallado totalmente, además que el blindaje ofertado por el gobernador Ángel
Heladio Aguirre Rivero no ha funcionado aún y con la participación de los
elementos del ejército mexicano y la marina Armada de México.
Por
lo tanto, miles de familias han tenido que huir de sus lugares de origen e irse
a refugiar a donde le fuese posible, sin tener siquiera el apoyo y la
cooperación de ninguna de las instituciones sociales que operan dentro de los
tres niveles de gobierno.
Cuando
los desplazados estaban sufriendo las vejaciones de los delincuentes, sean de
origen guerrerense o michoacano, el titular del ejecutivo, Aguirre Rivero,
estaba evaluando con toda la parafernalia de la ocasión, la puesta en escena
del programa nacional contra el hambre con la presencia de la titular de la
Secretaría de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga. Esta actitud
de ambos funcionarios solo nos mostraron y demostraron lo ausente que estaban
de lo que ocurría en su entorno próximo.
Como
si Guerrero no tuviera ya demasiados rezagos sociales que atender, hoy se suma
otro más por culpa de un erróneo funcionamiento de los encargados de otorgar seguridad
pública a la ciudadanía, como es el caso de los desplazados y hoy refugiados.
Solo
nos falta que se demande la presencia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados (ACNUR) para acabar con el cuadro de la inutilidad de la
función gubernamental en esta entidad, la cual sigue a pasos acelerados el camino
recorrido por el gobierno de Michoacán entidad que hoy está gobernada desde la
Secretaría de Gobernación federal.
Beatriz
Mojica Murga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de
Guerrero, ha admitido que en esta entidad hay desplazados y solo ha informado
que será hasta este lunes cuando se de a conocer la forma como el gobierno va
actuar, lo que nos quiere decir que las policías y las fuerzas armadas no están
actuando ya para repeler la acción violenta de los criminales que han amenazado
de muerte a quienes hoy han tenido que huir de sus hogares.
El
discurso gubernamental está mas que agotado en el estado de Guerrero, ya nadie
le da la mas mínima credibilidad a lo que ofrece, promete o se compromete el
titular del ejecutivo.
Solo
tenemos que recordar que hace ya más de un año que esta región de la tierra
caliente estaba bajo la amenaza y el yugo del crimen organizado y que por
diversos medios se le dio a conocer al gobernador Aguirre, quien no solo
prometió una batida contra estos criminales con la ayuda y prestancia del
ejército mexicano, pero la promesa quedó en veremos y nunca se actuó y por lo
tanto se siguieron dando hechos lamentables que han costado la vida de muchos
ciudadanos y otros más que han sido extorsionados, secuestrados y violentados
en sus derechos humanos.
Meses
después de que el gobernador Aguirre encabezó en Acapulco (julio del 2012) los Diálogos por la Convivencia y la Paz en
Guerrero, se comprometió a llevar a cabo un programa para atender el
reclamo de los ciudadanos en las siete regiones de la entidad, cosa que nunca
se cumplió y que hasta la fecha se espera que se actúe en consecuencia.
En
aquella ocasión, la región de la tierra caliente estuvo ausente en la reunión,
por el temor de los ciudadanos para hablar sobre lo que estaba aconteciendo
ahí, pues eran y son presas del terror, de la incertidumbre y de la ausencia de
protección por parte del gobierno estatal y federal.
El
coordinador de esta jornada, Javier Morlet Macho, no ha logrado hacer entender
al gobierno estatal de actuar en consecuencia y ha sido presa fácil de la
verborrea y la demagogia oficial.
Los
resultados están a la vista.
La
región de la tierra caliente al igual que otras más, están siendo presa fácil
de la delincuencia común y organizada y los hechos hablan por sí mismos.
Los
desplazados son una afrenta más al Estado de derecho, a la democracia y a las
instituciones nacionales.
Los
desplazados hoy son refugiados.
Esto
es inédito en Guerrero. Nunca antes se había visto tal afrenta.
Si
en alguna ocasión se dio el caso de personas desplazadas de sus lugares de
origen fue durante la llamada Guerra
Sucia de Guerrero en los años setentas cuando se dieron algunos casos
producto del terror impuesto por las fuerzas armadas quienes andaban en busca de
guerrilleros y que dieron como resultado la desaparición de más de 700
guerrerenses que hasta el momento no se sabe en donde se encuentran.
Pero
nunca en tiempos de paz, Guerrero había sufrido tal agravio como el que hoy han
infringido los grupos criminales de Guerrero o de Michoacán.
Lo
cierto es que las fuerzas policiacas y federales no han podido someterlos y
esto si que nos coloca en los linderos de la ingobernabilidad.
Periodista/Analista
Político*
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