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| Rodrigo Huerta Pegueros |
Está más que claro que
después de la tormenta natural, llega la tormenta política. Por ello el
gobierno federal ha empezado ya a difundir por todos los medios posibles todo
lo que ellos hicieron para alertar a los gobiernos estatales y municipales
sobre los efectos negativos que traerían consigo los fenómenos meteorológicos
que se avecinaban, solo días antes del histórico día 15 de Septiembre, fecha
emblemática para todos los mexicanos, pues es cuando conmemoramos con bombo y
platillo el inicio de la guerra de independencia nacional.
Conocemos ahora los estragos
que estos fenómenos tropicales: Manuel
e Ingrid, causaron a su paso por los estados del país que tocaron y la
forma como el gobierno federal junto con los estatales y municipales
enfrentaron los estragos causados y que todavía están ahí presentes, como si la
tormenta hubiese sucedido solamente unos días antes y no como sucedió, dos
semanas atrás.
Pero cuando en Guerrero los
daños se han cuantificado en miles de millones de pesos y los daños de los
pueblos son todavía incuantificables, lo sucedido con los muertos todavía no se
terminan de contar pues existen decenas de desaparecidos.
Pero ya se ha elevado la voz
de la sociedad civil para demandar que se castigue a los que resulten
responsables de esta tragedia la cual fue, en gran parte, resultado de la forma
como los gobernantes manejaron a su antojo los planes de desarrollo urbano, no
los respetaron, los violaron en forma flagrante y sin el más mínimo escrúpulo
recibieron por ello los beneficios económicos de los también voraces e irresponsables
desarrolladores de viviendas, centros comerciales y hospederías. Lo mas grave
de todo es que a dos semanas de lo sucedido
los desarrolladores urbanos, particularmente de la zona Diamante, no han dado la cara para aceptar su
responsabilidad frente a las víctimas y quienes de buena fe compraron viviendas
y terrenos en esas zonas inundables.
Ya la dirección nacional de
protección civil ha dicho que se avisó a todos los gobiernos estatales y
municipales sobre la peligrosidad de los meteoros y que se tiene registro
puntual de cuales gobiernos hicieron algo al respecto y con ello salvaron vidas
humanas y evitaron un mayor efecto destructor.
Pero también han declarado los
funcionarios federales, entre ellos el secretario de gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, que no se solapará a ningún gobernante que no haya tomado cartas
en el asunto de manera inmediata.
Tal parece que muchos de
estos gobernantes despachan en el estado de Guerrero, tanto en palacio estatal,
como en varios ayuntamientos.
Muchos tratan ya de lavarse las manos pero pocos podrán
salir bien librados si es que las sanciones se imponen sin miramientos y sin
contaminación política.
En el caso de las
investigaciones que el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó realizar para
determinar fielmente quienes son los responsables de que se construyeran casas a
la vera de ríos y sobre humedales, las cuales fueran arrasadas y con ellas sus
habitantes quienes hoy no solo han perdido propiedades sino también todo lo que
tenían dentro y algunos hasta han sufrido la o las pérdidas de seres queridos.
En una forma de oportunismo
político el gobierno estatal, en voz del gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero, ha declarado su adhesión a lo ordenado por el presidente Peña Nieto,
esto es, que se lleven a cabo las investigaciones reclamadas, aunque como todos
saben, parte de los daños causados por
el reciente meteoro se deben no solo a administraciones pasadas sino también a
la actual, donde están involucrados servidores públicos del gabinete aguirrista
y de otros de rango municipales incluido el de Acapulco.
Para conocer a los culpables
directos de esta inmunda corrupción política y oficial, bastaría revisar los
medios de comunicación impresos de los últimos 15 años y sabremos quienes
fueron las autoridades que dieron los permisos para construir en zonas de alto
riesgo, con serias afectaciones a las zonas de humedales sino también los daños
irreversibles a varios ecosistemas de la parte baja de lo que se conoce como
laguna negra de Puerto Marquez y que desemboca a la playa del Revolcadero en
Playa Diamante.
Todo lo que se vió inundado
en la zona no fue otra cosa mas que producto de la voracidad de las autoridades
y desarrolladores inmobiliarios por hacerse de esos terrenos y construir sobre
ellos sin importarles futuras consecuencias tal y como sucedió hace unos días.
Habrá que recordarles que en
esta zona baja de Acapulco se unen el rio de la Sabana, la laguna de Tres
Palos, la laguna de Puerto Marquez y un sinnúmero de arroyos que con la
creciente de estos afluentes provocaron la destrucción de todo lo que
encontraron a su paso.
Ojalá y la puesta en marcha
de la investigación del gobierno federal no vaya a ser tan solo una maniobra de
tipo político y transitoria y no se vayan a determinar y consignar a los culpables
de estos daños materiales y humanos y menos se les vaya a castigar por la vía
penal pues de suceder esto, el gobierno federal y particularmente el presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, quedará en serio cuestionamiento ante el
pueblo guerrerense y en particular el del municipio de Acapulco donde mayores
daños causó el fenómeno Manuel.
Veamos que pasa, estemos
atentos y denunicemos lo que no se haga para hacer justicia a las víctimas de
estos fenómenos meterológicos.
El colegio de arquitectos y
de ingenieros del estado de Guerrero tienen mucho que aportar en este tema pues
saben bien quienes son los directamente responsables de las violaciones al plan de desarrollo urbano de la zona Diamante
y tienen claramente identificadas las fechas y en que años se realizaron los cambios
que no debieron haberse realizado nunca.
VALE
Periodista/Analista
político*
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