EL DÍA QUE LA CÁMARA FUE DISUELTA

Ciudad de México.- La tarde del viernes 10 de octubre de 1913 más de 800 hombres armados sitiaron la Cámara de Diputados. Soldados y agentes de la policía secreta, vestidos de civiles, irrumpieron en el interior del recinto legislativo de Donceles y Allende después de golpear a los mozos de las tres entradas, y ocuparon el vestíbulo, las tribunas, las galerías, los palcos y las azoteas.

Pelotones de la tropa regular se apostaron en los sótanos, mientras el 29 Batallón de Aureliano Blanquet –el mismo que arrestó al presidente Francisco I. Madero el 18 de febrero de 1913 durante la Decena Trágica– se colocó en la calle de Donceles; el 15 Batallón en Medina (hoy Allende) y el 9o. Regimiento Montado en los alrededores.

El oficial mayor de la Cámara se comunicó por teléfono con el presidente del Poder Legislativo, José María de la Garza, para contarle los hechos. Con voz angustiada le reportó que los hombres iban armados con una o dos pistolas y que llevaban entre 40 y 60 cartuchos cada uno; también que el inspector general de Policía, Francisco Chávez, lo había amenazado con un arma.

En más de 16 años que llevaba en el puesto, desde la época porfirista, nunca había visto algo semejante. “Me siento maniatado, ¡no sé qué hacer!…”, terminó por decirle, rendido.

De la Garza no dio indicaciones, le dijo al oficial mayor que esperara. No dimensionaba aún la magnitud de los acontecimientos.

Horas más tarde, y después de levantar la sesión, De la Garza terminó arrestado junto con 83 diputados y encarcelado en la Penitenciaría de Lecumberri. La XXVI Legislatura fue disuelta.

El Acuerdo de la Cámara

Para el día en que tuvo lugar el golpe al Congreso, el senador Belisario Domínguez llevaba tres días desaparecido. Eran conocidos por la opinión pública los discursos del 23 y 29 de septiembre en los que denunció el carácter dictatorial del régimen y “el cúmulo de falsedades” del informe presidencial de Victoriano Huerta.

El primero de los discursos había circulado con amplitud gracias a que fue impreso de manera clandestina por María Hernández Zarco –una de las fundadoras de la Casa del Obrero Mundial, integrante del Club Liberal Benito Juárez y nieta de Francisco Zarco, historiador y periodista de la época reformista– quien trabajaba en una imprenta en la calle de Tacuba.

Domínguez no era el primer opositor desaparecido desde que Victoriano Huerta asumiera la Presidencia el 19 de febrero de 1913. Serapio Rendón, Adolfo Gurrión, Néstor Monroy y Edmundo Pastelín –diputados del Bloque Renovador, opositores a Huerta–, así como otros generales maderistas, periodistas y obreros integraban una larga lista de personajes asesinados, presos y desaparecidos entre febrero y octubre de ese año.

La mañana del jueves 9, Ricardo Domínguez y Federico Tovar –hijo y sobrino del senador– acudieron con Virgilio Figueroa, diputado de Chiapas; y con Víctor Manuel Castillo y Emilio Rabasa, senadores por el mismo estado, para informar sobre la desaparición.

La notificación de la misma, de acuerdo con el acta de sesiones del 9 de octubre (Diario de Debates de la Cámara de Diputados, 1913) fue presentada en la Cámara por los diputados chiapanecos Jesús Martínez Rojas, César Castellanos, Manuel Rovelo Argüello, Adolfo Grajales y Virgilio Figueroa.

La moción desató una “tempestuosísima sesión”, como la denominaría el diario El Paísen su edición del viernes.

Jesús Martínez Rojas, diputado del Bloque Renovador, leyó desde la Tribuna: “Interpélese al Ejecutivo, por medio de una Comisión, sobre la desaparición del señor senador Belisario Domínguez, pues se tienen datos de que se le aprehendió en su domicilio…, no volvió, no se presentó a las sesiones y se ignora la suerte que haya corrido”.

En medio de manifestaciones de reprobación, el diputado Ignacio Muñoz, de Veracruz, afirmó que no había pruebas suficientes para hacer especulaciones y que debía fundamentarse el caso para no “poner en ridículo” a la Cámara.

Adolfo Grajales, diputado de Chiapas, manifestó que la desaparición se debía al “candente discurso” del senador, lo que ocasionó gritos pidiendo que se leyera en el momento.

“No puedo complacer a la Cámara porque no tengo ese discurso”, dijo, “sólo sé que pocos días después desapareció”.

Después de la discusión, la moción presentada fue aprobada y, mientras la Cámara se declaraba en sesión permanente, cinco diputados acudieron a Palacio Nacional para entrevistarse con Manuel Garza Aldape, quien había sido nombrado ministro de Gobernación el 7 de octubre.

Garza Aldape y el gobernador del Distrito Federal, Ramón Corona, respondieron en la reunión a los legisladores que desconocían que Belisario Domínguez estuviera desaparecido; dijeron que les causaba mucha pena el incidente y prometieron consignar el asunto ante las autoridades judiciales.

Martínez Rojas, quien presidió la Comisión, habló desde la Tribuna media hora después para notificar la respuesta del ministro. Las declaraciones causaron un alboroto general y un acalorado debate, en el que Eduardo Neri, diputado renovador por Guerrero, pronunció un célebre discurso que motivaría la creación, en 1969, de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913″ (Diario de los debates, XLVII Legislatura, 1969).

En su intervención, habló con indignación de los casos de legisladores desaparecidos y la implicación de las autoridades, y exhortó a los diputados a tomar una determinación ante la impunidad en que permanecían los crímenes.

“Por desgracia, nosotros no hemos tomado una actitud digna de esta Cámara… Con estos procedimientos, de ir a interpelar al Ejecutivo por conducto de su ministro, no parece sino que va un grupo de mendigos a pedir un favor… Si el Ejecutivo enarbola su bandera negra contra nosotros, es necesario que enarbolemos también nuestra bandera roja de abnegación y de fe”, concluyó en medio de una fuerte ovación del pleno.

La polémica cobró mayores dimensiones con la participación de Armando Ostos, diputado de Tamaulipas de la corriente felixista –partidario del general Félix Díaz, que se levantara en armas durante la Decena Trágica contra el Presidente Madero–, quien argumentó que no se tenía la certeza de que Belisario Domínguez hubiera sido asesinado y que la Cámara de Diputados no debía ser “acusadora”.

“No sabemos si está muerto”, aseguró. “¡Lo está, lo está!”, respondieron los diputados desde las curules –según relata la crónica de El País(10 de octubre, 1913).

Al final de la sesión, se elaboró un documento con 22 firmas, el cual incluía cinco proposiciones: 1. Nombrar una comisión que investigara el paradero de Belisario Domínguez; 2. Invitar al Senado para que nombrara otra con el mismo fin; 3. La comisión procedería de acuerdo a los resultados de la investigación; 4. Comunicar el acuerdo al Ejecutivo, haciéndole saber que la representación nacional ponía las vidas de los diputados y senadores bajo su salvaguardia, y 5. Trasladar las sesiones del Congreso a donde hubiera garantías para los legisladores en caso de que se diera otra desaparición.

El documento se sometió a votación y fue aprobado por diputados renovadores, felixistas, independientes, liberales y católicos.

La investigación

A las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre comenzaron los trabajos de la Comisión investigadora, de acuerdo con el testimonio del diputado Jesús Martínez Rojas.

Cartas abiertas y cerradas, papeles desordenados, ejemplares de la prensa diaria, centenares de hojas con un discurso impreso y un original firmado estaban sobre el escritorio de la habitación del Hotel Jardín.

Una maleta vacía y sin llave, la totalidad de la ropa en los armarios y un camisón de dormir sobre la cama completaban las pertenencias que Armando Ostos, Jesús Martínez Rojas y Aquiles Elorduy encontraron en el lugar donde residía el desaparecido senador.

Además de registrar los objetos, los diputados recabaron diversos testimonios con la ayuda de un taquígrafo de la Cámara.

Entre las 12 de la noche y la una de la madrugada, el doctor Belisario Domínguez había salido custodiado por dos hombres y, regresando de la puerta de la calle –según informó el guardia del hotel– había encargado que avisaran a su hijo Ricardo que se lo llevaban “individuos que se decían agentes de la policía secreta”.

Los empleados también dijeron haber visto que subían al senador a un automóvil y que, posiblemente, según rumores que la Comisión ya no tuvo tiempo de confirmar, había sido conducido al panteón Nuevo Coyoacán.

Después de realizar indagatorias por más de tres horas, la Comisión investigadora pensaba presentar ante el pleno, en la sesión de la tarde, los avances obtenidos hasta ese momento.

La última sesión

Momentos antes de las cuatro de la tarde del viernes 10 de octubre, los diputados discutían reunidos en los salones de juntas o en los pasillos, únicos espacios que las fuerzas federales habían dejado libres al ocupar el recinto.

Circulaban rumores de que los agentes de la policía secreta abrirían fuego si la votación de la Cámara no era favorable a la resolución que el Ejecutivo había tomado la noche anterior en Consejo de Ministros, la cual sería anunciada por el Ministro de Gobernación.

“Serán agredidos de un modo u otro”, había dicho un militar a Rodolfo Reyes, diputado felixista y antiguo Ministro de Justicia de Victoriano Huerta, según relataría en sus memorias.

Se comentaba que el Grupo Renovador pretendía exigir la renuncia del Presidente y que uno de sus miembros, Pascual Alva, los había delatado.

Iniciada la sesión –mientras una multitud se aglomeraba en los alrededores del recinto–, desde la Tribuna el enviado de Huerta, Manuel Garza Aldape, dio lectura a la resolución presidencial sobre las proposiciones del día 9.

El funcionario expresó que la actitud de las Cámaras había causado “profunda extrañeza” al Ejecutivo y que el acuerdo, que no estaba fundado ni en la razón ni en la ley, constituía una transgresión de las prerrogativas y derechos de los otros Poderes.

Antes de anunciar que tenía la orden de permanecer en la Cámara hasta que la moción fuera votada, Garza Aldape sentenció:

“Si esta Asamblea, cediendo a estímulos de patriotismo y de justicia, no reconsidera y revoca su acuerdo, suya será la responsabilidad de los acontecimientos a que su actitud pueda dar lugar”.

Terminada la intervención del ministro, pidió la palabra el diputado Malo Juvera, pero ésta le fue negada por el presidente de la Cámara, quien turnó el dictamen a las comisiones de Gobernación –lo que significaba abrir un plazo de 15 días para deliberar antes de realizar la votación.

Minutos antes, de acuerdo con el testimonio de Rodolfo Reyes, Juvera había comentado que dispararía sobre Garza Aldape “al primer tiro que sonara”.

El presidente de la Cámara, al aplazar la votación –en la interpretación de Martínez Rojas– evitaba que la Cámara se viera obligada a votar por la revocación de los acuerdos o que, al afirmar lo ratificado el día anterior, se generara una “discusión inconveniente”.

Después de levantar la sesión, José María de la Garza tropezó en la escalinata de la tribuna con Garza Aldape, quien le dijo: “oye Chema, no tratemos de hacernos guajes; si las Comisiones no dictaminan dentro de quince minutos, disuelvo el Congreso”.

En una sesión conmemorativa del Golpe, 26 años después (10 de octubre de 1939), De la Garza relataría que se negó a ceder ante la presión del ministro y que mantuvo la decisión de esperar a que resolvieran las comisiones.

Garza Aldape se retiró contrariado de la Cámara y De la Garza se dispuso a recibir a un secretario del Senado, enviado para anunciar que la Cámara alta respaldaba la decisión.

Minutos después, el general Alberto Quiroz, Jefe de la Policía de a pie, con una lista de 110 nombres en la mano, dio la orden para que los agentes y militares realizaran las detenciones.

De acuerdo con testimonios de los diputados y crónicas de la época, después de ser reunidos en el vestíbulo, los legisladores salieron, uno por uno, con “correa al brazo” del edificio de Donceles.

Formados en filas de dos en fondo, custodiados entre las tropas de infantería y caballería, aguardaron hasta la caída de la tarde para ser llevados a la Penitenciaría de Lecumberri.

Unos a bordo de tres tranvías, otros a pie, los diputados recorrieron las calles ante multitudes de curiosos que desde las aceras, zaguanes, puertas y ventanas los vieron desfilar.

Al día siguiente, el 11 de octubre de 1913, en los diarios y en las esquinas apareció el Manifiesto de Victoriano Huerta que justificaba la disolución del Congreso:

“Las Cámaras de la actual Legislatura de la Unión…, bajo el Gobierno que en la actualidad rige los destinos de la República, han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo, hostilizándolo en todos sus actos e invadiendo su jurisdicción”.

“Si ha de romperse el orden constitucional por uno u otro medio como resultado de la obra antipatriótica de los señores miembros del Poder Legislativo, es indispensable que mientras se reconstituyen las instituciones, se salve la patria y la dignidad nacional”.

El Manifiesto continuaba con tres decretos que anunciaban: 1. La supresión del fuero a los miembros de la XXVI Legislatura, quedando sujetos a la jurisdicción de los tribunales; 2. La concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República en los ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra mientras se instalara el nuevo Congreso; y 3. La orden de disolución de las Cámaras y la convocatoria para realizar elecciones presidenciales y legislativas el 26 de octubre.

El día en que se llevarían a cabo los comicios, en los diarios de mayor circulación se leía en primera plana: “Hoy es un gran día para la vida de la República”.

Mientras tanto, los diputados de la primera Legislatura electa democráticamente en México, ocupaban las celdas de la Penitenciaría del Distrito Federal.

Fuentes:

Diario de Debates de la Cámara de Diputados. XXVI Legislatura, 1913.

Diario de Debates de la Cámara de Diputados. XXXVII Legislatura, 1939.

El Imparcial. Octubre 1913.

El Independiente    . Octubre 1913.

El País.          Octubre 1913.

“Decretos de Victoriano Huerta con motivo de la disolución de las Cámaras” en Belisario Domínguez. Vida y obra de un gran mexicano.          Instituto Belisario Domínguez / Senado de la República LXI Legislatura, 2010.

Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura Federal          de Diego Arenas Guzmán. Tomo 5, 1961.

Los diputados, lo que se ve y lo que no se ve de la Cámara            de Félix F. Palavicini, FHIRM, 1976.

El asesinato oficial del senador Dr. Belisario Domínguez. La disolución de las cámaras federales y el Gral. Victoriano Huerta. Memorias de la Penitenciaría por un diputado del XXVI Congreso de la Unión            de Jesús Martínez Rojas, 1914.

Breve historia de la Revolución Mexicana        de Jesús Silva Herzog, FCE, 1972.

Historia de la Revolución Mexicana       de José T. Meléndez, INHERM, 1987.

Memorias políticas de mi vida II   de Rodolfo Reyes, México 1913 -1914. Biblioteca Nueva, Madrid, 1930.

Mónica Mendoza Martínez