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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
A toro pasado, el diputado
federal por el PVEM, Antonio Cuéllar Steffan refiere que de aplicarse en sus
términos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente “se pudieron salvar vidas y evitar que miles de mexicanos
perdieran su patrimonio por falta de prevención, ante los efectos de las
huracanes que provocaron deslaves e inundaciones provocadas por las intensas
lluvias de las últimas semanas en Guerrero”.
Mediante un comunicado de
prensa, el legislador Cuéllar, miembro de la Comisión del Distrito Federal en
la Cámara baja, recordó que dicha ley ejerce en su
marco normativo que las
autoridades de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, eviten
los asentamientos humanos en zonas donde la población se exponga al riesgo de
desastres por impactos adversos del cambio climático.
Bien por esta
refrescada de memoria del diputado del Verde Ecologista, para estas autoridades
y legisladores también, que olvidaron las disposiciones legales a la hora de
hacer negocios con licencias para construir en zonas de alto riesgo y con ello
prohijado impunidad, pero en lo fundamental pusieron en riesgo la vida de miles
y miles de ciudadanos en estados azotados por las lluvias.
Lo peor del
caso, sobre todo en tratándose de un diputado militante del Partido Verde
Ecologista de México, es que hasta estas alturas diga que la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “ofrece la oportunidad de
crear el Atlas Nacional de
Vulnerabilidad ante el Cambio
Climático, con el fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno
lo tomen en cuenta en la elaboración, actualización e implementación de
sus programas de ordenamiento ecológico”.
¿Hasta cuándo
se contará con ese Atlas? Vaya usted a saber con esto de que los legisladores
andan más preocupados por una reforma política y electoral que tiene trazas de
gatopardismo, porque el tema de la asistencia y ayuda a los miles de
damnificados en Guerrero y Michoacán, tiende al esquema asistencialista del
borrón y cuenta nueva.
Mire usted, el
diputado Cuéllar Steffan plantea: “las autoridades deben auxiliar a la
población, principalmente de escasos recursos, con nuevas técnicas que permitan
regularizarlos en zonas menos vulnerables y ejercer mayor control de los
asentamientos en lugares no aptos para la urbanización, como barrancas y
riberas”.
Plausible la
recomendación del diputado que, sin querer queriendo, se ha instalado en ese
grupo de quienes a toro pasado invocan justicia, censuran a la corrupción de
funcionarios públicos, pero no van más allá. ¿Impulsará la aplicación, en sus
términos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente para salvar vidas y evitar que miles de
mexicanos pierdan su patrimonio a consecuencia de fenómenos naturales? Esa es
su obligación. Como la del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, de proceder contra quienes, como
funcionarios públicos, autorizaron edificar en zonas de alto riesgo, en
humedales y cauces naturales que, con las lluvias, arrasaron asentamientos
humanos.
El secretario
Ramírez Marín tiene los nombres de esos funcionarios e incluso legisladores que
promovieron tráfico de influencias para lograr esas licencias de construcción.
La omisión de un funcionario público es delito. El silencio es complicidad. Y
Ramírez Marín tiene fama de honesto. Ojalá y no nos vayan a salir con charales
en lugar de peces gordos. Conste.
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