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martes, 7 de octubre de 2014

Entresemana Comisionados, no interinos Moisés Sánchez Limón


El más reciente, que no último, gobernador que debió solicitar licencia para separarse del cargo por exceso de atribuciones, porque como señor feudal provocó una sangrienta represión en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio de 1995, fue el priista Rubén Figueroa Alcocer. El caso de Fausto Vallejo se cuece aparte.
Por la matanza de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, se ha insistido en enjuiciar a Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces Presidente de la República, aunque no se incluye en este escenario a quien, por esas fechas, fungía como gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.
Y mire usted las casualidades. Cuando Rubén Figueroa debió pedir licencia por tiempo indefinido, aunque no se le procesó por la matanza de Aguas Blancas, quien lo relevó con el carácter de sustituto fue Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces priista distinguido que hoy, converso al perredismo, se desempeña nuevamente como gobernador, pero elegido en un proceso electoral en el que dejó sembrado en el segundo sitio al priista Manuel Añorve Baños.
Paradojas de la vida política y el ejercicio del poder: Aguirre Rivero enfrenta una situación de suyo más grave que la que provocó la defenestración de Figueroa.
Pero, en un exceso de protagonismo, sabedor de que el estilo de gobernar de Enrique Peña Nieto carece de un capítulo destinado a defenestrar gobernadores, blofeó al decir que si de algo sirve su renuncia, para resolver le desaparición y segura ejecución de 48 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, renuncia.
Algo similar dijo en su momento Fausto Vallejo Figueroa, en esos días en los que el poder se le deshacía en las manos como gobernador de Michoacán, un estado cuya estructura de gobierno, esencialmente el municipal, estaba infiltrada y controlada por el crimen organizado. Vaya, hasta su hijo Rodrigo “El Gerber” Vallejo, estaba acusado de vínculos con Los Caballeros Templarios y, en concreto, con Servando Martínez “La Tuta”.
El muchacho está en chirona y don Fausto se fue a rumiar a su casa los días de gloria y poder. Salvador Jara, ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se desempeña como gobernador sustituto. A su lado, en el control político y de seguridad está Alfredo Castillo Cervantes, designado en enero de este año comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.
¿Por qué el de Fausto Vallejo no cae en el procedimiento tomado en el caso de Rubén Figueroa? Porque el michoacano se fue a su casa por evidente falta de control político, incapacidad para gobernar, porque su equipo estaba disperso y el crimen organizado era el que realmente mandaba en Michoacán. No, Fausto no se excedió en sus atribuciones ni incurrió en omisiones de gobierno, la enfermedad lo anuló e incurrió en el pecado de proteger a su hijo y disculpar sus excentricidades como junior, nada nuevas porque datan desde que “El Gerber” era un mozalbete y su papá era el presidente municipal de Morelia y un político respetado.
Este es, en todo caso, el símil en el que incurre el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado de nepotismo, señalado por sus excesos en la fiesta, no en el poder, dueño de un desdén por los conflictos, rodeado de amigotes y recomendados con los que pagó las facturas políticas de quienes le apoyaron en esa campaña por el gobierno estatal. Aunque olvidó a quienes realmente lo respaldaron y arroparon.
Pero Ángel Heladio sabe que la vía de la renuncia –legalmente hay elementos para aceptársele sin medias tintas—no es praxis del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dizque colaborará con el gabinete de seguridad. Dizque.
No hace falta que los incapaces o excesivos, los dictadorzuelos o ineficientes, los omisos y feudales gobernadores renuncien o soliciten licencia.
No es necesario recurrir al juicio de procedencia para desaforarlos ni determinar la desaparición de poderes para que el Gobierno Federal intervenga.
Enrique Peña Nieto aplica una nueva figura sustituta que se llama comisionado especial o coordinador de representantes de dependencias públicas ante una crisis política, de seguridad o por cuestiones climatológicas en las que los gobernadores francamente son una nulidad, ya porque esa es su catadura o defienden y encubren intereses ilegítimos y hasta criminales.
De lo que se trata es de garantizar gobernabilidad, evitar el desvío de recursos presupuestales, vacunar a un equipo de trabajo contra el virus de la corrupción, destrabar compadrazgos y exorcizar influencias criminales.
Por eso, en Michoacán hay interés de grupos bien focalizados que demandan, en privado y medio en público, la salida del comisionado Castillo Cervantes. Tal vez en breve, haya movilizaciones en Tamaulipas que acusen a las fuerzas federales de excederse en el combate al crimen organizado, porque supuestamente hay daños colaterales contra la ciudadanía. Y pedirán su salida del estado, mientras el gobernador Egidio Torre Cantú presume que gobierna.
Por eso, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, debió atender la urgencia provocada por el huracán Odile y ponerse al frente de un grupo interinstitucional del gobierno federal, para evitar que ayuda material y económica se fuera a los bolsillos de funcionarios estatales. El gobernador Marcos Covarrubias no era garantía de manejo honesto y transparente.
Por eso, al frente de las investigaciones y prácticamente del control de seguridad en el estado de Guerrero, ha sido designado Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal. Ángel Heladio puede respirar tranquilo porque, en lo que le resta de gestión, el gobierno federal le hará la chamba. Hasta el PRD lo desconoce y el PRD será el pagano en la elección del año entrante. Seguramente volverá el PRI al palacio de gobierno en Chilpancingo.
Y, como dijo el clásico de Siempre en Domingo: ¡Aún hay más! Para qué lesionar al voto popular y escandalizar con defenestraciones. Bien por la figura de comisionado. Digo.
MIÉRCOLES.- La comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, no fue un día de campo, en efecto, pero no cayó en esos extremos de las descalificaciones peyorativas. Chuayffet compareció como parte de la Glosa del Segundo Informe presidencial y en la agenda estaba el tema del IPN. No le rehuyó. Pero más allá de respuestas dialécticas planteó que éste es el mejor momento no para discutir en torno de la autonomía del IPN, sino para sentarse a platicar punto por punto “para darle concreción, para materializar las respuestas que se han venido dando a favor de un movimiento (el de los estudiantes politécnicos) que, repito, es plenamente sano y respetable por parte de la sociedad mexicana”. Conste.

@msanchezlimon

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