NOTAS SOBRE LA DRAMÁTICA CRISIS POLÍTICA Por Carlos Reyes Romero

Hasta encontrarlos. La prioridad nacional sigue siendo encontrar a los normalistas desaparecidos. La exigencia se ha extendido por todo el país y también por el mundo. Es un reclamo humanitario urgentísimo.

No es para menos; la mayoría de ellos son jóvenes de primer año de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Además, son jóvenes de escasos recursos cuya única opción real de estudios es esta escuela. En ella obtienen estudios, hospedaje, alimentación, libros, material escolar y una pequeña partida recreativa estudiantil para sus gastos menores. Aunque todo ello de manera muy, muy raquítica y en instalaciones muy deterioradas y ruinosas por la falta de mantenimiento.

Aun así, los egresados de Ayotzinapa son los normalistas del estado con las más altas calificaciones ˗ellos sí presentan exámenes de conocimientos, mientras que desgraciadamente en las otras normales públicas los maestros califican a los alumnos al “tanteo” o de acuerdo al “regalito” que les dan; por otra parte, los despectivamente llamados “Ayotzinapos” son los profesores que más aguantan las difíciles condiciones para el ejercicio docente en las comunidades rurales donde los mandan.

No son flores de pavimento, ni gente de pensamiento sometido.

La esperanza está en el aire. En los últimos días ha corrido muy fuerte el rumor de que los normalistas desaparecidos están vivos y en poder de un grupo delictivo, que pide una fuerte suma ˗y seguramente impunidad˗ por dejarlos en libertad.

El gobernador Rogelio Ortega ha manifestado que sí esto es cierto, está dispuesto a negociar y también puede interpretarse como una señal positiva en tal sentido, la reciente negociación que el gobierno federal patrocinó para lograr la liberación de los ciclistas secuestrados en días pasados en el Ajusco.

Ojalá esto sea cierto y los normalistas sean encontrados con vida.

No importa el monto de lo que haya que pagar, lo importante es rescatarlos.

Excelente desempeño.- La activa participación de integrantes del sistema de seguridad y justicia ciudadana de la UPOEG en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, contrasta con la morosidad e indolencia mostrada por los funcionarios de la feneciente administración aguirrista, particularmente de los encargados de seguridad pública y justicia.

Sin aspavientos ni protagonismos estériles, indagando aquí y allá, recogiendo las voces e informaciones del pueblo, como sólo saben hacerlo quienes son pueblo, los policías comunitarios recorren los intrincados caminos, brechas y senderos de nuestra agreste orografía en busca de los muchachos.

El ejército, la marina y la policía federal han aprendido a trabajar codo a codo con ellos, olvidando, aunque sea temporalmente, los roces y encontronazos que anteriormente se han dado. En el fondo saben, por experiencia propia, que los comunitarios tienen razón y que sólo el pueblo puede ser efectiva salvaguarda de la seguridad y la justicia.

Para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, urge la renovación de mandos en la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ello contribuirá a avanzar en el restablecimiento de la paz, la armonía social y la reconciliación en Guerrero.

El todavía Fiscal General del Estado Inaky Blanco Cabrera, debe ser separado del cargo e investigado por omisión, encubrimiento y obstrucción de justicia y lo que resulten, cuando menos en los casos de Armando Chavarría Barrera, Moisés Villanueva de la Luz y en el de José Luis Abarca por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, así como por los crímenes de lesa humanidad que éste cometió en Iguala.

También debe ser investigada la conducta de los mandos superiores y medios de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil y sus fallas y omisiones en cuanto a garantizar la seguridad pública, así como sus posibles colusiones con el crimen organizado.

En el Tribunal Superior de Justicia hay un extendido rechazo al retorno del Doctor Martínez Garnelo a la presidencia del Poder Judicial. Pesa mucho en el ánimo de magistrados y jueces, la intervención que aquel tuvo en la liberación del delincuente Carlos Alberto García Castro, conocido como “El Calilla”.

Aferrados al cargo. Parecen chamacos los funcionarios del sector central y paraestatal de la administración pública, designados por el anterior gobernador Ángel Aguirre, que se niegan a presentar su renuncia.

Ora sí que las leyes no escritas, el protocolo y las buenas costumbres obligan a todos los ocupan un puesto de mando o de confianza en gobierno a presentar su renuncia cuando hay un cambio de titular, máxime cuando se trata del gobernador del estado en quien reside constitucionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Mal se ven los funcionarios que nadando de muertito actúan como si nada hubiera pasado y se hacen como que la virgen les habla, cuando se trata de dejar en libertad al nuevo gobernador de nombrar gente de su confianza en los cargos públicos.

Como en todo hay sus excepciones. Enhorabuena por Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas y Juan Larequi Radilla, quienes en tiempo y forma presentaron sus renuncias. Héctor Manuel Popoca Boone, en un acto de dignidad política y de solidaridad con los jóvenes masacrados y desaparecidos lo hizo semanas antes de que Aguirre se fuera.

Afortunadamente, a todos los demás ya les recordaron y pidieron la inmediata presentación de su renuncia. Ya no pueden hacerse como el tío Lolo.

Llama la atención que en un inédito acto de gobierno, se les haya pedido también que aquellos que tengan interés en colaborar con el nuevo gobierno, anexen a su renuncia una solicitud escrita donde expresen claramente su petición junto con las razones que la motivan, la cual prometen será valorada y, con las reservas del caso, dictaminada. Es una oportunidad no esperada para todos.

Los nombramientos hasta ahora expedidos por el gobernador Rogelio Ortega Martínez muestran un necesario ejercicio de concertación con las fuerzas políticas y sociales tanto a nivel federal como estatal, no obstante que la mayoría de ellos proviene o han ocupado cargos en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Por el bien de todos los guerrerenses, ojalá den prontos y buenos resultados.

Noviembre 1 de 2014