¿QUÉ VA A PASAR AHORA? Carlos Reyes Romero

CARLOS REYES ROMERO

Ya era hora. Por fin Rogelio Ortega Martínez, actual gobernador de Guerrero, hizo lo que debió haber hecho desde que asumió el cargo: dialogar con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sumarse físicamente a sus demandas de justicia y presentación con vida de sus hijos.

Ciertamente, fue sólo con una parte de ellos, pero es un mensaje muy revelador que de continuar puede llevar a que el gobernador sea factor relevante para remontar la crisis de incredulidad y desconfianza hacia todos los poderes públicos que vive la sociedad mexicana.

Bien dice el Presbítero Baltasar Vega Ramos: un solo acto bien intencionado puede redimir muchos errores. Y ese es el punto a favor de Rogelio Ortega.

No es fácil y declaraciones como la que vino a hacer el presidente Peña Nieto a Acapulco, acerca de que hay que empezar a remontar y olvidar la barbarie, no ayudan en nada antes bien atizan el fuego.

Ojalá Rogelio Ortega vuelva los ojos más frecuentemente a su pasado, a los ideales democráticos y se comprometa más con la sociedad guerrerense y no sólo con quienes lo postularon para su actual responsabilidad.

Es menos de un año lo que le resta al frente del Ejecutivo, pero es más que suficiente para demostrar que puede ser un buen gobernante o… el peor.

Cirugía mayor. El presidente Peña Nieto sigue entrampado en querer minimizar la barbarie de Iguala y dejarla en un simple ajuste de cuentas con el grupo criminal “Guerreros Unidos” y el ex edil de Iguala José Luis Abarca, sin tocar a ningún otro funcionario estatal o federal, a pesar de que existen serias evidencias de que hubo solapamiento, encubrimiento y obstrucción de la justicia, no sólo en cuanto a lo que sucedía en el Ayuntamiento de Iguala, la policía municipal y entre los mandos del 27 Batallón del Ejército que deliberadamente se hicieron de la vista gorda, sino que varios funcionarios de primer nivel federal y estatal sabían lo que estaba pasando y no actuaron a tiempo para impedir la tragedia que conmociona al país y al mundo.

Por ese camino se está conduciendo al estado y al país hacia una crispación social que adquiere niveles de ingobernabilidad más riesgosos, mientras las acciones represivas generan mayores y más contundentes rechazos.

Peña Nieto se niega a aceptar que lo grave de la situación requiere de una cirugía mayor. El contubernio entre autoridades, policías, juzgadores y delincuentes, es objeto de señalamientos, críticas y denuncias ascendentes sin que el gobierno federal haga algo serio para erradicarlo.

El gobernador de Morelos ya adelanto algo respecto de las drogas, pero la verdad es que para acabar con la violencia que ensangrienta al país, habría que tomar cuando menos tres medidas urgentes.

La primera, sería legalizar y reglamentar adecuadamente la plantación, exportación y consumo de mariguana y orientarla fundamentalmente hacia los mercados estadounidense y europeo. Convendría también valorar la posibilidad de hacer lo propio con los plantíos de amapola. Ellos necesitan la droga; nosotros necesitamos seguridad pública y paz social.

La segunda, es más drástica y consistiría en decretar un indulto general, al que pudieran acogerse todos aquellos que dentro y fuera de los poderes públicos están coludidos con los secuestros, el cobro de piso, la trata de blancas y el tráfico ilícito de órganos. Son tantos los empresarios, funcionarios y juzgadores que tienen vela en el entierro que nadie se atreve a actuar para que no le pisen la cola. Pueden establecerse varias modalidades al respecto, pero lo fundamental está en aplicar una política de borrón y cuenta nueva.

La tercera medida, sería ejercer acciones efectivas para llevar ante la ley a quienes continúen delinquiendo, haciendo caso omiso del indulto mencionado. Lo cual tendría que ser acompañado, como ya lo hemos dicho, de un acuerdo de todas las fuerzas políticas y de un Consejo de Estado, que garanticen honestidad pública, cero tolerancia al delito y a la impunidad, fin a la colusión gubernamental y policíaca con el crimen organizado, alto a la prevaricación de la justicia y blindaje y limpieza efectiva del sistema electoral.

¿Se irán, igual que llegaron? El pasado 3 de diciembre se puso en marcha el operativo especial de seguridad Tierra Caliente, con el que la Secretaría de la Defensa Nacional asume el control de la seguridad en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Morelos; operativo que en Guerrero abarcara 22 municipios, 12 de la región Norte, los nueve de la región Tierra Caliente, y Eduardo Neri (Zumpango) de la región Centro, participando efectivos de la Policía Federal y su división de Gendarmería, la PGR, la Marina, el Ejército y el Cisen.

Sin embargo, tan necesario e importante operativo corre el riesgo de quedar en nada, como ha sucedido con otras intervenciones federales en el estado.

¿Quién no recuerda que durante los gobiernos de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, los federales se limitaban a perseguir la piratería de películas y música, ubicar autos robados, detener a consumidores de drogas y amedrentar a sexoservidoras? Pero eso sí, jamás tocaban a los Beltrán Leyva y al Chapo Guzmán, que todos sabían que operaban libremente en el estado, ni a Rogaciano Alba quien era protegido de Zeferino Torreblanca con pleno conocimiento de la PGR. Otro botón de muestra: desde principios de este año, luego del atentado al líder empresarial Pioquinto Damián Huato, los federales llegaron a Chilpancingo y sin embargo el crimen sigue operando a sus anchas.

El Presidente Peña Nieto, Gobernación, las fuerzas armadas, el Cisen, la PGR y el gobierno del estado conocen la gravedad de lo que acontece en la Tierra Caliente, virtualmente bajo el control de la delincuencia organizada. Saben también que los delincuentes traen a un grupo de secuestrados sembrando enervantes en la Sierra, entre ellos muchos jóvenes levantados en Chilpancingo y otras ciudades de la entidad ˗lo cual ha denunciado varias veces en tribuna el diputado local Rubén Figueroa Smutny˗, saben bien quiénes son y cuál es su estructura y ramificaciones. No vienen a ciegas.

La pregunta obligada es: ¿Van a actuar efectiva y eficazmente contra ellos o nada más vienen a gastar en gasolina, viáticos, hospedaje y a cobrar horas extras y estímulos? Lo cual sería muy grave porque aumentaría la creciente y ya desbocada incredulidad ciudadana hacia las instituciones.

El mando del operativo está a cargo del general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Enrique Dena Salgado.

Esta es la primera vez en el país que el Ejército asume oficialmente el mando único. De ahí la enorme responsabilidad que la institución tiene por sus resultados. Ojalá cumpla.

Diciembre 7 de 2014.