Este miércoles 25 de febrero, el coordinador de la diputación federal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ha cumplido 36 años de edad y forma parte de la generación que creció en un México señalado como uno de los países más corruptos del mundo: ocupa el sitio 103 de 174 países de todo el orbe, según evaluación del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
Dice el queretano Anaya Cortés que la corrupción hoy le cuesta a México, cada año, 1.5 billones de pesos; esto equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los años.
Pero, no es que México, antes de febrero de 1979 --cuando nació el joven Anaya—brillara como una nación despojada de pillastres de cuello blanco ni que, por ejemplo, sus cuerpos policiacos estuvieran integrados por diáconos o monaguillos. Infortunadamente la corrupción es una especie de sello connatural del ser humano; hay quienes nacieron para ello. ¿La corrupción se mama, se aprende o se contagia?
En esto no hay medias tintas, se es corrupto y punto. Y viene a colación irremediable la paráfrasis de aquel lema de campaña de José López Portillo y Pacheco “La solución somos todos” que devino, al término de su administración en “La corrupción somos todos”, convertida en deporte y acto de fe de funcionarios públicos que se hicieron millonarios en el cargo, especímenes de esa fauna de los nuevos ricos sexenales.
Los miembros de la generación que nació en aquel sexenio que vomitó camadas de nuevos ricos, pocos de ellos juzgados penalmente cuando Miguel de la Madrid Hurtado echó a andar la “Renovación Moral de la Sociedad” y entambó al mejor espécimen ejemplo de la corrupción, Arturo “El Negro” Durazo Moreno, hoy son burócratas, directivos, secretarios de despacho, legisladores, artistas, académicos, desempleados, jefes de familia, docentes y, en fin, ciudadanos que han sido víctimas de la corrupción cuando no actores de ésta, impávidos cómplices o partícipes obligados por las circunstancias en la comisión de la misma.
Han pasado 33 años desde aquella pretendida acción moralista y persecutoria de corruptos en el sector público que emprendió la administración de Miguel de la Madrid con el contador público Francisco Rojas Gutiérrez como el primer titular de la naciente Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) –29 de diciembre de 1982-- que transitó con más pena que gloria hasta convertirse en la Secretaría de la Función Pública, cuya muerte por decreto fue mentís porque, por razones poco claras, finalmente el presidente Enrique Peña Nieto le devolvió la vida con un cuate suyo –como ha sido práctica elemental—, Virgilio Andrade Martínez con carácter de titular.
Por supuesto, la corrupción debe combatirse mediante acciones de pirámide inversa, es decir, desde los altos cargos, de arriba para abajo. Porque el policía que extorsiona paga una parte al jefe inmediato superior y de ahí hacia el alto mando, como ocurre con el jefe de la oficina que sella documentos y otorga permisos o da el VoBo a una licitación y se reporta con el diezmo hacia el jefe, el director, el subsecretario y, por antonomasia del ilícito, al funcionario de mayor jerarquía que, al final de cuentas, dirá que desconocía lo ocurrido en su ámbito.
Pero, bueno, la página negra de la historia nacional registra contados casos de altos funcionarios que hayan sido juzgados por corruptos y encarcelados. Los más fueron parte del cobro de facturas a sus jefes. Ajuste de cuentas políticas con la ausencia de voluntad política para aplicar las leyes porque, como refería mi colega y columnista Miguel Ángel Rocha Valencia, ¿para qué hacer tantas reformas, si con aplicar las leyes vigentes como debe sería suficiente para meter a chirona a los delincuentes de cuello blanco?
En efecto, hay leyes que de tanto ser enmendadas dejan de ser efectivas y se vuelven sólo buenos deseos o mecanismos utilizados como petate del muerto.
El de Pancho Barrio Terrazas es ejemplo estrella. Cuando secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el sexenio de Vicente Fox, ofreció meter a prisión a verdaderos peces gordos, es decir, funcionarios públicos corruptos, mas no tocó ni charales. Vaya, se le fue vivo el mismo Vicente y sus hijastros, cuya fortuna se nutrió del tráfico de influencias y conflicto de intereses. ¿De dónde salió la lana para construir el Centro Fox y las dos haciendas en donde hasta antes del año 2000 se transpiraban deudas? ¿Fueron los ahorros de doña Marta?
¿Cuántas fortunas se han amasado, ampliado, robustecido y nunca compartido con los habitantes de zonas miserables del país, a lo largo de 33 años? Ofende el enriquecimiento ilícito e indigna la flexibilidad de la ley que se aplica selectivamente y, decía en la entrega anterior, procede con rudeza contra quien se roba un pan pero con delicada impunidad contra aquellos que transan cientos de millones de pesos desde el alto cargo en perjuicio del erario federal.
Han pasado 33 años y, después de un estira y afloje, negociaciones entre los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, la LXII Legislatura federal está a punto de parir el Sistema Nacional Anticorrupción.
Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sus contrapartes del PRD, Miguel Alonso Raya y, del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunciaron este martes que llegaron a un acuerdo y determinaron concretar en comisiones la iniciativa de reforma constitucional que dará vida a este compromiso de combatir, desde todos los ángulos y los tres niveles de gobierno, a la corrupción.
Y este jueves 27 de febrero, en la sesión del pleno camaral llevarán el dictamen para obviarle procedimiento y someterlo a discusión y aprobación, luego turnarlo al Senado para su procedimiento en los congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional.
Indudablemente habrá una renuencia, elemental y prácticamente parte del escenario legislativo, de diputados de esa oposición que asombraría si aprobara una sola iniciativa en el pleno camaral. Desfilarán personajes como Ricardo Monreal, Ricardo Mejía Berdeja, Rafael Huerta Ladrón de Guevara y María Luisa Alcalde Luján, en especial, pero sin duda procederá la mayoría calificada.
Para Ricardo Anaya, ésta reforma que dará vida a todo un esquema jurídico y administrativo en el combate a la corrupción en México, tiene estatura similar al de las reformas estructurales, la reforma política de 1977 que abrió la puerta del Congreso de la Unión a los partidos de oposición. Sí, sin duda será la resultante de la voluntad política mayoritaria. ¿Combate en serio a la corrupción? ¿Ahora sí? Conste.
MIÉRCOLES. Por cierto, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside el priista jalisciense Abel Octavio Salgado Peña, aprobó punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía rinda informe del resultado de la aplicación de las Normas Oficiales Mexicana relativos al cumplimiento de condiciones de seguridad y operación de las empresas distribuidoras de gas LP en territorio nacional. Este es, indudablemente, un imperativo. Digo.
@msanchezlimon
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