TRASLADARÁN A GONZALO MOLINA Y ARTURO CAMPOS A PENALES DE GUERRERO

Chilpancingo, Guerrero, 6 de junio.- El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado informó que Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se encuentran recluidos en el Cefereso número 1 del Altiplano desde 2013, serán traídos en próximas horas a los Ceresos de Chilpancingo y Ayutla, respectivamente.

El traslado de los líderes de la CRAC se logró en respuesta a la petición que hicieron sus familiares y los dirigentes de la Policía Comunitaria, para que el gobierno del estado que encabeza Rogelio Ortega Martínez, interviniera para agilizar los trámites, por lo que se espera que este domingo lleguen a los penales de la entidad.

Cabe recordar que Gonzalo Molina, policía comunitario adscrito a la Casa de Justicia de El Paraíso, fue detenido por la Policía Ministerial del Estado en un retén en la carretera federal Chilpancingo a Chilapa, a la altura del internado Adolfo Cienfuegos y Camus en Tixtla, y después recluido en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad.

El 2 de junio del 2013 fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Estado de México y procesado por los delitos de secuestro agravado, terrorismo y otros, en las causas penales 23/2014-1, 157/2013-II, 196/2013-1, 11/2014.

Hace unas horas, Gonzalo Molina González terminó su huelga de hambre que mantuvo durante 23 días, luego de conocer que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García dio fin a su ayuno de protesta en el penal de Tepepan.

Por su parte, Arturo Campos Herrera, consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla, fue detenido en Chilpancingo en diciembre del 2013 por la Policía Ministerial del Estado, luego de participar en un evento de organizaciones sociales como representante de la CRAC y posteriormente también fue llevado al Cefereso del Altiplano.

Con el traslado de Gonzalo Molina y Arturo Campos a reclusorios de Guerrero, el gobierno estatal ratifica su voluntad de analizar la situación jurídica de los dirigentes sociales que se encuentran en cárceles de otras entidades del país.