¿En serio nos sorprende
que haya miles de asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones sin
resolver? ¿Que El Chapo se escape por segunda vez de una cárcel de máxima
seguridad y sea casi un héroe popular? ¿Que en los spots para su localización
se diga que está condenado a prisión y no prófugo como es la palabra correcta?
¿El despido de funcionarios que son menores en proporción a la magnitud del
hecho? ¿El hilo más delgado? ¿Arrojar a los leones al menos poderoso?
La impunidad de la clase
política no es ninguna noticia en México. Lo relevante sería que se aplique la
Ley a cualquiera de sus miembros que la
viole o incurra en responsabilidades, a cualquier nivel, porque son quienes
deben dar el ejemplo y tienen el compromiso moral y legal (en el caso de
quienes gobiernan) de perseguir y castigar los delitos.
Así debería ser. Pero lo
que es, y existe, es la aplicación selectiva, a quienes pierden la simpatía del
gobierno en turno. Al amigo justicia y gracia, al enemigo, la Ley a secas.
A la ex líder magisterial
Elba Esther Gordillo y al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier se les
detuvo; los ex gobernadores Humberto Moreira de Coahuila y Luis Armando Reynoso
Femat de Aguascalientes, están libres, aunque Reynoso enfrenta actualmente
procesos en su contra.
Recientemente la
Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia contra ocho
gobiernos estatales que se presume desviaron 8 mil millones de pesos, de
partidas federales para los rubros de salud, seguridad pública, educación
básica y normal.
Varios diarios de
circulación nacional detallan que el estado de Veracruz suma 15 denuncias;
Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3 y
Tlaxcala, 2.
Las demandas se derivaron
de una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas
públicas de 2008, 2009, 2010 y 2011, durante la cual el órgano fiscalizador
detectó que simularon la devolución de dinero que se les reclamó como parte de
las diversas irregularidades que les fueron observadas.
¿El modus operandi? La ASF
les hacía las observaciones, los gobiernos estatales depositaban el dinero
correspondiente en una cuenta bancaria, y una vez que la ASF daba por
solventadas las anomalías lo retiraban sin que se sepa el destino final de esos
recursos (Periódico Metro, domingo 19 de julio de 2015).
¿Quiénes gobernaban en los
estados involucrados durante el periodo auditado? En Veracruz la revisión
comprende los periodos de Fidel Herrera Beltrán (2008, 2009 y 2010), y el
primer año de Javier Duarte de Ochoa (2011); en Michoacán, Leonel Godoy Rangel;
en Guerrero gobernaba, Zeferino Torreblanca Galindo.
En Colima la auditoría
abarca los dos años de Jesús Silverio Cavazos Cevallos (asesinado al concluir
el mandato que ganó en elecciones extraordinarias tras el accidente aéreo en
que murió el anterior gobernador Gustavo Vázquez Montes), y los tres primeros
del actual gobernador, Mario Anguiano Moreno.
En Oaxaca comprende los
últimos dos años y medio del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y el primero y medio
de Gabino Cué Monteagudo; en Chiapas, la administración de Juan Sabines; en
Tabasco, la de Andrés Granier (preso por similares motivos); en Tlaxcala abarca
el periodo de Héctor Ortiz Ortiz y el inicio del actual gobierno de Mariano
González Zarur.
¿Quiénes serán alcanzados
por el largo brazo de la justicia y quiénes cobijados en el seno protector del
sistema político? Mejor dicho. ¿Cuántos correrán la mala suerte de Elba Esther
y Granier, y cuántos tendrán la buena estrella de Moreira y Reynoso Femat a
siete años de que se les detectaron las primeras irregularidades?
Las primeras denuncias por
este caso se presentaron en agosto de 2013 y las últimas en noviembre de 2014.
En un país donde los
gobernantes violan la Ley que juran cumplir y hacer cumplir, en el que la
justicia no es pronta ni expedita, mucho menos cuando se trata de enjuiciar a
los poderosos ¿qué nos puede sorprender la impunidad? Lo dicho. Noticia sería
que todos ellos, estuvieran ya sujetos a procesos penales. Todo lo demás, es simulación.
Por cierto…
¿Qué pasó con la
investigación prometida por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 a los
damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel en Acapulco? Sí. Es la que
ordenó a la Sedatu para sancionar a los ex alcaldes que autorizaron cambios de
uso de suelo y dieron permisos de construcción en zonas inundables. ¿Impunidad?
¿Cómo creen? ¿Lentitud? ¡Apenas van dos años!
jalepezochoa@gmail.com
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