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| JESÚS LÉPEZ OCHOA |
El asesinato del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa, se suma a una larga lista de atentados contra la prensa a lo largo y ancho del territorio nacional, mismos que tienen por común denominador la impunidad.
En un país donde las víctimas de la violencia se cuentan por millones, la gente seguramente se preguntará ¿qué diferencia hay entre un periodista y el resto de los ciudadanos que han sido asesinados, desaparecidos, secuestrados, extorsionados o lastimados en su seguridad y la de sus familias por la terrible situación que enfrenta el país?
La vida humana es lo más valioso que existe y sin lugar a dudas tiene el mismo valor intangible e incalculable. No hay una medida que alcance para ponerle precio y diferenciar así una vida de otra con base a su profesión u ocupación.
Abogados, ingenieros, doctores choferes, albañiles, amas de casa, estudiantes, maestros y cuanto sector se le ocurra, ha sumado víctimas, números fríos a las estadísticas oficiales, cuya supuesta tendencia a la baja es irrelevante en tanto sigan ocurriendo los crímenes, ya que cada dígito que se mantiene en las cifras de violencia es una vida, una familia y una comunidad profundamente lastimadas.
Visto en el contexto general de la violencia podría pensarse que diferenciar entre el asesinato de un periodista y el de cualquier otra persona sería hablar de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No es así.
Mientras la mayor parte de los homicidios derivan de la falta de autoridad, los crímenes contra la prensa son además producto del autoritarismo.
El periodista es la máxima representación de uno de los derechos civiles consagrados en la Constitución: la libre expresión. Cuando un gobernante, algún criminal o los dos juntos atentan contra un periodista o un medio de comunicación, simbólicamente están atentando contra un derecho de todos los ciudadanos. Asesinan personas, asesinan derechos.
Los crímenes contra periodistas tienen una connotación política, no sólo porque provienen de la clase política o del Estado mismo, sino porque el ejercicio de las libertades es un parámetro utilizado internacionalmente para medir el grado de democratización de las naciones. A menor libertad de expresión, menor democracia y mayor autoritarismo en México.
Solamente en el primer semestre del presente año, la Fundación Artículo 19 documentó 227 agresiones contra la prensa en México, casi 38 al mes, lo cual quiere decir que en este país hay una agresión diaria contra algún periodista o medio de comunicación.
Guerrero es el estado con mayor número de agresiones, 38 casos, alrededor de seis por mes. La mayor parte ocurridos en Acapulco, Iguala, Tixtla, Tlapa y Chilapa. Como en todos los casos de violencia, la inmensa mayoría de estas agresiones quedan impunes.
¿Alguien sabe qué resultados ha dado la Fiscalía con la que cuenta la Procuraduría General de la República para “investigar” estos crímenes? ¿A cuántos responsables ha enviado a prisión? ¿Qué resultado podemos esperar sobre el homicidio de Rubén Espinosa?
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