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| EFRAÍN FLORES IGLESIAS |
Se aproxima el primer
aniversario del ataque y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa en Iguala por parte de policías de ese municipio y sicarios del
grupo delictivo “Guerreros Unidos”, hechos que cimbraron al país y que tuvo su
repercusión a nivel internacional.
Aquella noche del 26 de
septiembre generó una grave crisis política y social, propiciando la caída del alcalde
José Luis Abarca Velázquez y del
gobernador Ángel Aguirre Rivero. De
hecho, era una de las demandas de los normalistas, padres de familia de los
desaparecidos y organizaciones sociales.
Hasta el momento no ha
sido aclarado del todo el Caso Iguala. La Procuraduría General de la República
(PGR) sigue investigando al respecto, pero sus hipótesis no han sido bien
recibidas por los agraviados.
Cabe destacar que en el
caso también participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como científicos de la
Universidad de Innsbruck, Austria, y del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
En un principio se
entendió las protestas violentas que realizaron los normalistas y profesores de
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG). No hay que
olvidar que quemaron edificios públicos, vehículos (oficiales y particulares) y
bloqueos en la Autopista del Sol y carreteras en diferentes puntos de la entidad.
Lo
malo de todo es que el dolor de los padres de los normalistas desaparecidos ha
sido aprovechado de manera oportunista por intereses oscuros,
que en nombre de la lucha social pretenden incendiar, no solamente al estado de
Guerrero, sino al país entero.
El vocero de los padres de
familia de los desaparecidos, Felipe de
la Cruz Sandoval, por ejemplo, no tiene ningún hijo desaparecido. Radica en
Acapulco, donde tiene dos plazas de maestro, cobra sin adscripción alguna y es aviador.
O sea, cobra sin trabajar.
Y no sólo eso, pertenece a
la CETEG y ha sido vinculado de formar parte del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI), grupo guerrillero que tiene fuerte presencia en las
regiones de la Costa Chica y Montaña de la entidad. Además, Felipe de la Cruz es oriundo de la
localidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, considerado con alto
índice de sembradíos de amapola.
La
tendencia del vocero de los padres de los normalistas desaparecidos hacia la
guerrilla, es obvia. No puede ocultarla. Todo lo que huele a
gobierno, le es insoportable.
Claro, no es el único que
adopta posturas radicales. También el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan” ha sido comparsa del vandalismo protagonizado por los
normalistas y cetegistas. Se dicen
defensores de la ley, pero en los hechos demuestran lo contrario. Están a favor
de la anarquía y de que se violente el derecho de terceros.
En
Tixtla, municipio en donde están las instalaciones de la
Normal de Ayotzinapa, los pobladores
aseguran que han visto a un buen número de extranjeros en los disturbios que
han protagonizado los normalistas. Y no hay que descartar eso.
Por eso, insisto, la demanda de justicia por el Caso Iguala
se ha desvirtuado. Intereses perversos se aprovechan del dolor de los
padres de los estudiantes desaparecidos, a quienes les han metido la idea de
que todo lo malo que pasa en el país es culpa del gobierno y que deben de
participar en una revuelta armada.
También hay que destacar
que las autoridades han demostrado su ineficacia para resolver el asunto. La
PGR ha sido lenta, a tal grado que Jesús
Murillo Karam fue removido de la dependencia, ya que en una conferencia que
dio el 7 de noviembre de 2014 sobre Caso Iguala dijo “Ya me cansé”, lo cual generó múltiples reacciones en las redes
sociales.
Está bien que los padres
de familia se manifiesten por lo sucedido en Iguala, pero eso de que se presten
a realizar acciones vandálicas, es cuestionable. No se vale exigir justicia y cometer delitos. Deben reconocer que sus
hijos estuvieron en el lugar y momento equivocados.
Los jóvenes fueron
atacados por sicarios de “Guerreros Unidos” y policías municipales de Iguala y
Cocula. Hay varios detenidos por ese caso, pero las autoridades federales
tampoco han informado sobre las declaraciones ministeriales que han rendido José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa; y
tampoco ha citado a declarar al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y a funcionarios estatales, quienes tienen
mucho que aportar sobre el caso.
Y
sigo insistiendo, grupos subversivos aprovechan el Caso Iguala para
desestabilizar al país, utilizando a Guerrero como laboratorio para su
“revolucioncita”.
ENTRE
OTRAS COSAS… El que de plano volvió a tirar la “toalla”
fue Armando Ríos Piter.
El mentado “Jaguar”
desistió de seguir en su lucha para ser dirigente nacional del PRD,
argumentando que están en contra de la decisión del Congreso Nacional de ese
partido de aprobar alianzas con el PAN para la elección de 2016.
Jajajaja. Ríos Piter se cree un santo de la
izquierda. Olvida que fue panista
y subsecretario de la Reforma Agraria en la administración del ex presidente Vicente Fox Quezada. Y eso no es todo,
el gatito de la Costa Grande, digo, “Jaguar”, fue colaborador del ex gobernador
priista René Juárez Cisneros y en el
gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León. ¿A poco ya se le olvidó?
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E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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