Epístolas Surianas (Carta al Gober) De Julio Ayala Carlos

ESTÁ CLARO QUE  los cuerpos policiacos, llámese  Policía  Federal Preventiva, incluida la Gendarmería, Policía Estatal Preventiva, y Policía Municipal Preventiva, no están diseñados para el combate de delincuencia, llámese organizada o común, sino para su prevención, contención, y cuando mucho control.

En este sentido, es difícil, por no decir imposible, que estos cuerpos policiacos, Policía Federal, Estatal y Municipal, puedan hacerle frente, y en consecuencia, disminuir los índices delictivos, alarmantes por cierto, que existen en todo el estado de Guerrero. Y es que, estos cuerpos policiacos están preparados para prevenir la delincuencia, no para enfrentarla.

Salta pues, entonces, la pregunta de quién puede hacerlo, y la respuesta, aunque incómoda, polémica y hasta cuestionable, es que es el Ejército, junto con su policía militar, el que tiene capacidad para ello. Nadie más, si es que hay un compromiso verdadero para hacerle frente a la violencia y acabar con los delincuentes.

Y es que solo el Ejército parece no estar corrompido, o infiltrado por la delincuencia, contrario a lo que ocurre con los cuerpos policiacos, incluida la Policía Investigadora Ministerial. Y es que los hechos demuestran que, en el caso de la delincuencia organizada, las detenciones de sus dirigentes han sido por parte de las fuerzas armadas.

Es cierto. El Ejército tiene como principal función el defender la soberanía nacional, pero si de verdad se quiere terminar con las bandas delincuenciales que incluso han retado al Estado como gobierno, debe modificarse la Constitución política del país, y las normas legales que sean necesarias, para que las fuerzas armadas, a través de su policía militar, encabecen el combate a la delincuencia y violencia.

Por supuesto hay quienes dicen que el Ejército, en vez de estar en las calles debe volver a sus cuarteles, y que para resolver el problema de la inseguridad pública hay que pactar con los delincuentes como, se dice, se hacía antes. Y hay también quienes proponen que, en el caso de las drogas, hay que legalizarlas para así acabar con el negocio que genera y la violencia que engendra por la defensa o conquista de los territorios.

Mientras tanto, los guerrerenses en particular, aunque ocurre en todo el país, sufren los estragos de la violencia, como consecuencia de la ineficacia de políticas públicas en materia de seguridad, así como de la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades para resolver este grave problema que afecta, directa e indirectamente, a toda la sociedad.

Ya lo decíamos. Nunca como ahora un gobernador, que habrá de tomar protesta del cargo en ocho días, había estado tan cerca de la violencia, como lo ha estado Héctor Astudillo Flores, quien tras los hechos del sábado en Acapulco señaló que “Viví lo que muchos guerrerenses viven a diario”, por lo que se espera, a partir del 27 de octubre, una verdadera coordinación con el gobierno federal, en materia de seguridad pública, que implique una real participación de los cuerpos policiacos, de las fuerzas armadas, incluida la Marina, y todas las secretarías federales para atender no sólo la prevención, persecución y combate de la delincuencia, sino también  resolver las causas que le dan origen.

Y es que si bien es cierto que se requiere combatir la violencia, es también urgente atender los problemas multisectoriales que la originan, y que tienen que ver con la falta de empleo y de oportunidades para vivir mejor. Es necesario invertir más en educación, en escuelas y en mejores maestros; en cuestiones de salud, que tiene que ver con más hospitales, médicos y medicamentos, y por supuesto, es imperativo que se tengan mejores ingresos para que los guerrerenses, como los sierreños en particular, ya no tengan necesidad de sembrar enervantes porque no tienen otra alternativa de vida.

Por supuesto, es también necesario que los alcaldes, y los directivos de seguridad pública municipal, así como todos los del gobierno del estado, también pasen por los niveles de certificación y confianza, a fin de desechar la sospecha de que no están ligados a la delincuencia.

Por último, creo yo que el Congreso de la Unión, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados federal, también deben pronunciarse al respecto.

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