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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Sin duda no fue improvisado lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto de las responsabilidades que tienen los ex gobernadores de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, en la violencia que vive aquella entidad.
Apenas en alcance del reproche presidencial, el pasado 30 de octubre, a gobernadores y presidentes municipales con aquello de que no existen pretextos para cumplir con sus obligaciones porque, “lo que no se vale, lo que no es admisible para el orden particularmente municipal es evadir la tarea pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades y a veces, hasta nadar de muertito y dejar que esta tarea para hacerla otros”.
Ello sería indicativo de que, en ese renovado ánimo de poner orden en Michoacán y Guerrero, donde las cenizas de aquel fuego que no se apagó por completo, han reavivado, la decisión presidencial es acabar con impunidades y falsos amiguismos porque, como lo acotó Peña Nieto en su momento, apenas unos meses después de haber asumido la Presidencia de la República, “el Presidente no tiene amigos”.
En ese sentido se atisba la voluntad de retirar el manto protector al ex amigo presidencial, Ángel Heladio Aguirre Rivero, cuya declaración ministerial respecto del caso Iguala-Ayotzinapa es desconocida, aunque presumida y hasta falseada ante diputados federales integrantes de la Comisión Especial Legislativa en torno de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Y es que, frente a la pretensión de la delincuencia organizada de incendiar al estado de Guerrero mediante el uso y manipulación de los normalistas que un día sí y el otro también roban, vandalizan y atemorizan a la población, se ha decidido aplicar la ley y llamar a cuentas a quienes, por omisión e irresponsabilidad dejaron crecer un conflicto cuyos motivos son históricos en la región de Tierra Caliente y La Montaña guerrerense y una parte importante de ese eje en el estado de Michoacán.
En consecuencia, acorde con esa alusión de Osorio Chong bien se ajustan los casos de los ex gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como responsables, por lo menos por omisión, de esta espiral de violencia que ha llevado a la entidad a estadios de vida que influyen sobremanera en la migración y expulsión de mano de obra.
Porque si de aplicar la ley se trata, el sistema mexicano se las pinta solo y cuando quiere echa el guante a funcionarios corruptos. Sin medianías ni actos de autoritarismo, simplemente con voluntad política para aplicar las sanciones. Pero, parejo.
Veamos. En el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado, los artículos del 108 al 114 establecen las sanciones a que se harán acreedores “por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
El artículo 108 refiere que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
“Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios”.
Las herramientas jurídicas y penales existen, un empujoncito de voluntad política oxigenaría el escenario del ejercicio presidencial porque guerrerenses, michoacanos, oaxaqueños, chilangos y vecinos de otras entidades como Chiapas que han sufrido a las movilizaciones magisteriales y de otros sedicentes luchadores sociales, están hartos de esta situación.
Pero, vaya, el objetivo está en esos personajes que transitan impunes. Reitero lo referido en este espacio hace unas semanas cuando pregunté a Lázaro Cárdenas Batel que opinaba de que se le acusa de haber provocado, junto con Leonel Godoy, la crisis de inseguridad y crecimiento del crimen organizado. Sonrió y evitó responder. Impunidad.
Y el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, abona en esos linderos de impunidad cuando descalifica a Osorio Chong y dice que éste busca explicar la violencia en Guerrero de manera facilona, cuando es vox populi con evidencias documentadas la inacción de Aguirre Rivero y de su interino Rogelio Ortega.
“La violencia se desató porque no se formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no los capacitaron y no había controles de confianza, por lo que era muy difícil tomar la acción que le correspondía al gobierno de Guerrero, y se lo dijimos al gobernador Aguirre y al gobernador interino”, dijo el secretario de Gobernación.
No, esa no es explicación facilona, es evidencia de que el gobierno de Peña Nieto ha llegado al límite de soportar descalificaciones y que los responsables de la inseguridad y violencia focalizada anden por la vida impunes.
¿Le llegó la hora al amigo Aguirre Rivero? ¿Quién o quiénes caerán en Michoacán? Silvano Aureoles ofreció aplicar la ley; Héctor Astudillo Flores está en el momento de hacer lo mismo. Ambos tienen los pretextos en las movilizaciones con las que los dueños de la industria de la protesta los recibieron en el arranque de sus administraciones. ¿Gobernadores omisos? Digo.
VIERNES. De madrugada, en la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero despertó a medio mundo con la estridencia discursiva. Anda muy beligerante. Conste.
@msanchezlimon
Vanguardia Digital
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