El alto nivel de desconfianza hacia las
agencias del Ministerio Público y la Policía Ministerial obliga a hacer del
proceso de elección de quien será el nuevo Fiscal General del Estado de
Guerrero un ejemplo de transparencia.
Según el Instituto Nacional de Geografía e
Informática (INEGI), el nivel de confianza de los ciudadanos de Guerrero hacia
la Fiscalía y sus ministerios públicos es apenas del 32.6 por ciento, y el de
la Policía Ministerial es de 27.6 por ciento.
De ahí que sólo el 5.8 por ciento de los
delitos son denunciados por los afectados. Hablamos entonces de un nivel de
impunidad de por lo menos el 94.2 por ciento. Casi total.
Tan solo en el mes de octubre hay registro
de 167 homicidios en Guerrero, que ocupa el primer lugar nacional en este delito,
el cuarto en secuestro y el décimo tercero en extorsión y robo de auto, según
la organización civil Semáforo Delictivo que lleva un ranking a nivel nacional
y de todas las entidades federativas.
Ante este panorama no basta con el
ejercicio de democracia representativa en el que el Congreso recibe las
solicitudes de los aspirantes, depura la lista que en esta ocasión es de 21
pretensos, la envía al Ejecutivo que le devuelve una terna con unos cuantos
nombres y los diputados haciendo uso de la representación ciudadana que
constitucionalmente ostentan votan por alguno de ellos.
A mi juicio, antes de depurar los 21
nombres el Congreso del Estado debiera dar a conocer los curriculums de todos
los aspirantes y decirnos quienes presentaron un plan de trabajo con objetivos
específicos y compromisos de trabajo que puedan ser fiscalizados y juzgados por
la sociedad.
Hasta el momento solamente uno de los 21
aspirantes, el abogado Uriel Fernández Peláez, acompañó su solicitud de
registro con un plan de trabajo.
Además, al enviar la lista depurada al
gobernador Héctor Astudillo, el Congreso tendría que dar a conocer a quiénes
dejó fuera y por qué, así como los criterios que le valieron a los demás
continuar en la competencia por el cargo y de igual manera la terna debería regresar al Legislativo con
una explicación respecto a la selección.
El proceso es tedioso, sí, pero necesario.
A los guerrerenses no debe quedarnos duda de que se eligió a la mejor persona
para ese delicado encargo. La recuperación de la confianza hacia la institución
responsable de la procuración de justicia debe iniciar por la transparencia de
este proceso.
RADIOGRAFÍA DEL DELITO
Por otra parte, según las cifras que
Semáforo Delictivo dio a conocer el fin de semana, de los 167 homicidios
registrados el pasado mes de octubre 65 fueron en Acapulco, 20 en Chilpancingo,
11 en Atoyac, nueve en Chilapa, siete en Coyuca de Benítez, seis en Ometepec y
cuatro en Teloloapan.
Secuestros hubo dos en Acapulco, dos en
Teloloapan, uno en Ometepec y otro en Chilpancingo; También 12 incidentes de
extorsión de los cuáles cuatro son de Acapulco, dos de Chilpancingo, dos de
Atoyac y el resto de Ayutla, Tecpan, Taxco y San Miguel Totolapan.
En lesiones dolosas Acapulco concentró 83
de los 214 incidentes ocurridos en ese mes, seguido por Chilpancingo con 32
casos, Zihuatanejo con 13, Taxco con 12, Tlapa con nueve, Ometepec con ocho y
Coyuca de Benítez con siete.
En Acapulco se robaron 198 autos, en
Chilpancingo 48, en Iguala 36, en Tlapa 14, en Zihuatanejo ocho, en Ometepec
cinco y en Tixtla tres. Hablamos de 374 automóviles robados en total. La mayor
parte de los robos a casa habitación también fueron en Acapulco con 29 casos,
14 en Chilpancingo, cinco en Zihuatanejo. En total hubo registro de 64 casos en
todo el estado.
Los robos a negocio, fueron 108, 68 de los
cuales, más de la mitad, ocurrieron en el municipio de Acapulco.
A propósito de transparencia, estos datos
los debería dar a conocer la Fiscalía o las autoridades de estos municipios y
no las organizaciones civiles, para darnos más confianza ¿No lo cree?
jalepeochoa@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.