EPÍSTOLAS SURIANAS (Carta a Don Héctor) De Julio Ayala Carlos

EL ASUNTO ES CLARO. A partir de este 1 de marzo, 3 mil  360 profesores de 28 estados del país serán despedidos por no haberse presentado a ninguna de las fases de evaluación de desempeño docente. Entre estos estados donde habrá despidos, se encuentra Guerrero, y entre los posibles despedidos se encuentran los que militan en la Ceteg, quienes son los que principalmente se oponen a la evaluación.

Este lunes, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer el número de profesores que serán despedidos, al presentar en la ciudad de México los resultados de la Evaluación, en donde precisó que de los 153 mil 86 maestros que fueron convocados, 134 mil 140 se presentaron al diagnóstico, y de ellos 15.3% tuvo una calificación insuficiente, 36.2% de suficiente, 40.5% de bueno, y 8% de destacado o excelente.

Estos últimos, de acuerdo a las autoridades, tendrán un incremento en su salario del 35%, como un estímulo a su trabajo. Asimismo, Aurelio Nuño señaló que ningún profesor que haya participado en la evaluación perderá su empleo, es decir, a pesar de que en la misma haya obtenido resultados deficientes, toda vez que serán capacitados de manera continua.

Sin duda que el despido de 3 mil 360 profesores no es nada, si se compara el número de maestros que existen en el país, pero en estos tiempos de crisis, y de falta de empleos, resulta ser un grave problema, del que habrá que señalar como culpables a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), y en el estado a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes le han mentido al magisterio que dirigen de que la evaluación, producto de la reforma Educativa, atenta contra su trabajo, lo cual no es verdad.

Y EN OTROS ASUNTOS, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre señaló que “la ruta para tener una mejor sociedad es sin duda el apoyo al sector educativo; por ello siendo una prioridad de mi gobierno, hoy se firmó el Acuerdo de Colaboración Institucional IEEJAG-CECATI, por la educación y capacitación para la vida y el trabajo 2016 -2018”.

“Con este acto estamos iniciando un trabajo interinstitucional con el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos de Guerrero, el gobierno del Estado y Federal, donde la idea es poder abatir los grandes rezagos que tienen Acapulco y Guerrero. Hoy necesitamos redoblar esfuerzos para que haya menos ciudadanos analfabetas y haya más ciudadanos preparados, que puedan tener sus certificaciones pertinentes de educación primaria y secundaria”.

En tanto, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Manuel Armenta Tello, tiene mucho que explicar ante la denuncia de que profesores de la Ceteg tienen asignadas casas en el fraccionamiento El Mirador, construidas para las familias damnificadas por las tormentas Ingrid y Manuel, en septiembre del 2013.

Cierto. Todo es posible con el citado funcionario, quien como delegado de la Sedesol, que a nivel nacional también encabezaba Rosario Robles, fue objeto de diversos señalamientos de corrupción. No extrañaría que la denuncia fuera cierta, en perjuicio de las familias que lo perdieron todo y fueron censadas para su reubicación, toda vez que vivían en zonas de alto riesgo, a donde han regresado porque gente perversa les ha quitado lo que les corresponde.

“Hay casas que incluso están habitadas por profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero que han participado en las movilizaciones del caso Ayotzinapa”, dijo uno de los damnificados, y por supuesto, molesto, mientras que Armenta Tello parece que está de acuerdo con ello.

Y preocupa también que a casi 4 meses de que en el país opere por completo el nuevo Sistema penal acusatorio, en Guerrero no se tenga la infraestructura suficiente, toda vez que de los 18 centros de justicia, solo existen 7, y no todos están concluidos al cien por ciento, aunque para el secretario ejecutivo de la Comisión para la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia penal en el estado, Luis Camacho Mancilla, no afectará a lo que también se conoce como Juicios orales.

Obvio, ni modo que diga que sí, pues hacerlo sería echarle la culpa a sus jefes. Lo que sí es cierto es que alguien tiene la culpa de que Guerrero sea uno de los estados donde el nuevo el nuevo Sistema penal acusatorio tenga avances mínimos, y no solo en el tema de infraestructura, sino también en el capital humano, en donde también hay un gran rezago en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

Cierto es que el nuevo sistema penal ya opera en las regiones de la Montaña, Costa Chica, Costa Grande y la Norte, en donde ya se cuentan con salas de juicios orales y la infraestructura necesaria, pero faltan los centros de justicia de Acapulco, y la zona Centro (Chilpancingo) y Tierra Caliente (Coyuca de Catalán).

En total, en el estado deben existir 18 centros de Justicia oral, ubicados en los municipios sede de igual número de distritos judiciales en los está dividido el estado, es decir: Abasolo con cabecera en Ometepec; Alarcón, en Taxco; Aldama, en Teloloapan; Alvarez, en Chilapa; Allende, en Ayutla; Altamirano, en San Luis Acatlán; y Azueta, en Zihuatanejo.

Además, el distrito judicial de Cuauhtemoc, en sede en Arcelia; De los Bravo, en Chilpancingo; Galeana, en Tecpan; Guerrero, en Tixtla; Hidalgo, en Iguala; Mina, en Coyuca de Catalán; Montes de Oca, en La Unión; Montaña, en Malinaltepec; Tabares, en Acapulco, y Zaragoza, en Huamuxtitlán, en donde deben construirse centros de justicia, los que, en algunos de los casos, ni siquiera se han iniciado. Con todo y esto, según Luis Camacho, no va afectar. Jejé.

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