CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias No son 43, son más desaparecidos

EFRAIN FLORES IGLESIAS

La tragedia de Iguala se originó por el valemadrismo de un gobernador que delegó poder a un familiar.

Si Ángel Aguirre Rivero hubiese hecho a un lado las pachangas (bueno, nomás un poquito), la situación fuera diferente en el estado de Guerrero. Pero no, prefirió seguir en su borrachera de poder y hacerse el occiso en muchas asuntos.

Dejó crecer y operar con impunidad al monstruo (crimen organizado). Le valió un soberano cacahuate la seguridad de sus gobernados. Pero en su borrachera de poder se llevó entre las patas a su vástago Ángel Aguirre Herrera, a quien pretendía sentarlo en la silla edilicia de Acapulco.

No aprendió la lección de “Manuel”, y  me refiero a su primo que está en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que fuera su contrincante en la elección de 2011, Manuel Añorve Baños, sino al fenómeno meteorológico que la noche del 13 de septiembre de 2013 lo agarró de sorpresa ingiriendo alcohol con sus cuates en la residencia oficial “Casa Guerrero”.

Mientras miles de guerrerenses perdían sus viviendas y hacían hasta lo imposible para que el agua no se llevará algunas de sus pertenencias, Aguirre Rivero ni en cuenta.

Tuvo que venir a Guerrero el presidente Enrique Peña Nieto para que el entonces gobernador perredista se pusiera las pilas y parara su pachangón. Le perdonaron en esa ocasión.

Con el ometepequense surgieron grupos de autodefensa para hacer el papel que no hacían las autoridades: defender a los pueblos de los criminales.

Iguala de la Independencia, cuna de la bandera nacional, fue el centro de la atención mundial por un grave hecho que el gobierno pudo haber evitado si sus aparatos de inteligencia hubieran funcionado. Un centenar de normalistas de Ayotzinapa se dirigían la tarde del 26 de septiembre de 2014 a la ciudad tamarindera a secuestrar autobuses en la central camionera, ya que en Chilpancingo les fue impedido por policías estatales.

Los normalistas querían autobuses para viajar a la Ciudad de México, en donde participarían en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Los jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos, fueron interceptados por policías preventivos de Iguala cuando se llevaban los autobuses. Los normalistas trataron de negociar con los uniformados, pero recibieron balazos. Fue el comienzo de la pesadilla.

La policía del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez inició una feroz persecución contra los normalistas. Y, no conforme con ello pidió refuerzos a la policía del vecino municipio de Cocula para capturarlos a todos y aplicarles un correctivo.

Eran las primeras horas del sábado 27 de septiembre y la pesadilla no terminaba. Algunos normalistas lograron huir y esconderse en los cerros, pero los que fueron capturados por los uniformados fueron entregados a sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sus rivales Los Rojos.

Hasta la fecha el caso sigue. Los padres de los 43 siguen reclamando a las autoridades la presentación con vida de sus hijos, refutando a la vez la verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR), que afirma que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Sin lugar a dudas, lo de Iguala fue una tragedia; una tragedia, no sólo para los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también para la clase política y que cimbró al pueblo de México.

Por esos hechos y para desgracia del PRD, Ángel Aguirre Rivero tuvo que dejar la gubernatura.

Semanas después de la desaparición forzada de normalistas en Iguala, ocurrirían más desapariciones, no de normalistas ni en Iguala, sino en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de la entidad, en donde un grupo armado se llevó a decenas de personas (comerciantes, taxistas, carretilleros y campesinos) que hasta la fecha siguen desaparecidas.

Sus familiares (de los desaparecidos) los buscan con desesperación. No han tenido éxito. Ni siquiera han contado con el apoyo de los organismos de derechos humanos, como es el caso Tlachinollan, que sí se metió de lleno al caso Iguala. ¿Por qué? He ahí la duda.

Lamentablemente las autoridades les han dado evasivas.

José Díaz Navarro, dirigente de la organización de desaparecidos de Chilapa “Siempre Vivos” y a quien en noviembre de 2014 le desaparecieron dos hermanos en la localidad de El Jagüey, municipio de Chilapa y que colinda con el municipio de Quechultenango, ha responsabilizado directamente al grupo delictivo “Los Ardillos”, que es comandando por familiares del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y líder de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS), Bernardo Ortega Jiménez.

Cabe destacar que Los Ardillos le disputan el control de la Montaña Baja a Los Rojos, grupo criminal que tiene su base de operaciones en la Sierra de la entidad.

Es lamentable que cientos de personas estén desaparecidas en toda la entidad desde que inició la guerra contra el narcotráfico en el año 2006.

Queda claro, que Los 43, no son los únicos buscados por sus familiares. La ventaja es que a ellos los buscan las autoridades y los de Chilapa son ignorados por la autoridad.

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