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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
De las iniciativas enviadas por el
presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión para reformar el artículo
cuarto constitucional y el Código Civil Federal, hay reacciones poco
discrepantes; privan más las de apoyo que aquellas de doble moral o de suyo
contrarias por propia formación ideológica.
Diríamos que las buenas
conciencias mantienen su status y el resto que andaba en la dispersión de
convicciones morales ayunta opiniones en un solo sentido.
No es sencillo insertarse en una
época que abate animadversiones y, sobre todo, atavismos en materia de
preferencias sexuales. Y es que pensar diferente no implica ser diferentes en
términos de sociedad; cada quien su vida, sí, pero todos en la unidad de
respeto a esa privacidad que la conciencia popular asume como “salir del
clóset”.
Por eso, aun cuando el nuevo milenio trajo aparejados conceptos
sociales que terminaron por romper el status quo, o lo que llamaban desde el
periodo decimonónico el stablishment victoriano, y los movimientos gay,
lésbicos, transexuales y todos estos etcéteras que entrañan diferencia
subrayada frente a lo conocido y asumido como “normal” traspusieron alcobas y
recintos cerrados para dejar de ser materia de escarnio y, sobre todo,
discriminación, México ya no era el mismo país de los movimientos hippies y del
peace and love que husmeaba en estos terrenos de lo prohibido por la sociedad
anquilosada en el conservadurismo.
Hoy, dicen puerilmente las buenas conciencias que por ahí
deambulan, amparándose en un concepto político para ocultar la denostación o su
contrariedad contra esas iniciativas presidenciales, que se trata de una
cortina de humo tras la cual se ocultarán aviesas intenciones oficialistas para
ocultar problemas graves, severos en el país o, de plano, desinflar el encontronazo
que implica el proceso electoral, con el amago de anular por lo menos tres
elecciones y que el PRI evite la derrota en media docena de las entidades cuyos
gobiernos están en disputa.
Lo cierto es que, finalmente, un
Presidente de la República se despojó de aquellos atavismos, tabúes indignos y
excluyentes, que daban el status de ciudadanos de segunda o tercera a quienes
tienen una preferencia sexual diferente, es decir, que son homosexuales,
lesbianas, transexuales y, por ello, debían divertirse en sitios ex profeso
para ellos, porque las buenas conciencias, las de doble moral, le veían con
recelo y trataban discriminadamente en los espacios para “la gente normal”.
Habrán de seguir las críticas, indudable; las renuencias incluso
de partidos políticos y organizaciones civiles contrarias a esas propuestas de
reforma legal enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto, mas el tema ya no
tiene retorno y, por supuesto, ni siquiera habrá de ser sometido a uno de esos
procesos en los que se pierde el tiempo, se gastan millonadas y sólo sirven
para expiar culpas ajenas y de tribuna de protagonistas.
Bien, entonces, que la Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados se haya declarado lista para analizar de inmediato la
iniciativa del Ejecutivo federal sobre el matrimonio igualitario.
Mire usted, el presidente de dicha Comisión, el diputado federal
perredista Daniel Ordóñez Hernández, dijo que convocará a la brevedad a los
integrantes de esta instancia para avanzar en el tema.
Habrán de prosperar por mayoría,
las dos iniciativas, una que reforma al artículo 4 de la Constitución, para
asentar el derecho al matrimonio igualitario, sin distingo de orientación
sexual, y el Código Civil Federal, en el que se reconocerá a personas con
cambio de identidad sexual en actas de nacimiento y pasaportes.
Y, por si alguien dudaba del procedimiento, sólo hay que recordar
que el dictamen relativo a la reforma a la Constitución fue turnado a la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el que modifica
el Código Civil Federal, a la Comisión de Justicia.
Ordóñez Hernández previó que, de aprobarse la iniciativa, “será un
duro revés a los grupos conservadores nacionales que han pretendido prohibir
este tipo de uniones que –de acuerdo a sus creencias teológicas y a sus propios
valores morales– ven como no convenientes y han influido en los congresos
locales”.
La discrepancia se plantó de inmediato, con la diputada panista
Cecilia Romero Castillo, quien advirtió que se tiene que respetar la esencia de
las instituciones sociales como el matrimonio y la familia. Pero no se niega a
proceder con estas reformas propuestas por el presidente Peña Nieto. Una buena.
Conste.
VIERNES. Insultante. Los bomberos mexicanos
son los peor pagados y equipados de América Latina, denunció la Asociación
Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB). En reunión con diputados de la Comisión
de Protección Civil, que preside María Elena Orantes, el líder de esta
agrupación, Adolfo Benavente Duque explicó, que en México existen 496 cuerpos
que prestan este servicio, pero 318 son asociaciones civiles que surgieron de
la iniciativa ciudadana o privada. En conjunto, estos organismos cubren
únicamente el 20 por ciento de los municipios del país y, a veces, atienden los
llamados de cuatro o cinco municipios, o bien, hasta a 100 kilómetros a la
redonda.
Dijio que de los 14 mil 251
bomberos de la República mexicana, cuatro mil 524 son voluntarios, es decir, no
perciben ningún salario. Tres mil 970 gozan de sueldo de particulares y cinco
mil 757 lo reciben por parte de las autoridades estatales o municipales; sin
embargo, en estados como Chiapas, un bombero gana sólo tres mil pesos al mes.
Ante ello, la presidenta a de la
Comisión de Protección Civil, la diputada ciudadana María Elena Orantes López,
aseguró que se atenderán las demandas de los bomberos, a fin de lograr mayores
recursos que puedan cubrir sus necesidades inmediatas.
Y es que, reprochó, “no es justo
que, siendo los bomberos los primeros en acudir cuando hay incendios, sequías e
incluso cuando tienen que auxiliar a algún animal, perciban salarios que
parecen más un insulto”. Orantes procederá, sin duda, procederá. Digo.
@msanchezlimon
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