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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
De acuerdo con el Código
Penal Federal, el delito de falsificación de documentos oficiales y/o el uso de
estos “se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a
ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa (…). Si quien
realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se
aumentará hasta en una mitad más”.
En ahorro de explicaciones,
la desaforada diputada local sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López podría
ser sentenciada hasta por diez años de prisión, promedio, cuando el juez de la
causa dicte sentencia condenatoria una vez desahogado el proceso penal que
podría consumir un año.
Pero. De acuerdo con el
procedimiento, primero el Congreso del estado de Sinaloa debe retirarle la
inmunidad para que la Procuraduría General de la República cumplimente la orden
de aprehensión y la ponga a disposición de un juez federal para ser procesada
por la presunta comisión del delito de uso de documentos oficiales, que es de
carácter federal.
Conforme con una
información publicada en el diario Excélsior en abril del año pasado, desde
2006 la PGR comenzó 25 mil 528 indagatorias por falsificación de documentos
oficiales; el Distrito Federal es la localidad del país en que mayor cantidad
de falsificaciones de documentos investiga la PGR, con un total de 13 mil 782
pesquisas iniciadas en los últimos siete años.
A nivel nacional, durante
2012, se comenzaron tres mil 465 investigaciones; en 2011, tres mil dos; en
2010, dos mil 778; en 2009, dos mil 919;
2008, fueron tres mil 439; 2007, tres mil 230 y en 2006 se emprendieron dos
mil 982 investigaciones.
Según el Código Penal
Federal, para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable, se
necesita que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro,
o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, que resulte o pueda
resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los
bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación y que el
falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte
o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el
documento.
En México, el delito de
falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:
Poniendo una firma falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una
verdadera; aprovechando indebidamente una
firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o
cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona
o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un
tercero.
Valga esta referencia para
evidenciar el fast track a que fue sometida, por encargo de la cúpula del poder
público, la solicitud de desaforar a la pareja sentimental del capo Joaquín El
Chapo Guzmán. ¿Era necesaria tanta parafernalia? Hay centenares de solicitudes
de desafuero y juicio político en el archivo de los buenos deseos que duermen
el sueño de los justos y, en cambio, se priorizó el de la señora Sánchez López
porque utilizó una credencial de elector apócrifa, para entrevistarse con El
Chapo en el penal de alta seguridad del Altiplano. Fue por amor, ¿tal vez por
dinero?
Mire usted, no conozco a
la diputada y mucho menos pretendo asumir el papel de abogado del diablo o
tinterillo oficioso, para ello la señora tiene abogados, como el licenciado
Rubén Antonio Tamayo Viveros. Pero incurriría en callada complicidad ante un
procedimiento legislativo que, a todas luces, evidencia un cobro de facturas en
el que el PAN, el aún gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, y la PGR, es
decir, el brazo priista en esa dependencia, se ensañaron con doña Lucero para
prácticamente lincharla mediáticamente instalándola como una peligrosa
delincuente que cometió el horrendo y despreciable delito de amar y usar una
credencial falsa para ver al padre de su hijo.
Tampoco pretendo mover
hilos sentimentaloides y aludir textos telenoveleros, dignos de un mamotreto
estilo Corín Tellado. No. Se trata de un caso que, de no haber tenido a un
protagonista que se burló de la justicia mexicana y del compromiso presidencial
de garantizar que nunca más se fugaría, jamás habría llegado hasta dónde llegó:
la más alta tribuna política y legislativa del país, la de la Cámara de
Diputados.
Y, bueno, el lunes pasado
el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 414 votos a favor y 37
abstenciones la procedencia de retirarle el fuero a la diputada local por
Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, por el delito de uso de documento
falso (la credencial de elector).
Erigido en Jurado de
Procedencia, durante la sesión del pleno un representante del Ministerio
Público, el abogado de la diputada y el presidente de la Sección Instructora,
Ricardo Ramírez fijaron sus posturas; esta última instancia determinó en
sentido positivo la solicitud de la PGR.
El abogado de la acusada,
Rubén Antonio Tamayo Viveros, aseguró que resulta increíble que el expediente
de Lucero Guadalupe Sánchez haya sido tratado con tanta celeridad, pese a que
hay 300 expedientes, de similar naturaleza,
pendientes en la Cámara de Diputados. ¡Qué sabe Tamayo Viveros de los
amores perros que se fraguan en la política!
Pero, advirtió además que
la autoridad judicial no pudo demostrar que haya habido delincuencia
organizada, por lo que solo consignó por uso de documento falso e insistió en
que no hay pruebas suficientes de que ella haya ingresado en el penal del
Altiplano.
Los 34 diputados de
Morena, uno del PRI, Carlos Sarabia; y dos del PRD, Arturo Santana Alfaro y
Maricela Contreras, votaron en contra de esta determinación, por considerar que
no era un caso que debiera llegar a la Cámara de Diputados, pues se trata de un
delito menor.
“Ha lugar a proceder legalmente en contra de
Lucero Guadalupe Sánchez López, como consecuencia del procedimiento de
declaración de procedencia solicitado en su contra por el Ministerio Público de
la Federación”, decretó Jesús Zambrano, diputado presidente camaral.
Y se cumplió la petición:
desaforar a la diputada sinaloense, pírrico cobro de factura al capo por
aquella su fuga con la que se burló del sistema penitenciario nacional y de la
alta jerarquía política en el poder, mediante la corrupción de funcionarios
públicos. Todo por amor. Conste.
MIÉRCOLES. ¿Y Ángel
Heladio Aguirre Rivero qué pretende? Digo.
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@msanchezlimon
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