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| ENRIQUE GONZÁLEZ GUERRERO |
*Suprema corte de la
Nación ordena arresto de presidente Municipal…
*En Guerrero Junta de
conciliación y Arbitraje viola el artículo 123…
El 15 de junio del año en
curso, la Suprema Corte de Justicia de Nación, ordeno el arresto del presidente municipal y su cabildo del municipio
de Nacajuca Tabasco, en una larga sesión
que el primer día se tuvo que dar un
receso al empatarse la votación por los
ministros, quienes al otro día decidieron por mayoría que los ex trabajadores
de este municipio, fueron violentado sus derechos al ser
despedidos injustificadamente por las autoridades municipales, este resolutivo
fue calificado por los medios de comunicación como inédito,
por la constante violación a los derechos de los trabajadores que cada
tres años se dan por los cambios de
autoridades, quienes son despojados de
sus trabajos y miles de estos tienen
demandas millonarias ganadas en los tribunales laborales que por omisión y
rebeldía no quieren cumplir con los ordenamientos los Ayuntamientos alegando no tener recursos
para el pago, este resolutivo inicia una nueva era en el marco de las responsabilidades
de los municipios en toda la República, entonces en Guerrero estaríamos hablando
que se viene un complicado asunto a los próximo y futuros alcaldes.
El arresto para todos los
miembros de la comuna que encabezaba el maestro Pedro Landero López quienes
gobernaron en el periodo 2013-2015 que
ordena la Suprema Corte de Nación fue por no pagar laudos millonarios que
decenas de trabajadores hicieron valer sus derechos en las diferentes
instancias de los tribunales laborales hasta el trámite de un amparo al máximo
órgano judicial, quien sienta un nuevo precedente para todas las autoridades
que de manera dolosa no liquidan a los trabajadores como mandata la Ley Federal
del Trabajo, que incluso se embolsan Prestaciones de Ley que después negocian de
manera política con los trabajadores,
este resolutivo del máximo tribunal obliga a todas las autoridades que
tienen laudos perdidos en las instancias laborales a programarlos en los
presupuestos siguientes, este hecho salvo a otro Ayuntamiento del estado de
Hidalgo de correr la misma suerte del municipio de Nacajuca Tabasco, de no hacerlos ya hay jurisprudencia para
apegarse a ella y ejercer acción penal contra todos aquellos que se nieguen a
pagar los derechos de trabajadores que inexplicablemente son despedidos por
criterios políticos, la jurisprudencia aplicada en Guerrero, no está lejos.
La pérdida de las demandas
laborales por los ayuntamientos y los pagos millonarios que enfrentan sus
finanzas y que de manera salomónica apelaban al “no tengo dinero”, que
trae a muchos alcaldes como delincuentes
de banco en banco, ante el eminente riesgo del embargo de sus cuentas
municipales del gasto corriente por los
despachos de abogados toca fondo, se
entiende hoy que este fallo a favor de los trabajadores obliga a todos los
ayuntamientos a negociar con los demandantes para establecer una política de
pagos que tendrá que desahogarse en base al presupuesto de egresos que los
propios Congresos Locales tendrán que aprobar, de no hacerlo serán sujetos al
desafuero y al encarcelamiento por no acatar el mandato de los tribunales
laborales que hoy los trabajadores no tienen la mínima confianza que resuelvan
en los tiempos que mandatan los ordenamientos que plasma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo no solo los
trabajadores del municipio de Nacajuca son beneficiados sino este mandato da
fortaleza a toda la estructura institucional para asuntos laborales.
En Guerrero el de pago de
laudos laborales es un problema que demanda urgentemente una mesa de análisis y
dialogo para establecer una política pública de pagos que obligue a todos a los
ayuntamientos y entidades autónomas a cumplir con las leyes laborales, cosa
contraria estaremos hablando de procesos de desafuero en el Congreso de muchos
presidentes y funcionarios de los organismos autónomos que los diputados
tendrán que atender obligatoriamente, situación que trastocaría la
gobernabilidad por el hecho de no responder conforme a la ley y si se hicieran
los pagos como lo ha ordenado la Suprema Corte de Nación los Ayuntamientos que
tienen estos problemas se quedarían sin recursos para hacerle frente a su
obligaciones de la administración pública, quienes hoy se las han ingeniado
para evadir los resolutivos que han ordenado las autoridades laborales.
La problemática laboral exige que las
autoridades se pongan a revisar caso por caso en los Ayuntamientos y
dependencias que tienen laudos por pagar y estas deben de reconocer el origen
político, abuso de autoridad y en su caso la incompetencia para el desempeño de
sus responsabilidades, que si bien es
cierto todas las demandas son por
despido injustificado no todos los asuntos tienen el mismo antecedente,
pues este problema muchos lo contrajeron
en la alternancia por los que han pasado los municipios y el propio gobierno
del estado, que demanda urgentemente un
diagnóstico de la realidad de hechos para no caer en irresponsabilidades en la
solución ; por lo pronto el máximo tribunal de la nación ya puso contra la
pared a las autoridades que de manera dolosa han violentados la ley y agredido
a los trabajadores y han prendido los focos para que los que tienen estos
problemas pongan sus barbas a remojar pues pueden ir a la cárcel por violentar
el marco jurídico en forma sistemática y en Guerrero los ayuntamientos adolecen ante el negocio
permanente entre la dirección o presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje, abogados y ayuntamientos es decir
un negocio redondo a beneficio de la estancia gubernamental, coyotes y ayuntamientos donde todos ganan
menos el pobre y humilde trabajador… y el artículo 123 de la Constitución Política de los Mexicanos, es violentado en toda su extensión al no pagarse
laudos laborales, a pesar que en casos específicos de ayuntamientos ordenados por
los tribunales electorales y visto bueno del Congreso del Estado, aun no cobran
un derecho ya ganado con el sudor de su frente.
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