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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Es conocido que, en
materia de gasto público la última palabra la tienen los 500 diputados
federales, a quienes la Constitución otorga la responsabilidad de analizar,
discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, que incluye los
gastos propuestos y requeridos por organismos como el Instituto Nacional
Electoral (INE).
La semana pasada, el
Consejo General del INE aprobó destinar la que el propio consejero presidente
Lorenzo Córdova Vianello, calificó de cifra histórica por el orden de seis mil
788 millones de pesos para financiar, en 2018, a los nueve partidos políticos
con registro nacional, para actividades propias y las correspondientes al
proceso electoral.
Por supuesto que ese monto
aprobado por el Consejo General debe pasar la aduana de la Cámara de Diputados;
sin duda el cabildeo en este rubro no será como el de otras entidades públicas
en la que participan, incluso, organismos privados, es decir, empresarios que
son parte colateral de los dineros públicos.
Ha ocurrido que la
propuesta del INE para su gasto del año fiscal no sufre mermas mayores como
ocurre, por ejemplo en espacios de educación e investigación, en especial el de
las universidades públicas y de las plataformas para impulsar el desarrollo
tecnológico.
Recortes en partidas federales,
las asignaciones a seguridad pública, en materia de salud, incluso, se avistan
a partir del anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña, de emprender un recorte en el gasto público del año electoral,
el 2018, mas no necesariamente en los recursos para financiar el proceso del
que saldrá el sucesor de Enrique Peña Nieto.
Y es que, ¿usted cree que
los diputados federales con la opinión de los senadores tendrán la osadía de
recortar el gasto que para sus nueve partidos habrán de destinarse en 2018?
Por eso, sonó a buen deseo
lo dicho por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que el
organismo promoverá debatir la reducción de los montos, a futuro, es decir, los
que vengan después de la sucesión presidencial.
Bueno, es un buen deseo
porque, el consejero presidente se pronunció porque prevalezca el
financiamiento público sobre el privado para sostener las actividades de los
partidos, es decir, mantener el estado de cosas para blindar las campañas electorales.
¿Es insultante destinar
seis mil 788 millones de pesos para financiar, en el ejercicio fiscal 2018 a
los nueve partidos políticos con registro? Sin duda lo es cuando se compara con
el gasto aportado al combate a la pobreza; lo es cuando los contrastes de la
vida cotidiana en zonas marginadas y miserables que hay en el país no tienen
relación alguna con el boato y el derroche en campaña electorales.
Pero, qué se le va a
hacer. Córdova Vianello recordó que el gasto a los partidos políticos lo
establecen la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Legipe), en términos de que el financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fija año con año.
Sí, pero el monto, con
ciertas variantes nunca retrocede. Por ejemplo, en 2006 el gasto para los
partidos políticos fue de cuatro mil 171 millones de pesos; en 2015 ascendió a
cinco mil 199.
Para efecto de determinar
el monto presupuestal, hay un mecanismo aritmético que en nada beneficia a los
partidos pequeños, porque tiene que ver con la votación obtenida en el último
proceso electoral y otros etcéteras. En fin.
Pero, cuando se trata de
elecciones federales, es decir, la renovación de la Presidencia de la
República, el Senado y la Cámara de Diputados, la autoridad electoral asigna
financiamiento para las campañas políticas por el equivalente al 50 por ciento
del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año.
En la discusión del gasto
para 2018, se inconformaron los representantes de partidos pequeños, porque les
corresponde un monto abismalmente menor al que, por ejemplo corresponderá al PRI (mil 689 millones de
pesos) y al PAN (mil 281 millones de pesos).
Es mucho dinero que
prácticamente se despilfarra; es dinero público para pagar aspiraciones de
poder. ¿Alguien se ofende? ¿Alguien propone una enmienda a la ley electoral que
haga menos onerosa a la democracia mexicana?
El consejero electoral
Ciro Murayama abogó por esos dineros para los partidos porque, adujo con alguna
razón porque, si con ello se impide que busquen dinero oscuro, ilegal,
“sobornos” de empresas interesadas en obtener algo a cambio, también es cierto
que, dijo, “es lo que está ocurriendo, pues no hay donación millonaria
desinteresada.
“Lo que estamos viendo es
dinero que no sabemos de dónde viene y ese dinero, si bien no lo hemos
identificado, no puede tener otro origen que empresas que tratan de influir, de
obtener contraprestaciones, de tráfico de influencias”.
Tiene razón Murayama, pero
¿y? ¿Se atreverán los 500 diputados federales a reducir el monto presupuestal
propuesto y aprobado por el Consejo General del INE? Es una cantidad
desmesurada cuanto “histórica”. Pero… Digo.
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