ENTRESEMANA Justicia MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Cuando en aquellos días de gloria de Fernando Antonio Lozano Gracia, como procurador General de la República, le pregunté acerca del riesgo que corría la PGR de caer en el tobogán del descrédito porque, en una investigación seria, se utilizaba a videntes, su respuesta fue de molestia.

--Está usted equivocado. La Procuraduría (General de la República) se prestigia con investigaciones técnicas, serias –respondió, palabras más, palabras menos y, por supuesto, negó que en las pesquisas del caso Ruiz Massieu se utilizará a videntes.

Pero, en breve, el tiempo me dio la razón. Y disculpe usted la primera persona, pero en esos días el hecho de haber discrepado con las versiones oficiales de la PGR y evidenciado la perversa investigación que fabricaba delincuentes y culpables, en ese caso y en el de Colosio, me generó una singular cauda de llamadas telefónicas intimidatorias.

No se trata, a la distancia, de repartir culpas ni incurrir en actos de contrición. Lo que pasó, pasó y ahí está la hemeroteca, puntual espacio para poner a cada quien en su sitio. El tiempo ha pasado y esos casos pasaron al anecdotario, uno de esos tantos capítulos de cómo la famosa PGR ha sido utilizada con fines políticos.

Porque, la evidencia, que sirvió para que el entonces presidente Ernesto Zedillo corriera del cargo a Lozano Gracia, junto con su ilustre subprocurador y fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla, fue precisamente la demostración de que en este enjuague de la fabricación de culpables, se utilizó a la vidente Francisca Zetina, amén de otros cómplices pagados con erario público.

El tema viene a colación porque nuevamente la Procuraduría General de la República es el centro de un escándalo que no puede despojarse de los tintes políticos tanto por quien acusa como el que es acusado, ambos funcionarios de primer nivel que escenifican un desencuentro que el Senado de la República tendrá que atender con carácter prioritario.

Y es que, como usted lo sabe, el fiscal Espacial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, fue cesado sin miramientos por el encargado del despacho del procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán.

Sobre Santiago Nieto pesan fuerte acusaciones en la presunta comisión de delitos contra la procuración de justicia que, incluso, podrían implicar su encarcelamiento.

Es posible que Elías Beltrán tenga los elementos de peso para haber tomado esa decisión, apenas asumido el encargo a la renuncia de Raúl Cervantes, quien igual acusó que su nombre y cargo habían sido utilizados con fines políticos.

Y, en efecto, la oposición legislativa, con mayor crudeza el PAN, lo llamó “Fiscal-Carnal”, por aquel supuesto de que aspiraba a convertirse en el primer Fiscal General de la República, a partir del cargo de Procurador General de la República.

A Cervantes lo golpearon inmisericorde, pese a que existía un impedimento legal que los propios acusadores habían olvidado, aunque seguramente el olvido fue a modo. Lo cierto es que, más que golpear políticamente al procurador, golpearon a la PGR y avivaron elementos de descrédito hacia la función de esta instancia de procuración de justicia.

¿Era necesario? Seguramente no, porque la creación de la Fiscalía es un asunto prácticamente concluido y que sólo espera al nombramiento de quien será su primer titular.

Hoy, la pregunta es en el mismo sentido: ¿era necesario armar un escándalo con la remoción del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales? Seguramente no, pero privó la decisión política para frenarlo, porque había abierto un expediente más de lo permitido y, en tiempos preelectorales, sus implicaciones acarreaban desprestigio al partido en el poder y, de paso, involucraba a personajes como Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

¿Más descrédito para la PGR? No, el problema es el descrédito hacia la procuración de justicia. Y la Fiscalía General de la República corre el riesgo de nacer salpicada por asuntos de ésta índole.

En fin, el Senado tiene la decisión de confirmar el cese del fiscal Santiago Nieto, o de revocar la decisión del encargado del despacho de la PGR. Un escándalo innecesario. ¿Por el antecedente de Nieto con Miguel Barbosa? Los senadores lo nombraron, los senadores lo podrán desnombrar, valga el barbarismo. Pero la mancha, una más, queda indeleble. Conste.

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