Las leyes reglamentarias
de la Guardia Nacional prosperarán este día en el pleno senatorial. Habrá, sin
duda, consenso y unanimidad en la aprobación de esta estructura legal que
entraña el objetivo de devolver la seguridad al ciudadano merced a la tarea de
un cuerpo especializado que, paulatinamente, debe ser, por ley, esencialmente
de carácter civil.
Llegar al consenso, tarea
de Ricardo Monreal específicamente con los senadores de oposición, implicó
atender a la causa de lo que entrañaba regatear votos a estas leyes secundarias
de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional.
La negociación implicó
aceptar la opinión y propuestas de la oposición senatorial, que enmendó algunos
artículos para apagar ese prurito que causa el riesgo de militarizar
formalmente al país, cuando la esencia de la reforma es integrar a un cuerpo
civil responsable de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado o
no, pero finalmente delincuencia que desde hace más de tres lustros mantiene
secuestrada a la paz y seguridad social, con un sui generis poder de facto.
No fue fácil para Monreal
convencer a los senadores de oposición, sobre todo porque, contra lo aprobado
en el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador nombró al general en
retiro, pero finalmente militar, Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia
Nacional, cuando el ordenamiento constitucional refiere al mando civil con el
acompañamiento militar. Pero así es el voluntarismo del licenciado presidente.
Lo cierto es que, con sus
bemoles, en los hechos desde finales del siglo pasado se ha vuelto normal y
aceptada mayoritariamente, incluso requerida por gobiernos estatales y
municipales, la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas
y rurales, especialmente en aquellas consideradas de alto riesgo. Esa presencia
es un mentís a la negativa de que el país se ha militarizado.
Ejemplo de ello es la
Ciudad de México, cuyas autoridades recurrentemente han negado la necesidad de
patrullajes de militares en vehículos artillados, pero ahí están y no causa
sorpresa alguna su presencia; al contrario, son factor que al ciudadano le
garantiza seguridad.
En efecto, son garantía de
seguridad. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador cambió totalmente su opinión de
los militares? ¿Por qué después de descalificarlos e incluso denostarlos
llamándolos represores y hasta genocidas? Porque hoy los requiere como garante
de la enorme tarea de devolver la paz y seguridad a los mexicanos.
Y es que, mire usted, pese
a las campañas de desprestigio impulsadas por el crimen organizado ya con la
movilización de ciudadanos pagados para denostar a marinos, soldados y
federales con marchas y mantas de repudio e incluso de franca amenaza, o
pasquines conducidos por sedicentes periodistas, con información difamatoria,
lo cierto es que las Fuerzas Armadas mantienen el respeto ciudadano.
Por supuesto, en las
Fuerzas Armadas no hay hermanas de la caridad ni los altos mandos tienen
vocación de mártires o filántropos. ¿Requieren de una vacuna contra la
tentación del dólar, un brebaje contra la corrupción?
Es una apuesta y no queda
de otra por la salud del país cuya descomposición social ha escalado a niveles
de terror con el creciente ajuste de cuentas entre cárteles y bandas criminales
que se pelean cotos, plazas en las que el ciudadano es el cliente, el sustento,
la víctima inocente que está en el lugar equivocado y a la hora equivocada, en
el escenario de una balacera, el ajuste de cuentas, o el objetivo al que le
venden protección y derecho de piso.
Y el ciudadano que
paulatinamente pierde la capacidad de asombro y no se horroriza ni persigna
cuando en los expendios de periódicos y revistas observa primeras planas que
escurren sangre y gritan la advertencia de que eso le puede ocurrir a cualquier
ciudadano, al que viaja en el transporte público en la ruta al trabajo de
salario miserable o el que transita en su vehículo de lujo o desayuna en un
restaurante de Polanco y de pronto es amagado por un delincuente armado que no
se tienta el corazón para disparar y matar al que se oponga, a la señora que no
entrega el monedero con monedas del sustento de la prole, o el ejecutivo que se
niega a dar el Rolex al nervioso cuanto maldito inhumano que asesina.
No, los senadores de
oposición, como los diputados federales y los locales que aprobaron la reforma
que dio génesis a la Guardia Nacional, no han regateado su voto en busca de
beneficios personales o de grupo, porque hoy su postura borda precisamente en
ese imperativo de no votar por leyes que pueden dar al traste con la ambiciosa
posibilidad de devolver la tranquilidad a los ciudadanos que vivimos en este
nuestro país.
Y no debe sustentarse la
negativa a aprobar una reforma de ley por el simple hecho de que sea propuesta
por el grupo gobernante, por el propio presidente López Obrador, porque la
Guardia Nacional es necesaria.
Lo fundamental, estamos,
estriba en el marco legal en el que habrá de operar. Se entiende la urgencia de
que la Guardia asuma el control en regiones que están en poder las los
cárteles, cuya disputa sangrienta por el control de plazas ha provocado éxodos
de cientos de familias, pueblos fantasmas que hasta hace poco tiempo eran
campos productivos convirtiéndose en asentamientos miserables.
No, no hay regateo de
votos por posiciones políticas en esto de la Guardia Nacional. Hay un
imperativo de vacunar al cuerpo de élite y evitar que sea cooptado por el
crimen organizado, éste que se ha convertido en verdaderas empresas, holdings
que sostienen economías regionales frente a la ausencia del gobierno.
En su momento se advirtió
el riesgo de que los militares fueran seducidos por los billetes verdes, convirtiéndose
en socios, algunos y, otros, en empleados bajo la amenaza extendida a sus
familias de colaborar o morir.
Hay urgencia más no por
esa prisa debe correrse el riesgo de aprobar leyes secundarias que más temprano
que tarde serán cuestionadas y recriminadas a quienes las aprobaron. Por eso
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del
Senado de la República y coordinador de los senadores de Morena le apostó al
consenso, a que los dictámenes de las cuatro leyes a discutirse en el pleno
senatorial lleven el respaldo firmado de los 128 integrantes de la Cámara alta.
--¿Cómo van?—preguntó una
colega a Monreal en conferencia de prensa ayer lunes.
--Bueno, miren –respondió
Ricardo Monreal--, este es un día definitivo. Estaba ahora precisamente
revisando con el grupo de redacción los detalles últimos de las cuatro leyes.
Les podría decir que en tres leyes, que son Ley del Registro de Detenciones,
Ley de Uso de la Fuerza y la Ley del Sistema de Seguridad Pública; tenemos
prácticamente completo el consenso.
“Lo que en este momento
estamos ya revisando puntualmente es la redacción, la exposición de motivos y
limpiar el texto de estas tres.
“(…) Entonces, estamos muy
cerca. Pese a todos los pronósticos de dificultad, yo les podría decir que ha
valido la pena el esfuerzo que arrancamos el día 11, 10 de abril, más de mes y
medio.
“Y también, les señalo que
estamos intentando terminar la Ley de Extinción de Dominio, el dictamen, que es
aparte. Pudiéramos también mañana introducirlo en el Orden del Día. Hoy en la
tarde se está trabajando, ahí sí ya como ustedes saben, iniciativa, turno a
comisiones, dictamen”.
¿Qué buscaba Monreal? El
consenso, que no haya hilos sueltos en un tema de suyo delicado.
La Guardia Nacional debe
estar vacunada contra la corrupción, a salvo de la tentación de la efímera vida
fácil, la de oropel cuyo destino es la tumba. ¿Usted cree que los senadores de
oposición regateen el voto a las leyes secundarias en busca de favores
políticos? Mal harían porque está en juego la tranquilidad social, la salud del
país, sin siglas ni banderías. Y mal harán los senadores de Morena en festinar
una votación de consenso, de unanimidad, porque entonces la mezquindad reptará
entre sus escaños. El punto es que hoy habrá votación unánime en cuatro temas
legislativos torales. Digo.
sanchezlimon@gmail.com
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@msanchezlimon
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