Corrían
aquellos días del movimiento estudiantil de 1968, con el corolario sangriento
del 2 de octubre y luego las breves y trágicas horas del 10 de junio de 1971,
en los que la fragilidad del sistema político se escudó en el uso de la fuerza
para contener, reprimir e imponer una idea de país y orden que la inmensa
mayoría de los mexicanos detestó.
Fragilidad del
sistema que los militares dejaron en manos de civiles y éstos, en menos de dos
décadas se encargaron de corromper, aunque utilizaron la estructura heredada
por los generales para controlar a la imberbe democracia e impulsar a las
instituciones, como obligada condición para permanecer en el poder en la
atención a necesidades prioritarias de educación, salud, cultura e
infraestructura.
La represión
del movimiento estudiantil fue diáspora social que posibilitó una reforma
política cuyas consecuencias vivimos en estos días de crispación, precisamente
a consecuencia de esas libertades que comenzamos a disfrutar con largueza en
las manifestaciones callejeras, plantones, campañas electorales y de expresión,
aunque persisten inercias caciquiles que pretenden controlar a los medios de
comunicación mediante la asfixia publicitaria.
Empero, no se
puede negar, por más que la pretensión tolerante así lo exija como condición
fundamental de convivencia social, que hay una parte de la sociedad que se
niega a asumir la responsabilidad del papel histórico que le toca ejercer, ya
sea como oposición de izquierda o porque simple y llanamente no simpatiza con
los programas de gobierno y su forma de ejercer el poder.
Vaya, es
posible que usted y yo no estemos de acuerdo con el gobierno de Enrique Peña
Nieto, o en su caso con la administración del jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera, ya por no compartir convicciones ideológicas y
de partido, ya por considerar que sus encomiendas obedecen a acuerdos
supranacionales y de conveniencia de grupos de poder, fácticos o no pero al
final poderes paralelos a los establecidos constitucionalmente, porque sus
intereses van más allá y por encima de los de la sociedad mexicana.
¿Será frágil
el aún joven gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Lo es el de Mancera? ¿Han cedido
a los grupos de poder, incluso los gobiernos estatales?
Hay casos
donde las condiciones de inseguridad demuestran que los gobernadores, no los
gobiernos, son débiles y de tanto evidenciarlo llevan a sus entidades al estado
de absoluta indefensión y estancamiento económico, educativo y social, que la
intervención de las Fuerzas Armadas se significa como la forma más efectiva de
declarar la desaparición de poderes, de sui generis manera que no se siente,
pero se observa.
Por ello la
importancia del mensaje que, mediante el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, envió el presidente Peña Nieto al país, desde el Palacio
Legislativo de San Lázaro, donde se encontraba reunido este domingo 1 de
septiembre el pleno del Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, los
diputados federales y los senadores, pues, que determinaron concluir la tarea
relativa a la reforma educativa y aprobar, con adenda de por medio, la Ley
General de Servicio Profesional Docente.
Decíamos que
desde el 1 de diciembre del año pasado se pretendió orillar al naciente
gobierno a estancos de represión y llamarlo represor como mal augurio de un
sexenio. No han caído, ni Peña Nieto ni Mancera en ese garlito, aunque las
consecuencias de ese dejar hacer, dejar pasar, las han sufrido buena parte de
la sociedad capitalina y de aquellos estados donde los niños han sido
abandonados por sus maestros que se fueron a la ciudad de México a protestar
porque se asumen ninguneados en la legislación de reforma educativa.
“Por ello, el
Gobierno de la República considera que la política debe servir para hacer
coincidir visiones entre aquellos que piensan distinto. La política sirve para
hacer énfasis en lo que nos es común, en lo que nos acerca. Ésa es la política
que hoy hacemos todos, todos a favor de los mexicanos.
“En nuestro
país nadie puede imponer su verdad a los demás. Las ideologías no deben estar
por encima de las soluciones; ni los intereses de unos cuantos, anteponerse al
bienestar de la mayoría.
“Los mexicanos
hoy, exigen soluciones a sus problemas, y no problemas a cada solución que se
plantea”, dijo el presidente Peña Nieto en voz del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. De eso no hay duda alguna.
Osorio Chong
aprovechó el tiempo que tuvo al entregar el paquete del primer informe
presidencial, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, justo unas horas antes
de que los diputados federales decidieran poner fin, en inédita sesión
ordinaria, a la discusión en torno de una reforma legal en materia educativa
que fue elemento para provocar represión.
Los maestros
disidentes tienen sus razones, quizá no del todo válidas, pero respetables como
igual son las del gobierno federal y de los legisladores. ¿Quién tiene la razón
en aras del bien común de millones de niños y adolescentes en proceso de
formación educativa? Todo radica en el respeto de quien piensa distinto y los
acuerdos de pluralidad y civilidad. Nadie es débil, nadie, por el hecho de ser
tolerante y evitar la represión. Débil aquel que en la violencia sustenta sus
argumentos. Digo.
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