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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
A los cuatro vientos
gritan que defienden las causas de los más desprotegidos del estado de Guerrero
y descalifican todo aquello que huela o provenga del gobierno. Se sienten impolutos, los salvadores del
pueblo, los padres de la defensa de los derechos humanos.
En efecto, me refiero al
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, que dirige el
antropólogo Abel Barrera Hernández,
quien en materia de transparencia está
reprobado, ya que nunca comprueba
los recursos millonarios que recibe su asociación civil.
Tlachinollan –de acuerdo a
su portal web– empezó a operar en el año 1993 en el estado de Guerrero. Cuenta
con dos sedes de atención: La oficina central ubicada en Tlapa de Comonfort, en
la región de la Montaña, y una oficina regional en el municipio de Ayutla de
los Libres.
“El principio que rige la
vida de nuestra institución es solucionar los conflictos a través de la vía
pacífica, allanando el camino para la convivencia entre los pueblos, y
contribuyendo en lo posible a generar condiciones para que la justicia habite entre
los pueblos de la Montaña”, señala en el apartado ¿Quiénes somos?
Pero esa agrupación miente, pues incita a la violencia, al caos, al desorden.
Algunos de sus miembros lo hicieron en Tixtla durante la elección del 7 de
junio de 2015, cuando normalistas de Ayotzinapa e integrantes del Movimiento
Popular de Guerrero robaron con lujo de violencia material electoral hasta
dejarlo en cenizas. Y ahí estuvieron los
abogados de Tlachinollan disfrutando el show, la violencia, la violación al
derecho al voto de los ciudadanos. La consecuencia de ese acto fue la
anulación de la elección y la realización de una extraordinaria el 29 de
noviembre pasado.
El abogado más protagónico
de Tlachinollan es Vidulfo Rosales
Sierra, quien ha aparte de marchar con sus defendidos, bloquear vialidades
y lanzar consignas en contra del Estado y sus instituciones, ha sido
evidenciado en los últimos días de expresarse
groseramente de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de
2014. De “pinches indios piojosos” no
los baja. ¡Zas!
En anteriores entregas he
señalado que el Caso Iguala ha resultado
un jugoso negocio para la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
(CETEG), el Movimiento Popular de Guerrero (MPG), el Grupo Interdisciplinario
de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), Felipe de la Cruz Sandoval
(vocero de los padres de los 43), Tlachinollan y algunos medios de comunicación
que creen encabezar una segunda
revolución en el país.
Desde luego que el
gobierno federal también tiene parte de culpa, ya que se ha dejado chantajear
por esa bola de vivales que lucran con el dolor de los familiares de los
normalistas desaparecidos y que ha permitido que cometan actos vandálicos.
El
reclamo de los padres de familia es legítimo. Se entiende el dolor por el que
atraviesan. Lamentablemente, algunos han actuado con ingenuidad al dejarse
pastorear por gente perversa, sin sentimientos. Los
lobos vestidos de cordero les han dicho que el Estado tiene a los muchachos y
que serán entregados con vida.
Para Tlachinollan y el
GIEI las investigaciones PGR carecen de sustento y que los jóvenes no fueron
incinerados en el basurero de Cocula por sicarios del grupo criminal “Guerreros
Unidos”.
Policías municipales de
Iguala y Cocula que participaron en el ataque armado y desaparición forzada de
los normalistas confesaron luego de su detención, que ellos entregaron a los
muchachos a miembros de Guerreros Unidos, que los subieron a un camión de carga
de tres toneladas y a otro vehículo menor y los llevaron al basurero municipal,
situado en una quebrada, y que algunos, al menos 15, llegaron ya muertos
asfixiados en el camión. A los que aún estaban vivos, los pusieron en el suelo
boca abajo, les interrogaron para saber si pertenecían a alguna organización
criminal rival y les dispararon. Después, los arrojaron a un barranco en el
basurero y les prendieron fuego. Hicieron una enorme hoguera con los cadáveres,
y neumáticos, madera y combustible a lo largo del río San Juan. Las llamas, se
prolongaron desde la medianoche del mismo día en que fueron detenidos hasta
entrada la tarde del día siguiente.
El pasado 8 de abril, el
abogado Vidulfo Rosales, en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola
en Radio Fórmula, reconoció por primera vez que los estudiantes desaparecidos
en Iguala “ya están muertos”.
“Bueno, nosotros lo que
más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos; como ya estoy diciendo, nuestra
preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto, desde nuestro punto
de vista, en Iguala no ha sufrido un desmantelamiento; nosotros no tenemos por
qué proteger a criminales, y menos a la gente que junto con la policía
desapareció a nuestros compañeros y los asesinó, eso a nosotros nos queda
claro”, dijo al ser cuestionado por un audio que se divulgó un día antes en
donde se le acusa de haber recibido 200 mil pesos por parte del grupo delictivo
“Guerreros Unidos”.
La declaración del abogado
provocó el enojo de los padres de los 43 normalistas, quienes le pidieron
rendir cuentas y anunciaron que analizarán su permanencia como su representante
legal.
Emiliano
Navarrete, padre de uno de los normalistas desparecidos, dijo que “está en
desacuerdo con Vidulfo Rosales, por lo que hablará con él para aclarar las
cosas”. (La Razón de
México/13-04-2016).
Y este miércoles, el
diario El Universal publicó como nota
principal en su portada lo siguiente: “Indios piojosos, llama su abogado a
padres de los 43 normalistas”. ¡Zas!
El rotativo obtuvo un
audio de una conversación telefónica sostenida entre el abogado Vidulfo Rosales
y una fémina (al parecer su esposa) en donde se expresa mal de los padres de
los estudiantes de Ayotzinapa.
¡Ay,
Tlachinollan! Se les está cayendo el negocio. Y todo por el hocicón de su
abogado predilecto. Las evidencias ahí están.
Comentarios:
E-mail:efrain_flores_iglesias@hotmail.com;
Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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