EN MENOS DE TRES MESES, es
decir el 18 de junio próximo, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
también llamado Adversarial, deberá operar, de manera total, al igual que en
todo el país, en el estado de Guerrero. Indudablemente es un parteaguas en el
sistema penal mexicano, pues con todo y las deficiencias que pudiera tener,
ciertamente es la más profunda transformación que se ha hecho en materia de
justicia en 100 años, porque transforma las leyes y con ello las funciones de
quienes tienen la responsabilidad de procurar e impartir justicia.
La fecha, el 18 de junio,
no tendría mayor relevancia. Sin embargo, las autoridades encargadas que
procurar e impartir justicia, reconocen que hay un retraso tanto en
infraestructura como en capacitación e incluso profesionalización de quienes,
por ley, tienen la responsabilidad de operar el nuevo Sistema de Justicia
Penal, sintetizado en los llamados “Juicios Orales”.
Y es que en Guerrero, como
en otras entidades del país, por diversos motivos se aplazó el proceso que se
inició en el 2008, de ahí que ahora, con todo y el interés de las actuales autoridades
del estado, enfrenta serios problemas en razón de que hay un retraso tanto en
materia de infraestructura como en la capacitación y profesionalización para su
operación.
Ciertamente el gobierno
que encabeza Héctor Astudillo Flores ha dado muestras de su interés porque el
estado de Guerrero cumpla con la disposición de que a más tardar el 18 de junio
próximo opere en su totalidad el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio o
Adversarial, porque personalmente supervisa la construcción de la
infraestructura que se requiere para su operación, y porque lleva a cabo una
intensa capacitación del personal que se necesita para implementarlo, sin
embargo, es indiscutible que el tiempo se agota y aún falta mucho por hacer.
Hay que decirlo, el
gobierno que encabezó Ángel Aguirre Rivero, y posteriormente Rogelio Ortega
Martínez, dejaron mucho qué desear en este renglón, tanto en materia de
infraestructura física como en lo referente a la capacitación y
profesionalización; prácticamente los avances fueron escasos, entre otros
factores, por la falta de interés de los gobernantes en turno, de tal forma que
incluso hubo subejercicio de recursos que en su momento fueron destinados para
poner en marcha los llamados “Juicios Orales”.
Cierto es que a menos de
tres meses, o mejor dicho, a dos meses y medio de que se llegue la fecha límite
para que opere al cien por ciento el nuevo Sistema de Justicia Penal, y a cinco
de que llegó al gobierno del estado Héctor Astudillo, hay avances al respecto,
pero es indiscutible que aún falta mucho por hacer como consecuencia de que no
se hizo lo suficiente en los últimos cuatro años, no solo en materia de
infraestructura física, sino también, y esto es lo más importante, en lo que se
refiere al personal, tanto el que pertenece al Ejecutivo del estado, vía
Fiscalía General, es decir, ministerios públicos, investigadores y peritos,
como el del Tribunal Superior de Justicia, en lo que tiene que ver con los jueces
y defensores de oficio.
La razón es sencilla. La
implementación de los Juicios Orales, significa, además de obtener justicia
pronta y expedita, construir y operar infraestructura, nuevas instalaciones
como son salas para los juicios orales, otras que se requieran para ubicar los
institutos de mediación o sus equivalentes, así como laboratorios para
peritajes especializados debido a que la nueva justicia penal prevé la
investigación científica del delito.
También, para que funcione
es necesario la capacitación de jueces, agentes del ministerio público,
policías, defensores públicos, peritos y abogados, debido a que las reglas del
proceso penal son distintas; además también existirá el asesor jurídico
gratuito para las víctimas u ofendidos.
Sin embargo, falta mucho
por hacer. El Fiscal General del Estado, Xavier Olea, lo dijo hace poco. De los
400 policías que tiene la institución que encabeza, solo uno está capacitado. Y
en el Tribunal Superior de Justicia, pasa lo mismo, mientras la fecha se acerca
y el tiempo se acaba. Ah, y no hay, y ni habrá, ningún pretexto válido para
posponerlo.
Y EN OTRO ASUNTO, hay que
decir que he conocido diversos comedores comunitarios, pero ninguno como el que
existe en Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, el cual parece más bien un
restaurante, lo mismo por el lugar donde se encuentra ubicado, que por sus
instalaciones y mobiliario. Y qué decir de la comida, que es “del día” y
variada.
Lo anterior, sin contar
con que, en el caso de Apango, tiene una cuota de recuperación, por llamarle de
alguna manera, de 5 y 7 pesos, esto último, cuando la comida contempla carne,
ya sea de pollo, res o cerdo. Y el sazón, ni qué decir, además de la atención e
higiene. Hay que decir que quienes hoy preparan la comida de este comedor comunitario,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y como parte de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre, fueron capacitados por personal del Ejército
mexicano.
Hay que decir que al
Comedor comunitario de Apango tiene una gran afluencia, pues asisten no solo
personas de la tercera edad, madres solteras o personas con capacidades
diferentes que por su condición social y económica requieren de sus servicios
por ser de escasos recursos, sino que también asisten estudiantes, gente de las
comunidades que vistan la cabecera municipal, e incluso familias completas. Su
ubicación está en el mero centro. A unos
pasos de la cancha municipal. Deveras: se come riquísimo.
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julio651220@hotmail.com
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