Manden dinero, vamos ganando… Puede ser el mensaje de la oposición legislativa fiel a Morena y, por ende, a Andrés Manuel López Obrador, que en este proceso comicial intermedio se quedó sin bandera electorera que promueva a su causa como salvadora de los mexicanos y en contra de la que acusan política privatizadora.
Y es que los diputados federales que abandonaron al PRD, el PT y Movimiento Ciudadano para hacer un dizque grupo parlamentario de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, asumen como un triunfo haber frenado la discusión del dictamen que crea la Ley General de Aguas, cuando en realidad son copartícipes y, ahora más, de haber desacatado un ordenamiento legal aprobado por el propio Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente.
Porque casualmente estos legisladores como Rafael Huerta Ladrón de Guevara y Alfonso Durazo, María Luisa Alcalde Luján y Lilia Aguilar, evitaron referir que la creación de la Ley General de Aguas, es Reglamentaria de la reforma al artículo 4º constitucional cuyo decreto data del tres de febrero de 2012.
Lo que no dijeron los diputados morenistas, quizá porque lo desconocen, es que en el artículo Tercero Transitorio del Decreto firmado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se determina: “El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”.
Además, el Segundo Transitorio dispuso: “El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y el deterioro ambiental”.
En suma, por lo que concierne a lo dispuesto en el Tercero Transitorio, la discusión del dictamen que crea la Ley General de Aguas –que ya había pasado de primera lectura en la sesión plenaria del jueves de la semana pasada (5 de marzo)— tiene dos años de extemporaneidad, dicho en otros términos los diputados y senadores de la actual LXII Legislatura federal han incumplido con un ordenamiento legal.
Pero, bueno, es importante referir que ninguna ley secundaria estará por encima de la ley superior, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por más que se presuma que la reglamentaria incluye un concepto privatizador del agua, aunque indudablemente y conforme con su discurso, los legisladores que seguramente pregonarán en las campañas que lograron detener el apetito privatizador del PRI-Gobierno y del PAN y del PVEM, no saben que en varios estados y municipios funcionan las operadoras de agua potable con capital privado.
Por ello, quienes dicen haber visto sumamente enojado, el lunes último, a Manlio Fabio Beltrones cuando anunció formalmente que se difiere, por tiempo indeterminado, la discusión en torno del citado dictamen, probablemente cayeron en el supuesto del lento aprendizaje referido por el sonorense a quienes no entendieron, con la simple lectura del artículo 102 de dichas legislación, que no es una iniciativa privatizadora.
Aún más, en un artículo publicado en El Universal, el diputado federal Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, aludió al fundamento del 4º constitucional y, por ende, al sentido de la nueva Ley General de Aguas, por cuanto a la finalidad de que todos los mexicanos puedan tener agua para satisfacer sus necesidades básicas y establece las reglas generales para usar las aguas que son propiedad de la nación. Argumentó:
“Mucho se ha dicho de que la ley es privatizadora del agua, lo que es totalmente falso, la iniciativa de Ley general de Aguas prevé que el obligado a prestar el servicio público de agua continuará siendo el municipio en términos de lo que establece la Constitución en su artículo 115, lejos de tener una finalidad privatizadora, se fortalece al organismo público municipal prestador de dichos servicios y ratifica que la propiedad de las aguas es y seguirá siendo de la nación en términos del artículo 27 constitucional, situación que la iniciativa de ley reconoce, garantiza y respeta en todo momento”.
Empero, el hoy diputado federal con licencia y aspirante a jefe delegacional en Cuauhtémoc por Morena, Ricardo Monreal Ávila, escribió en Milenio: “La Ley General de Aguas que se votaría el día de hoy (martes 10) en la Cámara de Diputados —pospuesta por la presión de organizaciones sociales, civiles y partidos de izquierda— es la versión hídrica de la reforma energética, o la segunda parte del despojo de los recursos naturales del país (…) De pasar esta Ley General de Aguas tal y como fue aprobada en la comisión correspondiente, a puerta cerrada y con guardias de por medio, México será la octava región del planeta donde podrían registrarse guerras por el agua. Por si no tuviéramos suficiente con la guerra civil irregular de las bandas criminales”.
El discurso de Monreal, Huerta, Durazo y compañía, más la advertencia del perredista Alejandro Sánchez Camacho de tomar la tribuna del salón de plenos de la Cámara baja y emprender una movilización callejera, son evidencia de la estrategia prevista por esta oposición de dizque izquierda que viene con la idea de ganar comicios merced al descarrilamiento del vecino de enfrente con medias mentiras. La del agua, sin duda alguna, era una bandera exquisita y productiva captadora de votos. Era.
¿Pretendieron engatusar a Manlio Fabio Beltrones? ¡Ajá! El coordinador de los diputados federales del PRI dijo que la Junta de Coordinación Política resolvió unánimemente, “a solicitud de todos los grupos parlamentarios, aunque con distintas expresiones, que se difiera su discusión (de las Ley General de Aguas) por el tiempo que sea necesario, para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación que han hecho que algunos políticos en campaña (¿El Peje?) –hoy— quieran tomarlo como bandera para confundir a los demás”. ¿Me estás oyendo, inútil?, Paquita La del Barrio dixit. Conste.
MIÉRCOLES. Un amplio informe de los avances en la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones dio este martes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y destacó que está impulsando mayor competencia y menores precios en beneficio de millones de mexicanos.
Gracias a la reforma, dijo Ruiz Esparza, ya hay más personas conectadas a Internet. Y es que, de acuerdo con el IFT, de diciembre de 2012 a junio de 2014, la penetración de la banda ancha inalámbrica prácticamente se duplicó, al ubicarse en 39.9 suscriptores/100 habitantes. Con esto, México avanza y se posiciona en niveles de penetración por arriba de Hungría, Turquía, Portugal y Grecia.
Este resultado se alcanzó, en buena medida, por la conexión a internet de más de 65 mil espacios públicos a través del Programa México Conectado. Hasta hoy, 74 por ciento de los sitios conectados son escuelas, de todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario, 12 por ciento son hospitales y clínicas, 9 por ciento bibliotecas y 5 por ciento oficinas de gobierno. En los alrededores de estos sitios, la conexión inalámbrica es gratuita.
Ruiz Esparza estuvo acompañado de los secretarios Rosario Robles Berlanga, de Sedesol; Ildefonso Guajardo, de Economía, y Emilio Chuayfett. de Educación Pública. Digo.
@msanchezlimon
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