>> Hay que evitar errores como la fabricación de culpables y testigos protegidos, plantea el vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro
Ciudad de México, 19 de julio (entresemana.mx).- A la luz de acontecimientos en los que la procuración e impartición de justicia han quedado en entredicho, incluido el sistema de seguridad nacional y penitenciaria, diputados federales y senadores, se pronunciaron por revisar los procesos dentro de las instituciones y evitar que la Procuraduría General de la República (PGR) sirva para fabricar culpables.
Al respecto, el vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro, dijo en entrevista que en la reforma tendente a crear la Fiscalía de la Nación que sustituya a la PGR, “el cambio debe darse con nuevas atribuciones que le encomendarán a la nueva Fiscalía para evitar errores como la fabricación de culpables, testigos protegidos o los casos recientes sin resolver a cabalidad”.
Rosas Aispuro puntualizó que el PAN no quiere sólo una Fiscalía que sea un cambio de nombre a la PGR, que se maquillen las atribuciones, sino en realidad “un ente con autonomía que permita evitar errores vicios que tiene esta institución desde hace por lo menos dos décadas”.
En este sentido, el senador aludió a los casos fabricados por la entonces procuradora General de la República y actual cónsul de México en Milán, Italia, Marisela Morales Ibáñez, quien por cuestiones políticas encarceló a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, quienes fueron liberados al concluir la administración de Felipe Calderón una vez que se comprobó que fueron incriminados con pruebas fabricadas.
Igualmente los casos de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, contra quienes, incluido el empresario Pablo Zárate Juárez, Morales Ibáñez emprendió una embestida que, al final de cuentas no prosperó porque igualmente se fabricaron declaraciones en contra de estos, precisamente cuando el PRI se aprestaba a recuperar la Presidencia de la República.
También está el fallido “michoacanazo” y los recientes asuntos de Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que la actuación de la PGR ha dejado mucho que desear en materia de procuración de justicia.
Por ello, en el marco legislativo rumbo al sistema nacional anticorrupción y la creación de la Fiscalía Nacional, a partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, producto de la corrupción que impera en el sistema de procuración e impartición de justicia y de seguridad nacional, los diputados y senadores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional asumieron el papel que les corresponde en la materia.
“Hemos resuelto continua en sesión permanente y trabajar de manera coordinada a fin de identificar acciones legislativas y ejecutivas que permitan fortalecer al Estado Mexicano en la salvaguarda de la seguridad nacional del país”, declaró la diputada federal Adriana González Carrillo, presidenta de dicha Comisión Bicamaral.
En tanto, el vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro, explicó que ha faltado que se armonicen una serie de leyes de carácter secundario, reglamentario, para que realmente la PGR sea una Fiscalía de la Nación, que tenga más atribuciones, más facultades, que no haya pretexto en las indagatorias, en las investigaciones que realizan.
“Me parece –dijo-- que mientras que no la dotemos de estas nuevas disposiciones no se podrá avanzar. Inclusive hay un proyecto de Ley Orgánica de la nueva Fiscalía de la Nación, pero no hay avance en ello. Yo creo que ese tema es fundamental porque están establecidas las nuevas facultades al Fiscal o de la todavía PGR”.
Empero, confió en que, a partir de septiembre próximo, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones “podamos discutir aquí en el Senado la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía de la Nación”.
Pero, insistió, este cambio debe evitar que, con nuevas atribuciones, la nueva Fiscalía vuelva a incurrir “en la fabricación de culpables, testigos protegidos y deje casos recientes sin resolver a cabalidad”, como los referidos.
Por ello, acotó el senador Rosas Aispuro, “primero debe darse una reestructuración en la parte jurídica de la dependencia, nuevas facultades, con más responsabilidades, con mayor capacidad para dar respuesta a las demandas de la sociedad para contar con un verdadero Ministerio Público que represente a la sociedad ante cualquier daño que se le pueda causar a la misma”.
Y es que, advirtió, “sin una nueva estructura jurídica que dote de más facultades, de autonomía, de profesionalismo, difícilmente se podrá cumplir con el cometido. Este es un desgaste que trae la PGR desde hace muchos años. No es de ahora. La PGR en vez de fortalecerse y tener mayor credibilidad ante la sociedad, la ha ido perdiendo.
“Por eso, es urgente que podamos meterle mano al tema de la estructura, de las facultades, y tener esta nueva Fiscalía. Es un asunto que es importante, pero requiere una revisión mucho más a fondo. No queremos una PGR maquillada”.
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