SON, POR DECIR LO MENOS,
chingaderas, pues mientras la inmensa mayoría de los mexicanos ganan el salario
mínimo, que no llega a ni a cien pesos diarios, con los que difícilmente una
familia normal puede comer bien, y menos aún si paga renta, haya un grupúsculo
de tipejos que perciban un salario mensual de más de medio millón de pesos.
Sí. Son triznaderas que
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, y del Tribunal Electoral,
tengan un aumento salarial del 6.5 por ciento, por lo que percibirán un sueldo
de más de 500 mil pesos al mes.
Una nota publicada en un
medio de comunicación nacional da cuenta que este incremento salarial, aprobado
por los diputados federales en el Presupuesto de Egresos, que es más del doble
en relación a la inflación que se tenía prevista para 2015 (3 por ciento).
En este sentido,
ministros, consejeros y magistrados electorales ganarán al año 6.76 millones de
pesos, toda vez que tendrán un aumento total de 417 mil 538 pesos en
comparación con sus percepciones actuales, según los anexos económicos del
Presupuesto de Egresos de la Federación, recientemente aprobado por los
diputados.
En este sentido, el
grupúsculo de sujetos en cuestión, ganan más, incluso, que el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, ya que la reforma de salarios máximos de 2010,
si bien establece que ningún empleado de gobierno puede ganar más que el
Ejecutivo federal, de la misma fueron excluidos los ministros del Poder
Judicial y sus similares.
De acuerdo a la
información, los ministros de la Corte gozarán de un incremento de 163 mil 671
pesos en su sueldo. El salario base aumentará 31 mil 11 pesos y la
“compensación garantizada” será de 132 mil 660 pesos, mientras que el aguinaldo
de fin de año aumentará 67 mil 692 pesos y el bono de antigüedad será ajustado
a 46 mil 154 pesos.
“Además el pago de riesgo
debido al peligroso quehacer que desempeñan, incrementará 115 mil 870 pesos
para llegar a 830 mil 446 pesos”.
“En el caso de los
consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales tienen cifras
variadas en su ingresos, pero es igual al de los ministros en el incremento
global de 417 mil 538 pesos. Y en contraste, en 2015 el alza salarial para un
trabajador con salario mínimo es de 923 pesos anuales”.
Por eso digo que son
chingaderas, y los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura, y
los magistrados electorales, ciertamente no tienen madre en aceptar y cobrar
esos salarios que son un insulto a la población, como también son tiznaderas lo
que ocurre en la normal de Ayotzinapa, en donde los que mandan son los miembros
del Comité Estudiantil, que como ya hemos dicho aquí, fueron los que enviaron a
Iguala a los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos.
De acuerdo al ex director
de esa escuela, Jaime Solís Robledo, cuya gestión se desarrolló entre 1999-2000,
en Ayotzinapa hay drogas, acosos sexuales, consumo de alcohol en exceso, y
golpizas contra quienes se niegan a participar en marchas y protestas.
De acuerdo a su libro
“Ayotzinapa y yo”, de 60 páginas, el consumo y tráfico de drogas, golpizas,
consumo de alcohol, y acoso escolar y sexual, como medida represiva contra
quien no se suma al grupo estudiantil que controla la escuela, es lo que se
vive dentro de los muros de la normal rural.
En Ayotzinapa y yo, Solís
Robledo, señala que la vida de esa escuela no la rige la autoridad educativa,
sino el Comité Estudiantil, el mismo que mandó a los jóvenes normalistas a
Iguala, donde algunos fueron muertos y otros más, 43, se encuentran
desaparecidos.
Dice el periódico La
Razón, de corte nacional, sobre el libro de referencia: “Narra “una de
anomalías en la vida cotidiana del plantel, tales como alcoholismo, riñas
cotidianas, robos y, lo más delicado, tráfico de mariguana”, que se registran
desde hace más de dos décadas, por lo menos.
“Casos como éste los descubrió
en una revisión de la autoridad educativa —él era funcionario antes de llegar a
la normal—, la cual inició tras la toma estudiantil de 50 camiones y que derivó
en la muerte de uno de ellos, procedente de Campeche, después de un forcejeo
con policías a quienes querían desarmar.
“Sostiene que al conocer
el asunto del tráfico del enervante, en 1988 dio a conocer el nombre y apodo de
un exalumno que la introducía a la escuela. Sin embargo, reconoce, no presentó
denuncia por consejo de colaboradores cercanos, quienes le advirtieron: “el
gobierno del estado me dejaría solo. Decidí proteger mi seguridad y de quienes
habían efectuado la investigación”.
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