CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias Apango: ¿enjuiciamiento o impunidad a Felícitas Muñiz?

EFRAIN FLORES IGLESIAS

Hablar de Apango es hablar de su exquisito mezcal y de su gente trabajadora, pero también es hablar de corrupción y de la pobreza que prevalece no solamente ahí, sino en todo el municipio de Mártir de Cuilapan, en donde la mayoría de sus alcaldes han sido evidenciados por arañar el presupuesto destinado para obra pública, salud, desarrollo social y seguridad pública.

Los que llegan a despachar en la Alcaldía entran pobres y salen como grandes terratenientes, con casas en Chilpancingo, camionetas del año, constructoras y ganado. Mientras que los habitantes (en su mayoría de origen indígena), siguen en la pobreza y en el abandono.

La Auditoría General del Estado (AGE) y la extinta Contraloría General del Estado (hoy denominada Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental) saben de la grave corrupción que han cometido los alcaldes de ese municipio enclavado en la región centro de la entidad, pero por una extraña razón no han procedido en contra de los involucrados. 

El Congreso local, ni se diga. Tampoco ha actuado en consecuencia. Las complicidades políticas, la causa. 

Mártir de Cuilapan ha sido gobernado por tres partidos políticos en toda su historia: PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC). Gobernantes van, gobernantes vienen, y el municipio sigue en la miseria. Los servicios públicos son deficientes. Y no vayamos tan lejos. La mal llamada Cruzada Nacional contra el Hambre fue inaugurada en Apango por el presidente Enrique Peña Nieto, pero solamente ha servido para matar el hambre a la familia y colaboradores de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, quien es militante de MC y gobierna por segunda ocasión a su municipio.

Felícitas Muñiz salió peor que sus antecesores. 

Ha sido hábil y la suerte le ha favorecido, ya que tiene un buen padrino que le ha ayudado para que la solicitud de revocación de mandato y una exhaustiva auditoría a las finanzas que ha manejado no prosperen en el Congreso local y la AGE, respectivamente.

Su padrino es el ex alcalde de Acapulco y actual dirigente de MC en la entidad, Luis Walton Aburto, quien en el trienio 2009-2012 le encubrió también todas sus irregularidades. 

Walton tiene como su principal peón en el Congreso local a Ricardo Mejía Berdeja, quien cobra como coordinador parlamentario de MC, y a Mario Ramos del Carmen, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado. Éste último fue coordinador parlamentario de MC en la LX Legislatura y ex dirigente estatal del partido del águila naranja.

Se entiende que apoyen a su compañera de partido, pero solamente están provocando que las cosas se polaricen más en Apango, en donde un centenar de ciudadanos, dos regidores y el síndico procurador tienen tomado el Palacio Municipal y han exigido revocarle el cargo a la alcaldesa Felícitas Muñiz por cometer actos de corrupción, nepotismo e intento de homicidio.

Lamentable también que el auditor Alfonso Damián Peralta se preste en solapar las corruptelas de la alcaldesa, a pesar de que el 16 de octubre de 2015 reconoció en entrevista al periódico Pueblo que Felícitas Muñiz “tiene un proceso administrativo para que solvente recursos que tiene pendientes desde la administración que presidió del 2009 al 2012, o bien para que los resarza”.

Y no son pocos los recursos que no solventó la edilesa en su primera gestión. Son 22 millones de pesos que ejerció en diversas obras sociales, nada más. 

Por cierto, el imberbe titular de la AGE es hermano de Esthela Damián Peralta, dirigente de MC en la Ciudad de Mexico y ex presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, y sobrino de Pioquinto Damián Huato, dirigente municipal de MC en Chilpancingo y ex candidato en 2015 a la presidencia municipal por dicho instituto político.

¿Será que los familiares del auditor influyen sobre él para que Felícitas Muñiz no sea tocada ni con el pétalo de una auditoría?

Lo que sea, pero en Apango es necesario que las autoridades estatales y federales pongan mayor atención antes de que se dé un derramamiento de sangre. Lo digo porque en los últimos días se han suscitado hechos violentos. En San Juan Chamula, Chiapas, inició una jornada de protestas similar, y al último las consecuencias fueron fatales, el presidente municipal fue asesinado afuera del Palacio Municipal.

Y al Congreso local no le queda de otra: juicio político para revocarle el mandato a Felícitas Muñiz o seguirle dando impunidad para que atesore más presupuesto.

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