EPÍSTOLAS SURIANAS (Carta a Don Héctor) De Julio Ayala Carlos

EN EFECTO, LOS QUE TIENEN PARALIZADA la economía de Michoacán, con el bloqueo a las líneas férreas, son los votantes de Andrés Manuel López Obrador, y a quienes, en consecuencia, el Presidente de la República no quiere aplicarles la ley, aun y cuando la violentan. Sin embargo, como bien dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno federal no puede ni debe delegar sus facultades ni ignorar su responsabilidad.

Más, aún, puntualizó, el ejercicio de las atribuciones legales del Estado no puede depender o estar condicionada a un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos.

Lo anterior, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la CNDH, en el sentido de que le diga qué hacer ante el bloqueo que realizan maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que llevan a cabo en Michoacán, a pesar de que las autoridades ya resolvieron sus principales demandas.

Cabe decir que el bloqueo de los maestros de la CNTE a las vías férreas del estado han generado la pérdida de miles de millones de pesos, en detrimento de la economía de esa entidad.

En este sentido, la CNDH señaló que buscará un acercamiento con las autoridades federales para abordar el tema de los bloqueos de la CNTE, pero reiteró que sólo está “posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”, por lo que puntualizó que el ejercicio de atribuciones legales del Estado no puede depender o estar condicionada a un pronunciamiento o resolución de su parte.

Asimismo, el organismo nacional defensor de los derechos humanos instó al Gobierno federal y al de Michoacán a proteger y garantizar los derechos de las personas y evitar delegar sus funciones a terceras instancias, luego que la administración interpusiera una queja por los bloqueos que la CNTE mantiene en vías férreas de Michoacán.

“El ejercicio de atribuciones legales del Estado no puede depender o estar condicionada a un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos”, señaló la dependencia al mando de Luis Raúl González Pérez, quien reiteró que el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere que todos los actores sociales “cumplan y respeten la ley”, y que esto no puede quedar como “optativo, discrecional o negociable”.

López Obrador ha señalado que en el caso del bloqueo de la CNTE en Michoacán, que dicho sea de paso fue su aliada en la elección pasada que lo llevó a ganar la Presidencia de la República, no utilizará la fuerza pública, a pesar de que están violando la ley al afectar a terceros, para que no lo señalen de represor, por lo cual solicitó una recomendación de la CNDH para qué de diga qué debe hacer al respecto.

Y si bien reconoció que el Gobierno federal busca vías alternas al uso de la fuerza, la CNDH dijo que un eventual acto ilícito no deberá impedir a las autoridades a cumplir y aplicar la ley, aunque llamó a que las protestas sean pacíficas y por las vías institucionales y legales.

Hay que decirlo. Más allá de que los maestros de la CNTE hayan sido aliados de Andrés Manuel López Obrador, y que por eso no quiera tocarlos ni con el pétalo de una rosa, como se dice coloquialmente, como tampoco quiera aplicarles la ley a los corruptos y bandidos, algunos de los cuales también están en su gobierno, no solo lo convierte en cómplice, sino también en violador de la ley que hace menos de dos meses y medio juró respetar y cumplir.

Y es que ser presidente de la República, como lo es López Obrador, no solo tiene facultades como para entregar dinero, que si bien es loable, no pertenece al gobierno, sino que también tiene obligaciones, y una de ellas es aplicar la ley para guardar el orden y preservar la gobernabilidad. La ley es la ley, y debe ser pareja para todos, y no solo para los adversarios.

Hay que decirlo también. En tiempos del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien por cierto ahora reclama lo que no hizo en su momento como gobernante, hasta llegó a pagar los destrozos que causaron los maestros de la CETEG, filial de la CNTE, a edificios públicos, y lo mismo hizo cuando los normalistas saqueaban los oxxos, en vez de aplicarles la ley o en su caso correctivos. Las consecuencias ahí están: muertos y desaparecidos en Iguala, lo que finalmente le costó la gubernatura.

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