Mientras los Congresos de Puebla,
Chiapas, Yucatán, Veracruz, Coahuila y Oaxaca han avanzado en el endurecimiento
de penas contra aquellos que divulguen, compartan, distribuyan o publiquen
audios, imágenes de carácter erótico o sexual de una persona sin su
consentimiento, los legisladores guerrerenses andan distraídos en otros temas
de carácter político.
Desde que surgieron las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp,
Instagram, etc.), la difusión de contenido íntimo sin consentimiento de la
víctima, la violencia digital y el ciber acoso se dispararon en el país,
provocando con ello violencia física, verbal y psicológica contra todos
aquellos que son víctimas.
Ante esa situación,
asociaciones civiles y grupos feministas han exigido a los Congresos locales
legislar en la materia.
La iniciativa para la
tipificación de delitos de violación contra la intimidad sexualsurgió en 2014
en el estado de Puebla, a través de la activista Olimpia Coral Melo, quien dos años antes fue víctima de ciberacoso
y extorsión por la difusión de un video íntimo colgado en Internet.
Olimpia contaba apenas con
18 años y estudiaba la preparatoria en su natal Huauchinango, Puebla. Era una
estudiante aplicada y representaba a su estado en concursos internacionales de
debate y oratoria. Pero todo cambió para ella cuando accedió a grabar un video
íntimo con su pareja, sin imaginarse que meses después el archivo sería robado
y difundido desde su propio teléfono móvil.
La situación por la que
travesó Olimpia, fue muy terrible. El video se viralizó y la apodaron
“Gordibuena de Huauchinango”. Lo peor de
todo es que cuando fue a interponer su denuncia al Ministerio Público le
pidieron pruebas, pero nunca pudo denunciar a nadie porque en Puebla no había
delito que perseguir.
“Me dijeron que no podían
hacer nada porque no hay en México peritos digitales y la policía cibernética
es preventiva y no de acción, por lo tanto ellos no pudieron hacer nada”, dijo
en una entrevista que concedió al periódico El
Universal el 10 de diciembre de 2018.
Olimpia, al igual que
varias mujeres del país, fue víctima de violencia sexual cibernética en sus
modalidades de sextorsión, trata
virtual, comercio sexual cibernético y persecución. Y tras cinco años de lucha
logró que el Congreso de Puebla aprobara por unanimidad el dictamen con minuta
de Decreto para reformar el Código Penal del Estado, que tipifica los delitos
de violación contra la privacidad sexual y el ciber acoso, reforma con la que
se castiga el envío de fotos o videos sin el consentimiento de la víctima, con
el fin de causar daño o con la intención de tener alguna ganancia ilegítima.
Olimpia
se ganó el respeto de miles de mujeres del país, de organizaciones sociales y
centros de derechos humanos. Tan es así que la ley aprobada en Puebla se le
denomina “Ley Olimpia”, en su honor.
Qué bueno que los
Congresos de Chiapas, Yucatán, Veracruz, Coahuila y Oaxaca también se hayan
sumado en abrazar y aprobar la Ley Olimpia, con el único fin de proteger a las
víctimas de violencia sexual cibernética y castigar a los que divulguen y
distribuyan contenido íntimo sin consentimiento.
Ojalá el tema del
fertilizante termine pronto y los legisladores locales dediquen tiempo a la Ley Olimpia. Es más, la alcaldesa de
Acapulco, Adela Román Ocampo, se
pronunció a favor de dicha ley, para que de esa forma se deje de “comercializar como carne de un animal
irracional y no como de un ser humano” a las niñas, niños, adolescentes y a las
mujeres de Acapulco y de todo Guerrero.
La también ex magistrada
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adelantó que buscará platicar con los
alcaldes de todo el estado, así como los diputados (locales y federales) y
senadores de Morena para que influyan en esta ley, ya que la Ley Olimpia representa la protección a
la mujer en todas sus manifestaciones, sobre todo en el aspecto sexual.
Veremos si los
legisladores locales –de mayoría morenista– atienden el llamado de Román
Ocampo.
Lo cierto es que desde las
redes sociales circulan imágenes, audios y videos sexuales sin consentimiento,
los cuales son utilizados por gente perversa para denigrar la imagen de
mujeres, niñas, niñas y adolescentes. Incluso, desde la clandestinidad también
se filtran y difunden videos de contenido sexual para afectar a mujeres que
desempeñan cargos públicos o que participan en política.
Urge, pues, endurecer
penas contra la violencia sexual cibernética.
Comentarios:
E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com;
Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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