ZONA CERO Fin de “la verdad histórica” Roberto Santos

ROBERTO SANTOS SALVADOR

A pocos meses de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala por sicarios de Guerreros Unidos y policías preventivos del municipio, la Fiscalía General de la República pretende dar un giro al caso y detener a  46 personas del estado de Guerrero.

Los hechos, que sucedieron el 26 y 27 de septiembre del 2014, no ha tenido el rigor en las investigaciones y procedimientos legales, ya que muchos de los que fueron detenidos y acusados por participar directamente en los hechos y, otros como cómplices han sido liberados, para enojo y frustración de los padres de familia.

El esclarecimiento del caso es necesario para darles paz a los padres, amigos y a la sociedad de Guerrero, tan necesitada de saber lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa.

Claro que esto no se hubiera logrado, sin las constantes presiones de los padres de familia y organizaciones aliadas, lo que ha originado recomendaciones de instituciones defensoras de derechos humanos, que han pedido reposición de los procedimientos, porque han existido vicios e irregularidades.

Gertz Manero, titular de la FGR, en el anuncio de las órdenes de aprehensión de los funcionarios guerrerenses, señaló que esas irregularidades derivaron que un Tribunal Colegiado emitiera una sentencia de amparo a los policías, y otros detenidos, por inconsistencias como torturas, detenciones arbitrarias, vulnerabilidad de los derechos de los detenidos, así como ocultamiento de pruebas que permitiera saber del paradero de los estudiantes.

Pero este dictamen también señala que se deben sancionar a quienes cometieron demoras injustificadas, y dictámenes médicos cuestionados.

Y se entiende que las órdenes de aprehensión serán para esos funcionarios que cometieron irregularidades en los procedimientos y para otros que nunca fueron investigados, pero han sido mencionados como cómplices en la desaparición de los jóvenes estudiantes.

El Fiscal mencionó que serán varios servidores públicos de diversos municipios y que no hay impedimento legal para ser judicializados por “delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada”.

El funcionario federal anunció que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se encuentra prófugo y que ya lo busca la INTERPOL.

Su intención es la de continuar su investigación, y a finales de esta semana judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señaladas.”

Con esta acciones, Gertz Manero pretende eliminar “la verdad histórica” para empezar a escribir la suya.

Ojalá que estos anuncios no sean una cacería de brujas, o de aprehensiones sin ton ni son, con el único propósito de distraer al respetable, en un momento crítico de la pandemia por el Coronavirus y por la crisis económica que ya pegó en el bolsillo de los mexicanos.