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| ROBERTO SANTOS SALVADOR |
A pocos meses de que se
cumplan cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en la
ciudad de Iguala por sicarios de Guerreros Unidos y policías preventivos del
municipio, la Fiscalía General de la República pretende dar un giro al caso y detener
a 46 personas del estado de Guerrero.
Los hechos, que sucedieron
el 26 y 27 de septiembre del 2014, no ha tenido el rigor en las investigaciones
y procedimientos legales, ya que muchos de los que fueron detenidos y acusados
por participar directamente en los hechos y, otros como cómplices han sido
liberados, para enojo y frustración de los padres de familia.
El esclarecimiento del
caso es necesario para darles paz a los padres, amigos y a la sociedad de
Guerrero, tan necesitada de saber lo que pasó con los estudiantes de
Ayotzinapa.
Claro que esto no se
hubiera logrado, sin las constantes presiones de los padres de familia y
organizaciones aliadas, lo que ha originado recomendaciones de instituciones
defensoras de derechos humanos, que han pedido reposición de los
procedimientos, porque han existido vicios e irregularidades.
Gertz Manero, titular de
la FGR, en el anuncio de las órdenes de aprehensión de los funcionarios
guerrerenses, señaló que esas irregularidades derivaron que un Tribunal
Colegiado emitiera una sentencia de amparo a los policías, y otros detenidos,
por inconsistencias como torturas, detenciones arbitrarias, vulnerabilidad de
los derechos de los detenidos, así como ocultamiento de pruebas que permitiera
saber del paradero de los estudiantes.
Pero este dictamen también
señala que se deben sancionar a quienes cometieron demoras injustificadas, y
dictámenes médicos cuestionados.
Y se entiende que las
órdenes de aprehensión serán para esos funcionarios que cometieron
irregularidades en los procedimientos y para otros que nunca fueron
investigados, pero han sido mencionados como cómplices en la desaparición de
los jóvenes estudiantes.
El Fiscal mencionó que
serán varios servidores públicos de diversos municipios y que no hay
impedimento legal para ser judicializados por “delitos de desaparición forzada
y delincuencia organizada”.
El funcionario federal
anunció que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás
Zerón de Lucio, se encuentra prófugo y que ya lo busca la INTERPOL.
Su intención es la de
continuar su investigación, y a finales de esta semana judicializar a otros
funcionarios de diversos niveles, así como dar mayor información sobre los
restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señaladas.”
Con esta acciones, Gertz
Manero pretende eliminar “la verdad histórica” para empezar a escribir la suya.
Ojalá que estos anuncios
no sean una cacería de brujas, o de aprehensiones sin ton ni son, con el único
propósito de distraer al respetable, en un momento crítico de la pandemia por
el Coronavirus y por la crisis económica que ya pegó en el bolsillo de los
mexicanos.
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