En México la militarización avanza de manera imparable a ritmo de una férrea marcha marcial, asi lo dejan ver los datos arrojados en el informe 2021 de la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch, en el apartado dedicado a México se hace mención que el Presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.
Hay pues una verdadera preocupación en la
manera en que el mandatario, ha intensificado el uso de las fuerzas militares
para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus
actividades y reemplazando a autoridades civiles, tal es el caso de la
dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana, que entró en funciones en lugar del
extinto CISEN en la labor de inteligencia estratégica, táctica y operativa, a
cuyo mando se designó al general de división (retirado) Audomaro Martínez
Zapata como director del organismo algo que ha sido visto como un claro
retroceso de los esfuerzos por desmilitarizar la función de inteligencia para
la seguridad nacional.
Otro caso que preocupa es el de la Guardia
Nacional, una fuerza de carácter militar, creada en 2019 para reemplazar a la
Policía Federal como principal organismo de orden público del gobierno. La
Guardia Nacional, señala HRW es dirigida por militares, recibe entrenamiento de
militares y está integrada mayormente por soldados, algo que queda evidenciado
con el nombramiento del general de división (retirado) Luis Rodríguez Bucio al
frente de esta fuerza de seguridad, para cumplir con el “requisito” de que sea
un civil quien ejerza el mando.
De esta situación se desprenden
circunstancias como las expuestas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que
en noviembre del 2019 expresó su preocupación ante señalamientos de ejecuciones
extrajudiciales por parte de militares y policías así como la impunidad en
estos casos, tristemente la Secretaría de Defensa ha señalado que dejó de
registrar la cantidad de civiles muertos a manos de militares en 2014, diversas
organizaciones de la sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones
emitidas por el secretario indican que esa información sí existe.
De esta triste situación destacan los hechos
ocurridos en julio de 2020 en el estado de Tamaulipas, en donde 12 civiles
murieron en un enfrentamiento armado con soldados. En un video que se filtró a
la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil y
para septiembre del mismo año, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos
estaban siendo investigados solamente por la policía militar, y no por agentes
del Ministerio Público de la justicia penal ordinaria.
Hay que tener mucho cuidado con la férrea
imposición de instituciones militares en la dinámica de seguridad pública, pues
puede tratarse de la semilla de un gobierno sostenido por un régimen duro y un
pueblo habituado durante largo tiempo a un régimen duro pierde gradualmente la
noción misma de libertad.
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