El culpable de
Tlahuelilpan ni se llama impunidad ni se llama ejército. Nos equivocamos en
creer que si hubiera “leyes más duras” la tragedia se hubiera detenido. El
culpable es mucho más profundo que el sistema de justicia. El culpable se llama
sistema político y falta de oportunidad. O más bien, se gesta en cómo estos dos
se alimentan uno al otro
México ha tolerado un
sistema político tóxico que promueve la impunidad, siempre y cuando ésta ayude
a las autoridades a ganar elecciones. Por eso tuvimos Tlahuelilpan. Autoridades
en búsqueda de ganar elecciones deciden tolerar actos ilícitos cometidos por
líderes locales, siempre y cuando estos estén dispuestos a apoyarlos
electoralmente o, al menos, a no boicotearlos.
El verdadero culpable de
Tlahuelilpan no es la impunidad, es la rentabilidad electoral que se ha vuelto
norma. Existen, en Tlahuelilpan, como en muchos municipios pobres de nuestro
país, llamados “líderes locales” que se hacen millonarios creando presión
social. Crean grupos de choque que extorsionan a las autoridades bajo la
amenaza de realizar marchas multitudinarias si no reciben dinero. Así, los
líderes se vuelven multimillonarios y sus seguidores se benefician.
Éste es un problema que
lleva décadas y que impide, también, la presencia del Estado en regiones que
estos líderes controlan. Algunos de estos líderes están coludidos con grupos
criminales que realizan, entre otras actividades ilegales, huachicoleo. Son
ellos los que mantienen el control e, incluso, se prestan para vigilar y proteger
la realización de actividades ilegales.
Hasta ahí todo parece
indicar que el problema son los líderes sociales, pero no es así. Ni cerca. No
se equivoquen.
Atribuir el problema a los
“líderes” locales es una interpretación superficial y equivocada, pues no
distingue causas de efectos.
Estos “líderes” sociales
no son la causa del huachicoleo. Estos líderes son el efecto del verdadero
causante del huachicoleo. El problema detrás de la existencia de esta tóxica
organización social es la falta de oportunidad. Una falta de oportunidad
económica que se ha generado por implementar, por años, políticas económicas
equivocadas que han creado un México donde la movilidad social no existe.
La razón por la que los
líderes sociales pueden exigir impunidad a cambio de paz política es porque sus
seguidores les son leales. La lealtad proviene de la desesperanza de que el
mercado laboral formal les dará más que su afiliación al líder. Es decir, la
razón por la que los líderes sociales logran representar a una masa crítica de
personas es porque, para muchos de sus seguidores, no hay alternativa más
rentable económicamente que recibir dádivas para favores políticos. El mercado
laboral y la pobreza están detrás de que sea tan fácil y tan barato comprar
gente por fines políticos.
Es decir, los líderes
sociales surgen y se empoderan por la miseria de un sistema económico que
beneficia a pocos con mucho, a muchos con poco, y que jode la vida política
completa.
Este sistema político, al
que el PRI nos acostumbró, el PAN mantuvo, y Morena no desmantela, es el
sistema mexicano de la política de la miseria que explica la tragedia de
Tlahuelilpan.
Nuestro país es el paraíso
de los intermediarios políticos, los que “consiguen los votos”, los que
“negocian con las fuerzas políticas locales”, y a los que, a cambio de la paz,
se les permite que comunidades enteras se dediquen al huachicoleo.
Ante esta realidad, es
importante comenzar a encontrar soluciones que ataquen el problema de fondo.
El conflicto se resolverá
cuando podamos crear oportunidades económicas para todos, a partir de políticas
de redistribución que no estén ligadas a favores políticos. Se debe romper con
los intermediarios políticos que se han enriquecido con la miseria. Los
programas sociales son prioritarios, pero estos se deben distribuir sin crear
clientelas políticas.
La tragedia de
Tlahuelilpan ha dejado en evidencia la lógica bajo la cual opera el huachicoleo
en baja escala, y reafirma, como ha dicho Patricia Mercado, la evidencia de
que, si no se busca mejorar las condiciones sociales y aprobar más penas
judiciales para el robo de hidrocarburos, sólo serviría para criminalizar la
pobreza y la indefensión ante un sistema de justicia que premia el privilegio.
El agandalle político no
puede seguir siendo la norma de nuestro país. En Tlahuelilpan todos son
víctimas.
Doctora en Gobierno por la
Universidad de Harvard
Twitter: @Viri_Rios
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.