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| CARLOS REYES ROMERO |
Así
han calificado diversas personalidades de la vida pública las declaraciones del
procurador Jesús Murillo Karam sobre los avances en la investigación del
paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
Vergüenza
e indignación por la cachaza y la indolencia mostrada tanto por el procurador
como por el presidente Peña Nieto al dar por cierto que los jóvenes están
muertos.
Dolor de
los padres de los estudiantes y de toda la sociedad mexicana por la tragedia
que implica que en México sucedan estos hechos con la plena complicidad y
encubrimiento de quienes pudieron haberlos evitado si hubieran actuado a tiempo
para detener y llevar ante la ley al ex alcalde de Iguala por el asesinato de
Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez; de haberse
hecho así no hubieran sucedido en Iguala los crímenes de lesa humanidad que
todos lamentamos.
Con la
entereza y enjundia de quienes están convencidos de que promueven una causa
justa, los padres de los normalistas desaparecidos condicionaron la aceptación de
que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, a que los peritos argentinos
en antropología forense confirmen de manera fehaciente y concluyente que
efectivamente se trata de ellos.
Asimismo,
demandaron que el gobierno mexicano firme cuanto antes el convenio con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que especialistas de
este organismo participen y asesoren en la búsqueda de los desaparecidos y también
que se brinden todas las facilidades a los representantes legales de los padres
de los desaparecidos para que puedan participar y tener acceso sin límites a
toda la averiguación que realizan las autoridades ministeriales y
gubernamentales.
Exigieron
también al presidente Peña Nieto que cumpla los compromisos suscritos el 29 de
octubre pasado, particularmente el de redoblar e intensificar la búsqueda de
los jóvenes.
Los
padres y buena parte de la sociedad mantienen la esperanza de que los
normalistas todavía estén con vida.
El
propio Murillo Karam mañosamente evadió dar como concluyentes los avances de la
investigación que presento y adelanto que el gobierno mexicano someterá el
análisis de los cuerpos calcinados a especialistas de la Universidad de
Innsbruck en Austria.
Antes
de partir a su gira por China y Australia, Peña Nieto reconoció por primera vez
la debilidad institucional del gobierno de Aguirre Rivero y la complicidad con
el crimen organizado del gobierno municipal de José Luis Abarca Velázquez,
ahora detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, y prometió que no
se cejará hasta que se haga justicia.
No hay
muchas razones para confiar en la palabra del Presidente, dado el
involucramiento que tanto él como el secretario de Gobernación Miguel Osorio
Chong y el procurador General Jesús Murillo Karam, tienen en la protección y
encubrimiento del ahora ex alcalde de Iguala, además de haber obstruido la
justicia al no haberlo separado a tiempo del cargo y procesarlo.
Los
tres sabían de la participación de José Luis Abarca Velázquez en los asesinatos
arriba mencionados, como lo sabían el gobernador Aguirre Rivero, el secretario
de Gobierno Jesús Martínez Garnelo ˗en su
caso desde que era presidente del Tribunal Superior de Justicia˗, el fiscal general de Guerrero Iñaki Blanco
Cabrera y el secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez.
Todos
ellos tienen responsabilidad oficial que debe ser investigada a fondo para
fincarles los delitos a que haya lugar y sujetarlos a proceso. La impunidad no
debe prevalecer.
El
Congreso de la Unión está obligado a ir más allá de la integración de la
Comisión de la Verdad y la Justicia, propuesta en el senado de la República;
debe de inmediato retirarle la inmunidad constitucional cuando menos al
secretario de Gobernación y al procurador General de Justicia, para que
respondan de sus actos.
Tan es
así, que ya The Economist adelanta la necesaria remoción de Osorio Chong y
hasta nomina a un posible sucesor.
Lo
propio debe hacer el Congreso del Estado de Guerrero, en cuanto a la inmunidad
constitucional de que todavía gozan tanto el ex alcalde de Iguala como el ex
gobernador Aguirre Rivero. La separación del cargo no quita automáticamente la
protección del fuero, que en el caso de Guerrero, de acuerdo con la nueva
Constitución, se prolonga hasta dos años después de dejar el cargo.
Deben
deslindarse también las responsabilidades en que pudieron haber incurrido tanto
el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo como el ex secretario
de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez, quien recién renunció al cargo.
Lo
malo es que el entramado jurídico del país no permite fincarle
responsabilidades a ningún servidor público de los que constitucionalmente
pueden ser sujetos a juicio político o a juicio de procedencia, porque la
constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos están
deliberadamente diseñadas para favorecer la impunidad y eludir la justicia.
¿Qué
alternativa le están dejando al pueblo?
Noviembre
7 de 2014
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