Además de ser el más
dormilón de la LXII Legislatura local y pésimo operador político, es un
personaje sin calidad moral para exigir transparencia en el manejo de recursos
públicos, ya que durante los 13 meses que fungió como presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) manejó las finanzas del Congreso local como
cuando vendía ropa en el mercado municipal “Gral. Adrián Castrejón” de Iguala:
sin rendirle cuentas a nadie.
En efecto, me refiero a Antonio Helguera Jiménez, quien desde
el 1 de septiembre de 2018 cobra requetebién como diputado local, cargo que
obtuvo como consecuencia del efecto AMLO
en las pasadas elecciones.
Resulta que luego de ser defenestrado
vergonzosamente como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como
presidente de la Jucopo, pretende erigirse como un paladín de la transparencia
y rendición de cuentas, a tal grado de exigir cuentas claras a las autoridades estatales
y municipales sobre la adquisición de equipos médicos durante la contingencia
sanitaria generada por el Covid-19.
Nadie
está en contra de que los legisladores cumplan con su papel de exigir cuentas
claras en el manejo de los recursos a los representantes de los poderes
públicos, a los presidentes municipales y a los titulares de órganos autónomos.
Lo cuestionable del asunto
es que lo pida un legislador sin
autoridad moral, sobre todo, alguien que fue severamente cuestionado por
manejar los recursos del Congreso local con total opacidad y que incurrió en
subejercicio durante el 2019.
Que conste, las denuncias
la hicieron la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena, como es el
caso de Moisés Reyes Sandoval, quien
a principios de enero de este año le exigió dejar la coordinación de la
fracción o, de lo contrario, presentarían las denuncias correspondientes ante
los órganos internos de Morena por las irregularidades financieras en las que
incurrió como presidente de la Jucopo.
Ante eso, Helguera
respondió que solicitaría a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión
al manejo de las finanzas, no sólo durante su periodo, sino desde el inicio de
la LXII legislatura, que inicialmente le tocó encabezar Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, su otrora amigo y jefe
político.
Por su parte, la diputada Mariana García Guillén, recomendó a
Helguera responder ante las autoridades y no en los medios de comunicación
sobre la denuncia penal que tiene por presuntas anomalías y abuso de funciones.
Y fue más allá: “No vamos a solapar irregularidades financieras”.
“Yo le voy a pedir públicamente al ex
coordinador de la Jucopo, como lo he hecho desde lo privado, desde lo
colectivo, que ya es momento de entregar y ahí tendrá que rendirnos cuentas
tanto a quienes lo pusimos que fuimos 22 diputados, como al resto de los 46
legisladores, como cualquier funcionario responsable que maneje recursos, y eso
no se hace en los medios de comunicación, sino en la entrega de su
administración al nuevo coordinador, y ahí tendremos que saber en dónde está
ese recurso que dice que se ahorró”. (Diario
21, 16-I-2020).
García Guillén se
comprometió que buscarán que la denuncia que interpusieron (ocho diputados) de
manera formal el pasado 9 de enero ante la Fiscalía General del Estado (FGE),
se le otorgue el cauce legal que procede, porque una irregularidad financiera
en que presuntamente se incurrió “no puede solaparse ni mucho menos dejarse
como si no pasara nada”.
El problema es que J. Jesús Villanueva Vega, actual
coordinador de la bancada morenista y presidente de la Jucopo, no le importa
hablar más del tema, ya que no es su prioridad combatir la corrupción ni
transparentar los recursos en el Congreso.
Al
parecer ya llegó a un gran acuerdo con Helguera para llevarla bien de aquí a que concluya la LXII Legislatura y no
seguir desprestigiando aún más la imagen de Morena y de Pablo Amílcar Sandoval,
quien desde la “súper” Delegación del gobierno federal mueve los hilos del
Congreso local, tanto que algunos miembros de su servidumbre siguen en puestos
clave (verbigracia Netzahualcóyotl
Bustamante Santín y Vianey Guadalupe Valderrábano Sagrero).
Al asumir la presidencia
de la Jucopo, Villanueva Vega se comprometió a informar a la opinión pública
los resultados de la auditoría practicada a su predecesor y revelar los
resultados de la entrega-recepción. Lamentablemente, es la hora en que no
informa nada de nada.
Salió
igual o peor que el legislador dormilón.
A Helguera se le ve muy
confiado recorriendo algunos municipios y exigiendo a los alcaldes –incluidos,
los de su partido– y al gobierno estatal transparentar los recursos que manejan.
Dice
un refrán de la sabiduría popular que “para tener la lengua larga, se debe
tener –primero– la cola corta”, pero eso no le importa a Helguera, ya que es un
soberano cínico.
Ojalá los igualtecos no lo
hagan su alcalde en 2021, ya que las finanzas municipales estarían en grave
riesgo.
ENTRE
OTRAS COSAS… La ASE informó que tres ex directivos de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) fueron
inhabilitados y obligados a reintegrar 146 millones de pesos que derivaron de
una revisión efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, y que
están pendientes los resultados de las auditorías de los ejercicios fiscales
2017 y 2018 que presentó ese organismo.
Los tres ex funcionarios
son: Javier Chona Gutiérrez, ex
director general; Guillermo Adolfo
Galeana Salas, ex director de Finanzas y Administración, y Juan Antonio Ramírez Valle, ex director
de Operación, quienes tienen 5 días hábiles para reintegrar los 146 millones de
pesos a las cuentas bancarias de la CAPAMA.
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