¿Por qué la terca
insistencia presidencial en desaparecer a las estancias infantiles mediante la
asfixia financiera? ¿Qué contrarió al presidente López Obrador al grado de
haber tomado una decisión que afecta a más de 300 mil infantes, a madres
trabajadores, muchas de ellas solteras, además de desmantelar a un programa al
que se ha estigmatizado con la corrupción?
Sí, esa es la actitud que
ha mostrado públicamente el Presidente, lo mismo en declaraciones en la
conferencia mañanera que con ese desdén y molestia con que trató en
Badiraguato, Sinaloa, a una mujer que le demandaba atenderla y tratar el tema,
porque además iba con otras responsables de estancias infantiles de aquella
entidad.
“Ya, ya, ya dije… ya hablé
hijita”, respondía molesto Andrés Manuel López Obrador mientras se dejaba
arropar por ciudadanos que le pedían la selfie. Y se retrataba con una dama
postrada en silla de ruedas, en tanto la mujer que no sale a cuadro en ese
video que circula en redes sociales, le insistía:
“Somos de estancias infantiles,
queremos que nos escuche”. Pero él la evitaba con ese “ya, ya, ya”, que puede
tener la connotación despectiva. Y la señora replicaba a Andrés Manuel:
“Queremos respuestas, eso no nos responde nada. Señor, por favor, escúchenos,
somos mujeres, eso es violencia de género; escúchenos, por favor”.
El desdén fue la respuesta
a esa señora dueña de una estancia y, por ello, pedía pruebas de la corrupción
que, desde el Presidente y legisladores de Morena y funcionarios de Morena en
la Secretaría de Bienestar han aludido sin que, hasta el momento, se haya
fincado una responsabilidad de carácter penal, como requeriría un delito de
corrupción que involucre a recursos públicos.
Un ejemplo de esa laxitud
con la que simpatizantes y beneficiarios del factor Andrés Manuel López Obrador
acusan sin presentar pruebas, es el de Rosalba Valencia Cruz, diputada federal
veracruzana por el partido Morena, que la semana pasada ofreció conferencia de
prensa en la que acusó severas irregularidades y actos de corrupción en las
estancias infantiles, más de 30 mil que hay en Veracruz.
Cuando un colega le pidió
pruebas, Valencia Cruz pretendió esquivar el requerimiento pero salió avante
cuando acusó a la diputada federal priista Anilú Ingram Vallines, de haber
incurrido en actos de corrupción con el programa de estancias infantiles cuando
fue delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz durante el
periodo 2016-2018.
Por supuesto, la diputada
Ingram Vallines respondió y fue directamente a la sala de prensa en el Palacio
Legislativo de San Lázaro para responder al dicho, grave sin duda, de su
paisana. La joven legisladora priista rechazó las acusaciones, que incluso
involucran a una prima hermana suya, y emplazó a Valencia Cruz a demostrar
fehacientemente sus dichos. Quien acusa está obligado a comprobar, puntualizó
Anilú.
El hecho es que, hasta hoy
la diputada de Morena no ha demostrado nada, ni ha convocado, con la misma
prisa que lo hizo la semana pasada en la cresta del escándalo atizado por el
presidente López Obrador, a conferencia de prensa para sustentar
documentalmente sus acusaciones.
¿Por qué López Obrador
evitó llamar por su nombre al Partido del Trabajo como el involucrado en
presunto lavado de dinero, más de cien millones de pesos, con los Centros de Desarrollo
Infantil (Cendis), caso por el cual se giró orden de aprehensión en contra de
Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, dirigente nacional petista?
Mire usted, ayer el
auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, recordó
que, precisamente, en 2017 se detectaron inconsistencias en los programas de
estancias infantiles, pero refirió que en éstas incorporadas a la Sedesol
(ahora Secretaría de Bienestar) se carece de indicadores y metas para el
desarrollo integral de los niños, amén de información suficiente para poder
afirmar que cumplieron los objetivos previstos.
Pero no habló de desvíos,
de actos de corrupción con los dineros públicos. Dijo que la Sedesol gastó, en
promedio anual por niño atendido en las nueve mil 399 estancias infantiles
inscritas en el programa de esa institución, 11 mil 500 pesos, es decir 958
pesos mensuales.
Y puntualizó que la
Sedesol no acreditó ante la ASF que las estancias cumplieran con los criterios
y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación ni con la
calidad establecida para ser afiliadas y capacitación de los responsables de
las guarderías en materias como protección civil. Pero nada de desvío de
recursos como sí se documentó en el caso de la desviación a cuentas personales,
de cien millones de pesos destinados a los Cendis bajo control del PT.
Sin embargo, la decisión
presidencial camina rumbo a concretar la desaparición de las estancias
infantiles, porque al entregar mil 600
pesos bimestrales, por niño, a los padres o madres de familia para que éstos
decidan si llevan a sus hijos a una estancia, no es garantía de sobrevivencia
de estos sitios.
Ha trascendido en fuentes
de Palacio Nacional que esta decisión sin fundamento legal ni prueba alguna que
documente actos de corrupción, obedece a la molestia que causó a Andrés Manuel
López Obrador enterarse que la senadora Josefina Vázquez Mota acusó que desde
la Presidencia se estaba politizando el caso de las estancias.
Por eso la reacción
iracunda del Presidente, por eso la negación a atender a la señora que, en
Badiraguato, le demandaba atención, ésta que en tiempos de campaña y en esa
actitud populachera le habría brindado con la, por supuesto, acusación de que
era responsabilidad de los neoliberales. ¿Por qué se enoja, Presidente? ¿Y las
pruebas y los detenidos y consignados? ¿Amor y paz? Digo.
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@msanchezlimon
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