La dupla formada por Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo
Montaño está en el top ten de la popularidad en el cobro de facturas políticas,
dígase lo que se diga, amén de haber emprendido una importante cacería de ex
funcionarios corruptos que hasta hace poco tiempo integraban a esa casta de
impunes, cubiertos por el manto de las complicidades tejidas en las grandes
ligas del poder público.
Y, bueno, aunque el inquilino de Palacio ha dicho que en su
administración no hay cacería de brujas prácticamente dio el banderazo de
salida a esta interesante persecución de funcionarios en activo, nombrados en
altos cargos como ocurrió en Petróleos Mexicanos con Miguel Ángel Lozada
Aguilar, quien por aquellas cosas del destino había sido nombrado director de
Pemex Exploración y Producción, pese a que se le vinculó con la famosa “estafa
maestra”.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,
anunció la semana pasada que después de una investigación y por instrucciones
del licenciado López Obrador, se destituyó e inhabilitó por 10 años a Lozada
Aguilar. Hubo otros dos altos funcionarios de la empresa petrolera que
corrieron similar suerte. ¿No se habían percatado el tipo de personajes que
habían contratado, o recontratado? Pueril mecánica de enmendar el yerro.
¿Usted cree que a estos personajes acusados de corruptos les
interese trabajar en el sector público, o estén interesados en emplearse en el
gobierno? Este es el juego que se practica en esos niveles en los que la
aplicación de la ley es una broma de mal gusto.
Y lo es más que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo Montaño, haya llegado a la sorprendente conclusión de que Genaro
García Luna como secretario de Seguridad Pública y en otras instancias como el
Cisen, no actuó en solitario, por lo que irá en contra de la red de cómplices y
colaboradores que brindaron protección al Cártel de Sinaloa.
¿Recuerda usted el escándalo binacional provocado por el general
de división José de Jesús Gutiérrez Rebollo? Nombrado zar antidrogas en la
administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, el divisionario pudo transitar
por esos altos niveles de los gobiernos de México y Estados Unidos en los que
las filtraciones suelen pagarse con la vida o la prisión en penales de alta
seguridad.
Al general Gutiérrez Rebollo lo sentenciaron a 40 años por su
responsabilidad en delitos federales como la protección a El Señor de los
Cielos, Amado Carrillo Fuentes, presuntamente fallecido cuando se le practicaba
una cirugía plástica. Ese fue un cuento bien armado del que nadie quiso ni se
atrevió a escarbar por el riesgo de encontrar sorpresas poco agradables para
las altas esferas en la relación México-Estados Unidos.
El 19 de diciembre de 2013, el general Gutiérrez Rebollo falleció
en el Hospital Militar Central de la Ciudad de México; padecía cáncer cerebral
y se llevó a la tumba mucha información, mucha y muy delicada. Su sucesor,
Mariano Herrán Salvatti, fue responsable de la captura del entonces gobernador
de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, a quien luego defendió. Cosas de la
vida.
Pero Herrán Salvatti también pisó la prisión, después de haber
sido procurador de Justicia y secretario de Economía en el gobierno de Chiapas,
en las administraciones del priista convertido al perredismo Pablo Salazar Mendiguchía
y Juan Sabines Guerrero. Mariano falleció en junio de 2017 y también guardó
silencio de lo que supo y atendió a su paso como zar antidrogas, un alto nivel
de policía con relaciones internacionales.
Hoy, sin duda después de un sesudo análisis, Alfonso Durazo llegó
a la conclusión de que García Luna tiene hartos cómplices e incluso varios de
ellos que estaban en la debutante administración de la 4T han renunciado. ¡¿Y
cómo no?! Les dieron el pitazo, incluso el licenciado inquilino de Palacio giró
la instrucción de que no quedara ninguno de esos personajes integrantes del
equipazo corrupto de García Luna.
Pero, ¿se imagina usted que ocurrirá si el ingeniero habla?
¿Cuántas cabezas de importantes mexicanos y estadunidenses podrían caer? Y digo
podrían porque este es un asunto delicado, de un poder fáctico que no se anda
por las ramas y con el culiacanazo y la impunidad con la que opera en el Bajío
y otras regiones de importancia económica ha demostrado sus alcances y que
aquello de acusarlos con su abuela o los guácala y fuchi son baladronadas de
opereta que le provoca carcajadas.
¿Y qué hay del otro lado del terrorismo fiscal que ha desatado el
director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
Santiago Nieto Castillo como presión para “convencer” a propios y extraños de
no oponerse al tránsito de la 4T?
Usted recordará que el pasado 6 de noviembre, cuando se discutía,
en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, previo a la discusión de
la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, la diputada federal por el estado
de Hidalgo, Lidia García Anaya, propuso una reserva para evitar que la UIF pudiera
aplicar la Ley de Extinción de Dominio, que se sumaría a esa libertad de
congelar y bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes, pero igual de
opositores al actual gobierno.
Y luego hubo una férrea oposición de campesinos que secuestraron
al Palacio Legislativo de San Lázaro, que metieron en aprietos a la mayoría de
Morena tanto en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, por aquello de los severos recortes del gasto público.
Bueno, pues aquel diputado morenista del estado de Chihuahua y
dirigente de El Barzón, Eraclio Rodríguez Gómez, que encabezó a esos campesinos
y productores agropecuarios, advirtió que votaría en contra de Ley de Ingresos
y el Presupuesto. Pero, finalmente lo disciplinaron y votó a favor.
¿Por qué? Porque igual que una docena de diputados federales de Morena
se enteraron de que sus cuentas bancarias había sido bloqueadas o congeladas,
sin explicación alguna. Pero el mensaje no requería de explicaciones, porque
éstos legisladores forman parte de esa corriente interna de Morena en la Cámara
de Diputados que se le rebeló a Mario Delgado pero especialmente al inquilino
de Palacio. Fue en un encuentro privado al que no fue invitada la prensa.
Bueno, bueno, si alguien dudaba de cómo procede Santiago Nieto
contra los rebeldes de casa, igual que en el cobro de facturas, lea usted la
declaración de la diputada Lidia García Anaya:
“Tengo conocimiento que aquí en la Cámara de Diputados hay varios
de mis compañeros diputados que tienen sus cuentas bloqueadas. No estoy
autorizada para dar sus nombres; sin embargo, sí los hay, y hasta este momento
desconocen, y no se les han desbloqueado, desconocen el motivo de este bloqueo
de cuentas.
“Es una situación que si bien es una facultad de la Unidad de
Inteligencia Financiera, el investigar los recursos de procedencia ilícita, no
todos ellos son de procedencia ilícita, muchas veces es la compra de bienes
inmuebles y, bueno, o depósitos que se llegan a tener o transferencias que se
llegan a dar.
“Y, bueno, yo estoy de acuerdo con esa facultad que tiene de
investigar, ésa es facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que
no estoy de acuerdo es con que se le dé la facultad de aplicar la Ley de
Extinción de Dominio, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República,
artículo 22 constitucional que unas semanas atrás aquí aprobamos y que es una
función exclusiva del Ministerio Público y que debe llevar un procedimiento
civil y la UIF solamente lo haría con una resolución administrativa aplicar la
Ley de Extinción de Dominio.
“Efectivamente, sí, claro, la facultad la tiene de congelar
cuentas, está bien, que investiguen pero no aplicar la Ley de Extinción de
Dominio”. ¡Vaya con los justicieros! ¿Y si habla Genaro? Digo.
@msanchezlimon
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